SANTA CRUZ, Bolivia.— En términos constitucionales, basados en la Carta Magna vigente, el referéndum del domingo pasado es anticonstitucional. Aun cuando el propio presidente Evo Morales lo legitimó de algún modo, al cuestionar el resultado —contabilizando los votos nulos y la abstención— para tratar de explicar que los autonomistas no eran mayoría.

Ahora, todo pasa por saber cómo se aplicará y qué es facultad del Estado nacional y qué de departamental. Un terreno en el que hasta los constitucionalistas más respetados admiten un mar de dudas.

En asuntos conflictivos como el de la tenencia de tierras —que para el gobierno fue uno de los puntos centrales que movilizó la autonomía— “no se adoptarán medidas de inmediato”, según los asesores del prefecto Rubén Costas. Al menos hasta que no se elija la Asamblea Departamental, lo que se planea hacer dentro de los próximos 90 días.

Por lo pronto, será el Consejo Departamental el que cubra las tareas legislativas. El primer punto de conflicto se dará cuando Costas, en los próximos días, pretenda designar a las autoridades locales de Salud y Educación, ya que el Estatuto habla de controlar esas áreas desde el departamento. Desde La Paz, el gobierno descartó que vaya a permitirlo.

Es la asamblea la que deberá, según la carta aprobada el domingo, definir la base tributaria del departamento y los nuevos impuestos. Pero en este caso, como en otros, choca con la actual legislación en la cual es el Congreso nacional el único facultado para definir y sancionar nuevos gravámenes.

En lo que respecta a las finanzas del departamento, la recaudación de impuestos y coparticipación fiscal aparecen como los temas de fondo entre el gobierno y Santa Cruz. De hecho, 70% de los salarios del personal de la administración pública en el departamento se pagan en la actualidad con recursos nacionales. Por eso, el gobierno de Costas y los líderes cívicos se han mostrado cautos en la materia. “Hasta que no se transfieran al departamento seguirá en manos del gobierno”, admite el dirigente del Comité Cívico, Roberto Gutiérrez. En días pasados las autoridades de Santa Cruz se desconectaron del sistema integrado de finanzas, como una forma de medir hasta dónde estaba dispuesto a llegar el gobierno.

Desde el Ministerio de Hacienda se aclaró que de repetirse cortará el suministro de dinero, una medida políticamente letal para Costas y los líderes cívicos.

La Asamblea Legislativa departamental, una vez elegida, definirá tributos, ente ellos uno para apoyar al sector agropecuario pequeño, anunció el diputado Pablo Klinski. Pero el senador y jefe de bancada del MAS, Félix Rojas, recordó que este asunto es una atribución exclusiva del Congreso.

“Todo esto es materia de negociación con el gobierno. Un diálogo sin límites para que acepten la autonomía y todo lo que ello conlleva”, explicó a EL UNIVERSAL Pablo Klinski, presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz.

Una eventual negociación se perfila sinuosa. Tanto que las escuchadas promesas de que “con la autonomía mejoraremos nuestros ingresos y la calidad de vida” no se verán cumplidas con la sola aprobación del estatuto.

Eso aún parece tan lejos como los acuerdos necesarios para la convivencia nacional a la que deben arribar el departamento de Santa Cruz y el gobierno de Evo Morales para salir de ese “empate permanente” que es “catastrófico”, según el vicepresidente Álvaro García Linera.