En medio del enfrentamiento con los medios, el oficialismo intenta reavivar el debate de una nueva ley de radiodifusión, lo que no es visto con buenos ojos por los titulares de los multimedios o aquellos medios con origen en el extranjero. Si bien es cierto que la actual legislación data de la última dictadura militar, “en todos estos años nadie se atrevió a discutirla”, aseguran los defensores de una nueva legislación, como el diputado Miguel Bonasso.

Pero en el actual punto de debate, lo que llevó a los medios y a los organizaciones periodísticas locales y extranjeras —como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas y la SIP— fue el impulso oficial a un Observatorio de Medios, desde la Universidad de Buenos Aires (UBA). Fue Federico Schuster, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, quien presentó un informe de cómo en la reciente crisis por la huelga del campo los medios electrónicos “realizaron coberturas discriminatorias”.

Una posterior reunión de las autoridades universitarias con la presidenta Kirchner, algunas declaraciones subidas de tono de D´Elia y un artículo en el periódico español El País, con intereses en Argentina, terminó por desatar la polémica.

“No es un Observatorio de Medios. Es un Observatorio de la Discriminación en los Medios. Viene funcionando desde hace un año y medio, con excelentes resultados... Pero a los medios lo único que les interesa es la libertad de empresa y no la libertad de información”, disparó Gabriel Mariotto, interventor en el Consejo Federal de Radiodifusión, quien negó que ese observatorio “vaya a tener poder sancionatorio”.

Si algo diferencia a Mariotto de sus antecesores en un cargo vital para la relación gobierno medios, es que el actual interventor lleva años militando por la necesidad de “una nueva ley de Radiodifusión”, algo a lo que la mayoría de las empresas mediáticas se opuso desde 1983, año de la recuperación democrática.

Para ADEPA es a todas luces “una medida discriminatoria” que tiende a amordazar a los medios. Mariotto lo niega, al igual que otros funcionarios del gobierno.

En tanto, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) cuestionó la medida y le recomendó al gobierno de Kirchner que si lo que en realidad busca es instalar la pluralidad en los medios, debería reinsertar en el Congreso una ley de acceso a la información pública, que incentivaría una mayor libertad de expresión en el país. En las últimas horas lo que más enervó a los medios fueron las pancartas firmadas por la JP (Juventud Peronista, La Cámpora) que lidera Máximo Kirchner, hijo de la pareja presidencial, en los actos señalando a Clarín de mentir y rebautizar uno de sus medios, Todo Noticias, como “Todo Negativo”.