LIMA, (DPA/Reuters).— La primera sesión del juicio contra el ex presidente peruano Alberto Fujimori por 25 asesinatos y dos secuestros empezó ayer en medio de gran tensión y terminó cuando el acusado presentó un cuadro de hipertensión tras declarar su inocencia.

En su primera intervención pública desde que fue extraditado el 22 de septiembre desde Chile, tras siete años prófugo, el ex mandatario dijo en tono enérgico y exaltado que recibió en 1990 a un “país desangrándose” por la violencia y crisis económica.

Fujimori, de 69 años, que podría ser condenado hasta 30 años de prisión y al pago de una millonaria indemnización, enfrenta cargos de asesinato, lesiones graves y secuestro durante su gestión entre los años 1990 y 2000.

“Rechazo los cargos totalmente. Soy inocente”, dijo a gritos el ex mandatario peruano. “A raíz de mi gobierno se respetan los derechos humanos de 25 millones de peruanos, sin excepción alguna. Si se cometieron algunos hechos execrables los condeno, pero no fueron orden de quien habla”, agregó.

Sin embargo, ayer se dieron a conocer documentos de inteligencia militar estadounidense que señalan que en Perú han operado escuadrones de la muerte en los primeros gobiernos de los presidentes Alan García y Alberto Fujimori y que esos grupos realizaron trabajos que incluyeron el exterminio de sospechosos de terrorismo.

Sobre Fujimori los documentos especifican que éste tenía una “buena comprensión teórica” de la importancia de los derechos humanos, pero “estaba preparado para sacrificar principios” en aras de una rápida victoria contra el terrorismo en su primer mandato (1990-95).

Durante el primer día de juicio a Fujimori, también tuvo la palabra el fiscal del caso, José Peláez Bardales, quien lo acusó de ser el “jefe virtual” del grupo asesino Colina, autor material de las masacres en que murieron las 25 personas.

Según Peláez Bardales, que pidió 30 años de cárcel y 100 millones de soles (33.3 millones de dólares) de reparación civil, las acciones del Colina “no pudieron ser un hecho aislado y dirigido por un simple mayor del Ejército”.

Por lo tanto, acusó al ex jefe de Estado de “intervención vertical en una suerte de reparto de funciones”.