La situación de los más de 10 millones de indocumentados que residen en Estados Unidos es el punto más complicado del debate sobre una posible reforma migratoria, con grupos encabezados por organizaciones como la Federación Estadounidense para una Reforma Migratoria (FAIR) y los Minutemen en absoluta y declarada oposición a lo que califican como "amnistía".

De hecho, de acuerdo con al menos algunas previsiones, la dureza del debate en torno a los residentes sin documentos sería el principal obstáculo para una eventual legislación, a pesar de los esfuerzos de la Casa Blanca por obtener respaldo para una propuesta que incluye medidas para incrementar la vigilancia fronteriza y sobre empleadores, así como un programa de trabajadores invitados y un camino a la legalización de los migrantes indocumentados.

Los demócratas en la Cámara Baja han hecho compromiso de obtener al menos 218 votos para una propuesta de reforma migratoria, pero demandan al mismo tiempo que el presidente George W. Bush asegure al menos 70 votos de la bancada republicana, que el año pasado al menos pareció casi unánimemente en contra de propuestas que incluyan la "amnistía".

Los diputados Luis Gutiérrez (demócrata) y Jeff Flake (republicano) presentaron a principios de abril una propuesta de ley que sería por lo menos la base para negociaciones, en tanto que la Casa Blanca dejó trascender una versión propia, presuntamente con apoyo de los senadores republicanos. Sin embargo, ninguna propuesta se encuentra oficialmente en el Senado, donde se supone que habrá un debate a finales de mayo.

Pero a pesar de sus promesas la bancada demócrata está dividida también y varios de los legisladores que les dieron la mayoría en las elecciones de noviembre pasado ganaron sobre la base de propuestas de dureza hacia los inmigrantes.

En ese marco, una alianza de grupos antiimigrantes, con FAIR como eje, realizó un mitin en la Casa Blanca, para subrayar su oposición e iniciar trabajos para solidificar un frente legislativo contra una ley que incluya la posibilidad de regularización.

La acción política a nivel federal coincide con una nueva embestida de grupos antiinmigrantes a niveles estatales y municipales, donde se multiplican propuestas de ley o regulaciones para limitar las posibilidades de empleo, de contratación o de habitación para indocumentados.

De acuerdo con la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, en los últimos cinco meses se han presentado mil 169 propuestas relacionadas con temas migratorios en los 50 Congresos estatales, en contraste con las 570 en todo el año pasado.

Mientras tanto, en Arizona, Clarence Dupnik, alguacil del condado Pima, anunció ayer la creación de una nueva unidad fronteriza anticrimen, que se encargará de vigilar los principales corredores utilizados por los traficantes de indocumentados. Según el funcionario, la dependencia se ve obligada a "sacrificar" recursos que no tiene, ante el incremento crímenes relacionados a la migración ilegal.

Asimismo, se informó que agentes de la Patrulla Fronteriza sector Tucson detuvieron a 41 indocumentados en el desierto de Arizona, cuando buscaban a un grupo de asaltantes cerca de la población de Amado.