Bush escogió el puerto fronterizo de Yuma, en la frontera con México, para llamar al Congreso por un debate "serio y conclusivo" para resolver un problema que provoca aquí un debate emocional.

Bush puso sobre la mesa una propuesta elaborada con la participación de senadores republicanos y que contempla un programa de trabajadores invitados, así como una medida para la regularización de algunos de los 12 millones de residentes indocumentados en este país, siempre y cuando cumplan con una serie de condiciones, y paguen multas y cuotas por miles de dólares.

La determinación de Bush, que reiteró su vieja afirmación de que "los valores familiares no terminan en el río Bravo", enfrenta sin embargo serios problemas: la presidenta demócrata de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, le habría pedido asegurar al menos 70 votos republicanos para combinarlos con los que ella podría obtener en una mayoría demócrata en la que sin embargo hay algunos que hicieron campaña activa contra los inmigrantes indocumentados.

"Esta frontera debe estar abierta al comercio y a los inmigrantes legales, pero cerrada a traficantes de drogas y coyotes", dijo Bush, que el año pasado ordenó el despliegue de la Guardia Nacional para reforzar la vigilancia de la frontera.

La Casa Blanca divulgó hace dos semanas una propuesta convenida por senadores republicanos y los encargados gubernamentales de negociarla con senadores republicanos, los secretarios Carlos Gutiérrez, de Comercio, y Michael Chertoff, de Seguridad Nacional, que incluye la creación de un programa de trabajadores invitados y una "Visa ´Z´", que podrían solicitar los residentes indocumentados y sería renovable cada tres años a un costo de 3 mil 500 dólares por vez.

Los indocumentados deberían salir del país para solicitar esas visas.

De acuerdo con la Coalición por una Reforma Migratoria Inclusiva (CCIR), que agrupa más de 30 organizaciones pro migrantes, la proposición subrayada ayer por el presidente Bush llevaría a que una familia de cinco personas pague "mas de 64 mil dólares y espere hasta 25 años antes de poder solicitar la ciudadanía" estadounidense.

La Casa Blanca indicó que se trata de una posición inicial para comenzar las negociaciones, sobre todo con los demócratas y los sectores de su propio partido opuestos a una reforma inclusiva. Sin embargo, de acuerdo con The Washington Post, la idea reflejaría un endurecimiento en la postura del gobierno Bush, forzada por la dureza de la oposición en su propio partido.

Cabe recordar que los diputados republicanos pusieron la política de fuerza contra los indocumentados como un requerimiento de seguridad nacional y como el eje de su campaña de reelección el año pasado, y aunque perdieron la mayoría, llevaron a que algunos de los nuevos legisladores demócratas tengan posiciones de similar dureza.

De hecho, Bush hizo hincapié en que la estrategia de vigilancia reforzada funciona, y de acuerdo con fuentes de la Casa Blanca tiene esperanzas de que se logrará un compromiso hacia el otoño de este año, que se cree es la fecha límite para lograr una reforma migratoria ante la inminencia de las campañas electorales de 2008.

Pero miembros de su propio partido, como el diputado Duncan Hunter, se pronunciaron en contra de inmediato, por considerar la propuesta como "irreal", y partidarios de una reforma migratoria más inclusiva denunciaron que la retórica del presidente Bush debería ser igualada por "acciones constructivas".