Esto debido a que los números de Seguro Social que compran en el mercado negro y utilizan para poder obtener un trabajo, son falsos.

Se estima que unos 7 millones de trabajadores inmigrantes que viven en este país sin documentos subsidian al sistema con cerca de 7 mil millones de dólares al año.

Laura Berstein, investigadora de la Universidad de Georgia, precisa en el estudio Jugando a los bolos con los inmigrantes indocumentados que la inmigración indocumentada comprende la porción más grande de los miles de millones que se pagan al régimen bajos nombres y números ficticios.

Muchos estadounidenses creen que los trabajadores que permanecen en situación irregular reciben un pago en efectivo por debajo de la mesa, pero lo que sucede es que la mayoría dan a los empleadores números ficticios y pagan impuestos a través de la nómina.

Desde 1986, cuando se estableció el Acta de Control y Reforma de Inmigración (IRCA) se determinaron sanciones para los empleadores que, a sabiendas, contraten a inmigrantes que carecen de sus documentos.

Aunque el IRCA no ha logrado evitar que los empresarios los contraten, sí ha sido un arma de gran ayuda para las finanzas de la ya mencionada oficina estadounidense. Esto es significativo en tiempos cuando la generación conocida como baby boomers (nacida entre 1946 y 1964) se acerca a la jubilación.

Hasta julio de 2002, estos pagos totalizaban 374 mil millones de dólares. De acuerdo con Berstein, los ingresos de la administración del Seguro Social por números falsos crecieron hasta 20 mil millones de dólares entre 1990 y 1998.

Esta administración, viéndose inundada de números fraudulentos, los ha enviado al expediente de ganancias en suspenso, con la supuesta esperanza de determinar a quiénes pertenecen.

Solamente en el 2002, 9 millones de reportes por un monto de ingresos por 56 mil millones de dólares (1.5% del total de los ingresos) con números sociales incorrectos fueron enviados al expediente en suspenso.

El Centro de Estudios de Inmigración se opone a una reforma en este rubro porque asegura que entonces las personas que ahora viven en Estados Unidos y que carecen de documentos podrían reclamar sus beneficios por los pagos de impuestos realizados, lo cual colocaría en mayor estrés financiero a la administración.

Otto Schmal, un mexicano asesor en materia de impuestos en el área de la bahía de San Francisco, dijo que a partir de que se estableció el ITIN, el número de identificación individual de los contribuyentes, para las personas que no tienen un número de Seguro Social, una gran cantidad de inmigrantes indocumentados han comenzado a hacer su declaración anual de impuestos.

La esperanza de todos ellos, comentó, es que si en un futuro hay un proceso de reforma, el reporte de pago de impuestos puede servirles como prueba de que han cumplido con declarar sus contribuciones.

Además de esta manera, observó, pueden recuperar algo de los impuestos retenidos.

El ITIN, aclaró, no es un permiso de trabajo ni hace a los trabajadores elegibles para el Seguro Social o recibir un crédito tributario para ayuda por bajos ingresos.

Finalmente, Schmal expuso que toma alrededor de 10 años de estar aportando al seguro para poder calificar a éste y los que vienen a trabajar por periodos cortos o no pueden arreglar su situación migratoria en el país, no tendrán derecho a la pensión del seguro o a beneficios médicos durante su vejez a través del programa de salud del gobierno Medicare.