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WASHINGTON.— Tras la guerra declarada por Arizona contra la inmigración indocumentada, el mapa de la persecución y la intolerancia antiinmigrante se extendía ayer hasta el estado de Utah, donde la mano anónima de un grupo que se autodenomina “Ciudadanos Preocupados de Estados Unidos” se encargó de distribuir una lista con los nombres de mil 300 inmigrantes indocumentados, al tiempo que exigió su detención y deportación inmediata.

La carta, que tiene como destinatarios al gobernador, a los legisladores estatales, a los medios de comunicación, a la oficina de inmigración y aduana (ICE) y a todos los alguaciles en el estado de Utah, ha sido escrita en un lenguaje lo más parecido a un ultimátum para exigir la acción inmediata contra aquellos que han llegado de forma ilegal “para beneficiarse de nuestro sistema” y para, dicen, elevar los índices de violencia y criminalidad.

El sobre no contiene ninguna dirección del remitente ni ninguna otra información para contactar a “Ciudadanos Preocupados por Estados Unidos”, una organización de la que no se había escuchado antes. El anónimo ha causado la indignación de numerosas organizaciones defensoras de los inmigrantes que han pedido al presidente Barack Obama condenar este tipo de acciones para evitar que el ambiente de persecución se extienda por el país.

Piden a Obama condenar carta

“El presidente tiene el deber moral de condenar este tipo de acciones que van contra los principios (fundacionales) de este país”, dijo Angélica Salas, de la Coalición en Defensa de los Derechos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA). “Estamos llegando al mismo extremo de algunos regímenes totalitarios en los que delatar al vecino es una cosa normal. Este tipo de acciones van contra la Constitución y contra los valores de este país y tendría que haber una condena”, insistió Salas, al externar su preocupación por el ambiente de cacería e intolerancia que se ha extendido contra los inmigrantes.

El anónimo, con los nombres, direcciones, teléfonos, fechas de nacimiento y en algunos casos números de seguridad social, ha sido acompañado de una larga parrafada en la que se trata de vincular a la inmigración indocumentada con el consumo de alcohol y drogas y con un aumento en los índices de violencia en el estado. Los “ciudadanos” advierten que algunas de las mujeres que figuran en la lista están embarazadas, por lo que tendrían que ser deportadas a la brevedad.

“Se tienen que ir y ya”, advierten en su carta estos ciudadanos que han decidido sumarse a la causa de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, en la demonización de los inmigrantes indocumentados.

Tony Yapias, director del Proyecto Latino de Utah, dijo que se había entrevistado con asistentes del gobernador, Gary R. Herbert, para reclamarles averigüen dónde consiguió la organización los datos sobre los migrantes y para “que se castigue a los responsables”. La carta tiene entre sus destinatarios al alguacil de Salt Lake City, Jim Winder.

Ambiente de división

“Vivimos en un país de leyes. Y yo en lo personal no quiero verme vinculado con algo que carecería de un proceso debido, que es lo que parece ser en este caso”, dijo el propio Winder, quien señaló que la misiva enviada por los “ciudadanos” no incluye argumentación alguna.

En el curso de las últimas semanas, algunos oficiales de la policía y alguaciles en distintas ciudades de Utah que se oponen a la adopción de una ley similar a la de Arizona, han recibido amenazas anónimas.

Al mismo tiempo, algunos representantes republicanos, como Stephen Sandstrom, han advertido que no cesarán en su empeño para implantar una legislación similar a la de Arizona contra la inmigración indocumentada. Apenas la semana pasada, Sandstrom adelantó que en enero próximo presentará una iniciativa de ley similar a la SB 1070, para sumarse así a la lista de estados como Oklahoma y Carolina del Sur que han decidido plegarse a la oleada antiinmigrante que comenzó en Arizona. Varios de los medios de comunicación de Salt Lake City trataron infructuosamente de determinar el origen de la lista y verificaron que la información incluida es en muchos casos incorrecta.

La carta fue enviada originalmente en abril a la Oficina de Inmigración y Aduanas de EU. Un vocero de la ICE confirmó que el documento fue recibido “hace un par de meses”, pero no indicó si se habían tomado acciones al respecto.

Gobiernos latinoamericanos han formado un bloque contra la SB1070 y al menos otros ocho países se han adherido al recurso “Amigos de la Corte” que presentó México en una Corte de Arizona, para expresar su rechazo a esta ley.

Patricia Espinosa, titular de la Cancillería mexicana, destacó que los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Paraguay se sumaron al recurso. La alianza, dijo, es “una protesta a lo que se ve como una posible violación de los derechos de los migrantes”. (Con información de agencias y de Silvia Otero)