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WASHINGTON.— Tras un arduo proceso de consultas, el presidente Barack Obama podría impugnar esta semana la ley antiinmigrante de Arizona, en una batalla que promete ir más allá del terreno legal y marcar un nuevo capítulo en difícil lucha de la comunidad inmigrante en Estados Unidos.

En el proceso, Obama se juega algo más que la autoridad del gobierno federal para regular y hacer respetar las leyes migratorias. Con las elecciones intermedias a la vuelta de la esquina, el presidente ha ofrecido un frente de batalla que el Partido Republicano no piensa desaprovechar para presentar a Obama y a los demócratas como amigos de los “ilegales” y enemigos de la mayoría estadounidense.

Aún antes de hacer oficial la impugnación de una ley que criminaliza la presencia de indocumentados en Arizona, el entorno del senador republicano John McCain ya ha lanzado la primera ofensiva. “El presidente tendría que concentrarse en el reforzamiento de la seguridad de la frontera con México, en lugar de desperdiciar los recursos de los contribuyentes para demandar al estado de Arizona”, dijo Brooke Buchanan, portavoz de la campaña de McCain, uno de los más destacados defensores de la ley SB 1070.

A favor de impugnar esta ley, organizaciones civiles, empresariales y religiosas se han reagrupado en torno a algunas de las más importantes instituciones de defensa de los derechos civiles en EU, como la American Civil Liberties Union (ACLU). “Es importante que la opinión pública entienda que la SB 1070 no es una ley que busque terminar con el problema de la inmigración indocumentada. Es una ley que busca, sobre todo, dar poderes a la Policía local para detener e interrogar a la gente por su aspecto y bajo la única sospecha de ser indocumentada”, aseguró Alejandra Soler Meetze, de ACLU.

A pesar de las denuncias sobre la práctica de detenciones con base en el perfil racial, parece que estrategia que ha confeccionado el Departamento de Justicia apuntará todas las baterías hacia el carácter inconstitucional de la SB 1070, independientemente del tufo racista y la dedicatorial que de Arizona ha dirigido contra la comunidad hispana.

Del éxito de esta estrategia dependerá la derrota o la victoria de una ley que se ha extendido con la misma virulencia que una epidemia por distintos estados, donde hoy se discute la necesidad de seguir el ejemplo de Arizona. Desde el 23 de abril, cuando la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, promulgó la legislación SB 1070 —que entrará en vigor el 29 de julio y que contempla penas de hasta 6 meses de cárcel y multas por 2 mil 500 dólares— el número de estados que han debatido la necesidad de seguir el ejemplo de ese estado fronterizo se ha elevado a 18.

El último de ellos ha sido Nebraska, donde el pequeño poblado de Fremont (de apenas 25 mil habitantes) aprobó el 22 de junio una ordenanza que obliga a las autoridades locales a comprobar la situación migratoria de quienes que busquen trabajo o alquilar vivienda.

La necesidad de contener una sublevación de carácter extraconstitucional en casi una veintena de Estados para legislar, regular y penalizar la inmigración indocumentada ha obligado a la administración Obama a imprimir un sentido de urgencia a las negociaciones para tratar de sacar adelante una reforma migratoria.

“El próximo paso crítico es delinear los detalles de ese proyecto de ley”, reconoció Obama la semana pasada, en referencia no sólo a la iniciativa que ya ha sido presentada en la Cámara Baja con el patrocinio de 102 legisladores demócratas, sino a los contactos que se desarrollan entre algunos republicanos en el Senado para tratar de recuperar el apoyo bipartidista que será necesario para hacer realidad una reforma migratoria justa y amplia.

Una legislación que permita sacar de las sombras a más de 12 millones de indocumentados y terminar de una vez por todas con el recurrente desafío extraconstitucional de estados como Arizona, que pretenden el establecimiento de una suerte de sistema migratorio “a la carta” en los 50 estados de la Unión Americana para seguir con la práctica de la demonización y la criminalización de la comunidad inmigrante en tiempos de elecciones.