El diputado Ramón Velásquez, uno de los secretarios del legislativo, informó que se consultará a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía, a la Procuraduría General y al Comisionado de Derechos Humanos antes de convocar a los legisladores para discutir el punto álgido del pacto alcanzado el jueves: el retorno o no de Zelaya a la presidencia.

“No hay un plazo dado a esas instancias para que den sus opiniones, pero esperamos que sea lo más pronto posible”, dijo Velásquez, del minoritario Partido Demócrata Cristiano y reticente a reinstalar a Zelaya.

El diputado Erick Rodríguez, un liberal aliado del derrocado mandatario, que participó de la reunión de la junta directiva y los líderes de las bancadas, señaló a la prensa que no estuvo de acuerdo con esa resolución. “Si es un arreglo político, por qué elevarlo a la Corte Suprema”, se preguntó.

El Congreso destacó en un comunicado que “las instituciones consultadas deberán remitir sus informes en los tiempos que determinen sus marcos legales internos tomando en consideración, además, la importancia y el interés nacional del asunto”. Después de cumplida esta fase se llamaría a los legisladores a sesiones.

El acuerdo firmado por las partes en conflicto establece que el Congreso debe retroceder la titularidad del poder ejecutivo a su estado previo al 28 de junio, cuando Zelaya fue expulsado del país por militares.

Con una ceremonia formal quedó ayer instalada la Comisión de Verificación para vigilar el cumplimiento del acuerdo para solucionar la crisis del país centroamericana. La Comisión está formada por la secretaria del Trabajo de Estados Unidos, Hilda Solís, el ex presidente de Chile, Ricardo Lagos, y por los hondureños Jorge Arturo Reina y Arturo Corrales; es coordinada por la Organización de Estados Americanos (OEA) .

El secretario de Asuntos Políticos de la OEA, Víctor Rico, tuvo a su cargo presidir la ceremonia de instalación, a la que también asistieron los candidatos presidenciales de Honduras, quienes buscan alzarse con el triunfo en las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre.

“Estamos aquí para verificar que los puntos (del acuerdo) sean implementados de manera que se cree un gobierno de unidad nacional”, dijo Lagos, al tiempo que Solís recordó a su llegada que la administración del presidente de EU, Barack Obama, está “muy enfocada en este tema”.

Zelaya ha pedido al Congreso que lo restituya antes del jueves, cuando según el acuerdo debe conformarse e instalarse el gobierno de reconciliación nacional, que velará por los comicios presidenciales del 29 de noviembre y debe entregar el poder al ganador el 27 de enero.

Pero la medida de los líderes del Congreso pareció alimentar más la incertidumbre respecto a la fecha en que convocará al plenario para definir la suerte de Zelaya. A este órgano no se le establecieron términos para finiquitar el asunto, aunque los aliados de Zelaya consideran que éste debería encabezar desde el jueves el gobierno de unidad.

Mientras, un millar de simpatizantes de Zelaya se plantó a la entrada del Congreso para demandar el regreso del mandatario depuesto, en una caldeada manifestación en que se mostraron pancartas con mensajes a los legisladores como “De ustedes depende la paz de nuestro pueblo” y “Si no hay restitución, no hay elección”. Muchos juraron mantener la vigilia hasta que vuelva al poder su líder, refugiado desde el pasado 21 de septiembre en la embajada de Brasil.