“El gobierno nacional autoriza a la senadora Piedad Córdoba para que con la Cruz Roja Internacional y la Iglesia católica, participe en el acto de liberación de los secuestrados que están en poder de las FARC”, señaló Uribe, quien en un primer momento había rechazado la participación de la legisladora en la liberación dos militares, el cabo Pablo Moncayo y el soldado Josué Calvo.

En todo caso, Uribe condicionó la mediación de Córdoba a que las FARC liberen unilateralmente a 24 miembros de la fuerza pública y se entreguen los cuerpos de otros tres uniformados fallecidos en cautiverio, uno de los cuales fue fusilado por los insurgentes. Uribe descartó a la vez la posibilidad de un intercambio humanitario con la guerrilla, que reclama la liberación de 500 integrantes detenidos.

“Es una buena decisión y miraremos la respuesta de las FARC porque esa respuesta puede implicar o la liberación total de los secuestrados, aprovechando a Córdoba, o definitivamente la destrucción de la senadora como intermediaria”, expresó el senador Gustavo Petro, del centroizquierdista Polo Democrático.

Una vez conocida la aceptación de Uribe, Córdoba y Colombianos por la Paz pidieron una reunión con el presidente para “abordar las decisiones de fondo” en la fecha que él disponga y con la “discreción” del caso, ya que recibieron la postura del jefe de Estado “con esperanza”.

Otros criticaron el anuncio de Uribe. El precandidato a la Presidencia por el Partido Liberal, Iván Marulanda, dijo que el que el mandatario impusiera condiciones “puede entorpecer la liberación” de los rehenes.