El toque de queda y la emergencia de la región amazónica entró el vigor ayer a partir de las seis de la tarde y hasta las seis de la mañana de hoy y las emisoras radiales de Bagua, una pequeña población de 34 mil habitantes, reportaban que “lentamente se recuperaba la calma”, a pesar de que se detectan “focos aislados de violencia”.

“El número que tenemos es de los cadáveres que ya se han encontrado, por lo que (la cifra) podría crecer con el correr de las horas”, explicó una alta fuente de la delegación de ONGs y organismos de derechos humanos que junto a la Defensoría se encuentran trabajando en Bagua, una ciudad que anoche, mientras se recobraba lentamente la calma, parecía una postal de la destrucción.

En medio de una gran confusión, ayer la policía intentó liberar a 34 policías tomados como rehenes por los indígenas y mestizos habitantes de Bagua en la estación petrolera 6, en la que nueve efectivos fueron muertos, otros tres se encuentran desaparecidos y “25 fueron rescatados”, según el jefe de la Policía Nacional, general José Sánchez.

Mientras las críticas y las acusaciones de la oposición y de los organismos de derechos humanos señalan al gobierno, el presidente Alan García denunció que el país “está sufriendo una agresión subversiva contra la democracia y contra la Policía Nacional y frente a ello necesitamos responder con serenidad y firmeza. Como consecuencia de su agresión irresponsable, 22 policías han sido asesinados en condiciones de salvajismo y barbarie y con métodos idénticos a los empleados por Sendero Luminoso, se procedió a degollar y herir con lanzas a humildes policías rendidos y sin armas”, agregó el mandatario.

“Son tres los responsables políticos y deben asumirlo. Uno es el presidente García, por rechazar el diálogo y pelotear a los nativos; el otro es el presidente del Consejo, Yehude Simón, y la tercera es la ministra (del Interior) Martha Cabanillas”, señaló en cambio el ex presidente Alejandro Toledo en declaraciones radiales.

Uno de los dirigentes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), organizadora de las protestas), Shapion Noningo, aseguró en tanto que “entre los nuestros ya tenemos más de 30 muertos y más de 150 comuneros están detenidos en el cuartel (militar) de El Milagro, y otros 20 compañeros fueron trasladados a Chiclayo”, la ciudad costera más próxima a Bagua, según la prensa.

Por su parte, Cabanillas instó a Alberto Pizango, líder de Aidesep), a “entregarse a la justicia y dar la cara”. Fuentes allegadas a esa organización, consultadas por EL UNIVERSAL, indicaron que Pizango “se encuentra en Bolivia desde ayer en busca de asilo político”, luego de que se emitiera una orden de arresto en su contra.

Desde La Paz, el vocero presidencial Iván Canelas aclaró que el gobierno de Evo Morales carece de información sobre el paradero del dirigente, mientras que la ministra de Justicia de ese país, Celina Torrico, acusó al gobierno de García “por una matanza sin justificación alguna”.