El primer ministro peruano, Yehude Simon, dijo que los fallecidos eran 11 policías y tres indígenas aunque el líder amazónico, Alberto Pizango, dijo que los nativos muertos sumaban 22. El gobierno peruano dijo también que 38 policías que custodiaban una instalación petrolera fueron tomados como rehenes por los nativos.

Los sangrientos enfrentamientos tuvieron lugar en la mañana de ayer, cuando un helicóptero de la Policía Nacional abrió fuego contra los indígenas que bloqueban desde el 9 de abril la carretera Fernando Belaúnde Terry (que une el centro del país con el Amazonas), para exigir la derogación de decretos para parcelar sus tierras,

“Comenzaron a disparar contra nuestra gente. Y el gobierno sabe que los indígenas somos pacíficos, pero cuando hay una acción contra nosotros siempre encontrarán una reacción. Y nos hicieron reaccionar”, dijo en diálogo telefónico a EL UNIVERSAL, Walter Kategari, uno de los líderes indígenas.

La represión policial y la respuesta por parte de los manifestantes disparó la ira de la población mestiza de Bagua, que en solidaridad con los huelguistas tomó varios edificios públicos, como la gobernación y el palacio de Justicia, según un informe de la televisora local Telersat.

“Detrás de los sucedido en Bagua hay intereses internacionales para que Perú no salga de su subdesarrollo”, declaró ante la prensa el presidente Alan García, al “lamentar” la muerte de los policías.

Culpan al presidente

Sindicado como “el máximo responsable” del conflicto y de su sangriento resultado por varios analistas, García aseguró ayer que “llegó el momento de abrir las carreteras y abrir los ríos y asumir las responsabilidades”.

La protesta indígena arrancó en 2008, cuando después de 30 días de bloqueos que habían obligado al gobierno a derogar dos decretos sancionados, con la anuencia del Congreso, en el marco de una serie de leyes vinculadas al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. La intención del jefe de Estado era la de lotear parte de las 200 mil hectáreas en poder de las comunidades indígenas para “el desarrollo petrolífero, maderero y minero”.

Tras fracasar las negociaciones el lunes, Alberto Pizango, líder Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), dijo ayer a corresponsales extranjeros, que “el gobierno cometió un genocidio porque la protesta era pacífica, contra una medida que es anticonstitucional”, cuando debió interrumpir su testimonio porque había llegado una orden de detención en su contra.

“El líder de los indígenas entró en el terreno delincuencial”, había dicho el presidente en la mañana. Anoche, después de declarar al Amazonas Zona de Emergencia, la ministra Mercedes Cabanillas había ordenado militarizar la zona, mientras los enfrentamientos se sucedían sin descanso.

Dick Smith director de la ONG, Instituto del Bien Común, aseguró a este diario que una comisión de organismos de derechos humanos, la defensoría del Pueblo y del sector privado se disponía anoche a viajar a la zona, “para tratar de mediar y frenar los ataques porque la situación tiende a empeorar”. En tanto la Conferencia Episcopal y la Confederación Empresaria del Perú (CONFIEP), llamaron “a salvaguardar la paz y el orden”.

Decretos neoliberales

“Tal vez habría que buscar en este sorprendente afán neoliberal del presidente Alan García, para comenzar a encontrar las razones de este baño de sangre”. A esa conclusión arribaba anoche el responsable de una ONG que días pasados estuvo en Bagua con los líderes indígenas, decididos a no “dar ni un paso atrás” hasta que se deroguen los decretos por los cuales el gobierno pretende repartir territorios protegidos del Amazonas, que por derecho constitucional pertenecen a las comunidades indígenas.

Lo extraño es que el año pasado, esta segunda versión de Alan García ya había sufrido un duro golpe político cuando 32 días de huelga indígena en la región, lo obligaron a derogar dos de los cuestionados decretos.

“Aquel fue un duro golpe para el gobierno”, recuerda Dick Smith, del Instituto del Bien Común. Al parecer no alcanzó para que el gobierno vuelva a la carga y sufriera “la peor semana de García” de la que es ya su segunda y neoliberal gestión, según el analista Fernando Tuesta.

Con los cadáveres aún calientes y esparcidos ayer en carreteras y hospitales amazónicos, García volvió sobre su tesis del “desarrollo” y de “los intereses internacionales detrás de los indígenas”. Justo cuando su gobierno aparece enfrentado con el de Bolivia. “Aquí no tenemos apoyo ni de ecuatorianos ni de bolivianos. Lo desmiento categóricamente. Estamos defendiendo nuestras tierras y nuestras tierras están en Perú”, bramaba Walter Kategari, quien tomó el liderazgo luego que se emitiera la orden de detención contra Pizango. (Con información de agencias)