BUENOS AIRES.— El gobierno argentino de Cristina Kirchner anunció ayer, unilateralmente, un cambio en el esquema de retenciones fiscales móviles a las exportaciones de granos, que habían originado la movilización del sector agropecuario, en un intento de acallar la protesta. Lejos de eso, la medida fue rechazada por los ruralistas, que anunciaron la extensión de la huelga a todas las actividades comerciales y productivas en el interior del país.
En la tarde de ayer, la presidenta Kirchner convocó a reunión a siete de los 24 gobernadores, al ministro de Economía, Carlos Fernández, y al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, para achicar la curva impositiva a las exportaciones de soja y trigo, una de las tantas medidas que reclaman las cuatro entidades que agrupan a los productores. Para ello, el gobierno dejó sin efecto la resolución del ex ministro de Economía Martín Loustau del pasado 11 de marzo, cuando se desató la protesta.
Terminada la reunión, el jefe de Gabinete y el ministro dieron una conferencia de prensa, en la que anunciaron los cambios, mismos que fueron justificados en “la necesidad de preservar los mercados a futuro y admitimos que hemos hecho algunas modificaciones al decreto 125”.
Asimismo, el gobierno propuso agregar dos nuevas políticas para beneficiar a los pequeños y medianos productores. La principal es la de reintegrar el importe de las retenciones a los pequeños productores y la otra pasa por agilizar los trámites para esos reintegros, lo que fue rechazado por el sector en todos sus términos.
“Me parece que con esto hemos dado una respuesta a parte de los reclamos que se nos habían hecho”, sostuvo Fernández, quien al concluir su exposición resaltó la”formidable incapacidad para dialogar y altanería de la gente del campo”.
En la acera de enfrente, los representantes del sector agropecuario criticaron el ofrecimiento por “unilateral e insuficiente”. El presidente de la Sociedad Rural, Luciano Miguens, opinó que “las medidas anunciadas son más de lo mismo, lo único que cambia es que se favorece el mercado de futuro, pero realmente sorprende una medida sin consulta previa”.
Por su parte, Eduardo Busti, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), subrayó que “esto es para la tribuna urbana. En vez de ayudar, complica”.
Asimismo, los dirigentes ratificaron la decisión que habían adoptado en la mañana: a partir del lunes, cuando debería vencer el plazo de esta tercera etapa de la huelga de más de 80 días, “extenderla a otros sectores productivos en todo el interior del país”.
De esa medida participarán los metalúrgicos, fabricantes de maquinarias y comercios de todo el interior del país, aunque Buzzi advirtió que “no podemos colocarle el título de una huelga federal, la medida será muy fuerte”.
Así las cosas, lo único nuevo hasta aquí es el guiño del gobierno a que ya volvió su posición a los primeros días de mayo, cuando había propuesto en la mesa de negociaciones estas mismas medidas.
