J. Jaime Hernández
El Universal
Jueves 06 de marzo de 2008
WASHINGTON.— La Organización de Estados Americanos (OEA) consideró ayer que el ataque perpetrado por Colombia en territorio ecuatoriano “constituye una violación de la soberanía y de la integridad territorial” y advirtió a Bogotá que el territorio de un Estado es inviolable y “no puede ser objeto de medidas de fuerza, ni de ocupación militar”.Tras una maratónica y tediosa ronda de negociaciones, en la que Colombia luchó hasta el final para evitar que la palabra condena —transmitida de viva voz por 25 de las naciones que asistieron a la reunión extraordinaria— figurara en la resolución aprobada por unanimidad, el organismo optó por admitir que la incursión de fuerzas militares de Colombia en territorio Ecuador el pasado 1 de marzo produjo “una grave crisis entre estos dos países, provocando la ruptura de las relaciones entre ambos Estados y una grave tensión en la región”. La resolucíón de la OEA recibió diferentes valoraciones.
“No se le ha dicho delincuente directamente (en la resolución definitiva). Pero se ha redactado una resolución que constituye el retrato hablado de un delincuente”, consideró el representante de Venezuela, Jorge Valero, al valorar la resolución de compromiso que contempla la creación de una comisión exploratoria encabezada por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.
Buscan acercamiento
Según los términos de esta resolución, se decidió convocar a una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores para el lúnes 17 de marzo en la sede de la OEA en esta ciudad, a fin de examinar los informes aportados por los cuatro embajadores que integren la comisión exploratoria.
“Lo que se crea es una comisión cuyo objetivo central será la búsqueda de un acercamiento entre las partes. No es una comisión investigadora, sino una comisión que puede ir a los lugares que los gobiernos le puedan indicar”, dijo con aire triunfal el embajador, Camilo Ospina, al festejar así el hecho de que no se haya creado una comisión verificadora in situ que pueda arrojar luz sobre un ataque que hoy sigue despertando las dudas y recelos de una larga lista de países miembros.
La resolución, fue saludada por la canciller de Ecuador, María Isabel Salvador, al asegurar que la OEA “ha pasado una prueba histórica” al pronunciarse contra la agresión de Colombia contra su país y por reafirmar la inviolabilidad de la soberanía territorial de un Estado miembro que consagra el artículo 21 de la carta de la organización.
El acuerdo Colombia-Ecuador se produjo luego de un intenso forcejeo para conseguir o evitar la condena oficial al gobierno del colombiano Álvaro Uribe por el ataque del sábado contra campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano, en el que resultó muerto Raúl Reyes.
“Ha sido una solución de consenso, en la que, sin embargo, se dice claramente que Colombia agredió y violó la soberanía de un Estado vecino, con lo cual se recoge la condena expresada por la mayoría de los países miembros”, insistió el representante de Venezuela.
“México se congratula por esta resolución que ha dado prioridad a los mecanismos diplomáticos para que se produzca el acercamiento y el entendimiento de las partes afectadas”, dijo el representante alterno ante la OEA, Luis Javier Campuzano.
Contra las ejecuciones
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, pidió a Colombia erradicar las ejecuciones extrajudiciales cometidas por efectivos de las Fuerzas Armadas y desarticular a los reorganizados escuadrones paramilitares.
En su informe anual sobre la situación de derechos humanos en Colombia, la ONU dijo que en 2007 las guerrillas izquierdistas, los reagrupados escuadrones paramilitares y las Fuerzas Armadas del Estado continuaron cometiendo violaciones en medio del conflicto interno que azota al país. “La oficina en Colombia continuó recibiendo quejas de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la Fuerza Pública”, precisó el informe.
El documento sostiene que en la mayoría de los casos se alteró la escena del crimen antes del levantamiento de los cadáveres, mientras la Justicia Penal Militar asumió las investigaciones contra los involucrados. (Con información de Reuters)
