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Condenan en la OEA el bombardeo colombiano

Bogotá ofrece otra vez disculpas públicas por la acción bélica
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  • J. Jaime Hernández
    El Universal
    Miércoles 05 de marzo de 2008

    WASHINGTON.— En un cónclave dominado por un intenso intercambio de acusaciones, Colombia se enfrentó ayer al rechazo mayoritario de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) al ataque perpetrado por tropas del Ejército colombiano el 1 de marzo contra la guerrilla de las FARC en suelo ecuatoriano, y a la condena por la violación a la soberanía territorial de Ecuador, que amenazó con llegar hasta las últimas consecuencias.

    Con excepción de Estados Unidos —que hizo las veces de abogado defensor de Colombia—, la mayoría de los países asistentes a la reunión extraordinaria de la OEA coincidieron en su condena a la flagrante violación al artículo 21 de esta organización, que consagra el respeto a la soberanía e integridad territorial, y abogaron por la urgente necesidad de desactivar un conflicto que “amenaza a la estabilidad y a la convivencia de toda la región”.

    Luego que el representante de Colombia acusó a Ecuador y Venezuela de estar detrás de “una organización de terroristas y narcotraficantes como las FARC” y de que Ecuador replicó asegurando que el gobierno de Álvaro Uribe “sólo quiere distraer la atención de un incidente de enorme gravedad”, la mayoría de los países miembros apostaron por un esquema de diálogo y negociación para superar la crisis.

    Correa incluso lanzó una amenaza desde Brasilia, donde está de gira para explicar el ataque: “El agresor tiene que disculparse y la comunidad internacional condenarlo. Si no, tendremos que defendernos con nuestros proprios medios”.

    El rechazo de la mayoría de los países miembros de la OEA a la acción unilateral de Colombia, obligó a su representante Camilo Ospina, a ofrecer “disculpas públicas” y a comprometerse en un proceso de negociación. “Tenemos que encontrar una fórmula que permita desactivar la crisis y poner un alto a la escalada del conflicto”, dijo ayer Luis Javier Campuzano, representante alterno de México ante la OEA durante el receso de una maratónica reunión.

    “Tenemos que analizar de manera objetiva los hechos que han provocado esta crisis. No podemos permitir que una larga lista de excusas y justificaciones le permitan a un país tomarse justicia por propia mano para resolver un conflicto interno en un territorio extranjero y soberano”, aseguró el representante de Argentina, que, junto con los de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, presentaron una condena a la acción de Colombia.

    El único país que mostró una posición de defensa sin ambages fue EU que consideró legítimo el derecho de Colombia a defender su territorio contra amenazas “terroristas” que vienen del exterior o que encuentran “cobijo” en países vecinos.

    A última hora de ayer, los países miembros de la OEA aceptaban la propuesta de Brasil para encontrar un proyecto de resolución que “no contribuya a agudizar el conflicto”.

    Las distintas delegaciones intentaban consensuar los términos de la propuesta presentada por Ecuador, para la creación de una comisión de verificación que investigue los hechos relacionados con el ataque, o, como sugiere Colombia, una comisión que proponga un esquema de diálogo y negociación sin profundizar en la investigación de un incidente que ha colocado a los dos países al borde de una guerra.

    De igual forma, los países miembros estudiarán la convocatoria de una reunión de consulta de cancilleres que podría realizarse entre el 11 y el 25 de marzo. En este marco, el presidente estadounidense George W. Bush, reiteró ayer su “pleno apoyo” a Colombia.

    Ayer se conoció que el portavoz internacional de las FARC, Raúl Reyes, quien murió en el ataque colombiano, se reunió en secreto con diplomáticos estadounidenses en 1998 en Costa Rica, porque EU buscaba “un canal de comunicación” con ellos. La esposa de Reyes, Olga Marín, también acudió al encuentro celebrado en diciembre de 1998 con miembros de una misión diplomática de EU, liderada por Philip T. Chicola, entonces director de la oficina andina del Departamento de Estado.



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