BUENOS AIRES.— La crisis en la región andina, desatada tras el asesinato en territorio ecuatoriano del líder guerrillero de las FARC, Luis Édgar Devia alias Raúl Reyes, se recalentó ayer cuando el gobierno de Ecuador anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia y el de Venezuela expulsó al embajador colombiano en Caracas, como respuesta inmediata a las acusaciones que Bogotá lanzó sobre ambas administraciones de tener contactos con las FARC.
La escalada de la crisis siguió aumentando justo en el momento en que la OEA aceptó el pedido de Ecuador para una reunión urgente de su Consejo Permanente, que tendrá lugar hoy en Washington —y donde el secretario general José Miguel Insulza propondrá una mediación— y en el que el gobierno de Estados Unidos apoyó la posición de Colombia, en su “combate a las organizaciones terroristas”, en tanto reclamó “moderación a Ecuador y a Venezuela, según el portavoz de la Casa Blanca, Tom Casey, quien recordó que “las FARC son un grupo terrorista”.
Después de que el jefe de policía colombiano, general Óscar Naranjo, presentara documentos con “pruebas de la relación de las FARC con el gobierno de Ecuador y de Venezuela”, las reacciones de Quito y Caracas no se hicieron esperar. El ministro de Seguridad ecuatoriano, Gustavo Larrea, reconoció haberse reunido con Reyes en enero, pero “para hablar del canje humanitario” por lo que calificó como “una patraña” la acusación colombiana.
En la noche, durante una conferencia de prensa en la que confirmó su gira por varios países latinoamericanos para explicar la crisis —que empezará hoy en Lima y seguirá mañana en Caracas—, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró que todos los contactos de su gobierno con la FARC “eran por motivos humanitarios y buscaban la liberación de 12 secuestrados entre ellos Ingrid Betancourt”.
“Lamento comunicarles que las conversaciones estaban bastante avanzadas para liberar en Ecuador a 12 rehenes, entre ellos Ingrid Betancourt”, aseguró el mandatario ecuatoriano en una cadena de televisión.
Por su parte el gobierno colombiano dijo que los contactos de funcionarios ecuatorianos con las FARC no buscaban un fin humanitario para la liberación de rehenes sino un “tráfico de secuestrados” que incluirían decisiones compartidas en el nombramiento de comandantes militares en la zona.
También anunció que las pruebas dadas a conocer por Naranjo —entre ellas el presunto documento que habla de una donación venezolana de armas y 300 millones de dólares a la guerrilla—, serán presentadas hoy en la OEA y oportunamente ante las Naciones Unidas, a donde acudirá “para denunciar” esa presunta relación de los gobiernos con las FARC, al tiempo que anticipó que no seguirá reforzando sus fronteras en contraposición con los anuncios de los países vecinos.
“Seguiremos con la misma prudencia y en ese sentido quiero dar tranquilidad al pueblo colombiano de que nuestra posición es de total calma y tranquilidad y no vamos a reaccionar a esos anuncios (sobre movilización de tropas)”, expresó el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, mientras en un comunicado, el gobierno manifestó también “su preocupación” porque se violaron las reglas internacionales que prohiben “a los países de albergar terroristas”.
En tanto, la administración de Hugo Chávez imitó ayer a la de Correa y expulsó al embajador colombiano y a todo el personal de la legación diplomática. Mientras en Bogotá, fuentes diplomáticas juraban “esperar el próximo paso de Chávez que es la ruptura de relaciones”, el canciller venezolano, Nicolás Maduro, justificaba esa decisión en que “no podemos ser pusilánimes, ambiguos ni cobardes cuando a un hermano se le agrede. Es justo decir a los cuatro vientos que uno se siente satisfecho porque también con esto estamos defendiendo a Ecuador”, y agregó que el ataque que terminó con la vida de Reyes y otros 20 guerrilleros “fue coordinado en la base militar de Manta” que EU posee en esa ciudad ecuatoriana.
Las reacciones de los gobiernos de la región y del mundo no se hicieron esperar. Desde Italia, Chile y Perú, llegó el repudio al ataque de las fuerzas regulares colombianas en suelo ecuatoriano. Lo mismo hizo el canciller brasileño, Celso Amorim, quien condenó la actitud de Colombia porque “no hay duda de que una violación territorial es algo condenable, un acto grave que en cierta manera deja en inseguridad a todos los Estados de la región, sobre todo los menores”.
No obstante, anunció que en la OEA propondrá la creación de una comisión investigadora para zanjar las dudas porque tanto Colombia como Ecuador presentaron versiones confrontadas, mientras que el presidente brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva pidió a los presidentes que “bajen el tono de la disputa que amenaza a la región”, como nunca antes en su convulsionada existencia.
