SAN JOSÉ.— Asediada por una incontrolable penetración del crimen organizado, Guatemala decidió ayer volver a otorgar al presidente la opción de perdonar o aplicar la pena de muerte, en un país acosado por un violento escenario de 16 asesinatos diarios y creciente delincuencia, sumido en décadas de impunidad y con un cuestionado aparato judicial.La decisión, adoptada por el Congreso de Guatemala al aprobar una ley con 140 votos en favor y tres en contra, encuentra a 34 personas encarceladas y en la ruta del corredor de la muerte, ya que sus ejecuciones quedaron suspendidas en 2002 por una serie de objeciones jurídicas y constitucionales.
El presidente guatemalteco, Álvaro Colom, quien asumió su cargo el 14 de enero pasado y se topó con un agravado panorama de inseguridad, lanzó el lunes una advertencia mortal, mientras el Congreso debatía: no va a perdonar o a indultar a ninguno de los condenados a muerte.
El gobierno informó que el presidente Colom cumplirá los trámites sobre la pena de muerte. En las últimas décadas, la sentencia se ha cumplido en Guatemala con inyección letal o con pelotón de fusilamiento.
La violencia en el país “ha hecho que varios líderes retomen el tema de la pena de muerte para castigar a aquellos que han cometido delitos contra la sociedad”, dijo la diputada Roxana Baldetti, del opositor Partido Patriota. Por su parte, el diputado Mario Duarte, del opositor Partido Unionista, dijo en los debates que “ojalá y los condenados a muerte pasen a mejor vida”.
A diario, las imágenes de niños guatemaltecos que comen helados junto a los cadáveres “le dan la vuelta al mundo”, sin preocupar a los defensores y activistas de los derechos humanos, relató. “Pero Dios guarde que maten a los desgraciados”, describió, en un reclamo por la falta de sanciones a delincuentes y asesinos.
Los conflictos legales sobre la pena de muerte emergieron en 2002, cuando el entonces presidente Alfonso Portillo objetó ante la Corte de Constitucionalidad la potestad del Jefe del Poder Ejecutivo de otorgar indultos a los condenados a muerte.
Ese año, la Corte declaró inconstitucional una ley de 1892 sobre el indulto y pidió al Congreso enmendarla. Los legisladores la derogaran en 2002, pero sin lograr promulgar una nueva ley ni definir quien debe conceder o no los indultos, por lo que se paralizaron los procesos para ejecutar a los ya condenados a muerte.
