CARACAS (Agencias).— El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció que perdonará a sus opositores acusados de participar en los hechos que lo sacaron brevemente del poder hace cinco años, una medida conciliatoria adoptada luego de su derrota electoral en diciembre.Chávez, al dar el anuncio, el 31 de diciembre de 2007, en un mensaje televisado, dijo que será publicado un decreto extraordinario en uno o dos días como una muestra de que su gobierno no es un perseguidor de sus rivales políticos. “Queremos la vía de la paz y que haya un fuerte debate ideológico y político, pero en paz”, dijo.
El mandatario no precisó cuántas personas se verán beneficiadas por la amnistía, pero alcanzaría a más de 60, que son las procesadas por haber participado en una paralización de la vital industria petrolera de la nación sudamericana y en los sucesos que lo sacaron del poder por unas 48 horas, en 2002.
La organización no gubernamental Foro Penal Venezolano alabó la amnistía promulgada por el presidente, pero le pidió ampliarla a favor de quienes rehuyeron la justicia para que no exista “discriminaciones”. La amnistía excluye a opositores que rehusaron ponerse a órdenes de la justicia y escaparon del país, así como a autores de homicidios y crímenes de lesa humanidad.
Los representantes de la ONG, Gonzalo Himiob y Mónica Fernández, dijeron en rueda de prensa que la Ley de Amnistía es “un gesto positivo”, pero lamentaron que no favorezca a “adversarios políticos que merecen respeto” y reiteraron que debe ser ampliada.
Chávez ha enfrentado una férrea oposición, principalmente de sectores de la clase media y adinerada, a sus políticas izquierdistas enfocadas hacia los pobres, donde cuenta con un gran apoyo.
En 2002, un grupo de militares y empresarios lideraron lo que Chávez califica como un fallido golpe de Estado que lo forzó a salir del poder, al que volvió dos días después, luego de masivas manifestaciones a su favor. Adversarios del mandatario dicen que las personas que están encarceladas por crímenes relacionados con el breve derrocamiento son presos políticos y acusan a su gobierno de persecución hacia quienes firmaron un documento en apoyo al presidente de facto que lo sustituyó brevemente.
En 2007, Chávez tomó como bandera política una reforma constitucional que le permitía la reelección indefinida y le daba poderes amplios para avanzar hacia un estado socialista, pero la propuesta fue rechazada en un referendo a inicios de diciembre.
