WASHINGTON.— Fue una pequeña probada de lo que viene. Si las dos audiencias realizadas esta semana sobre la Iniciativa Mérida son un indicio de lo que viene, los 500 millones de dólares de que consta una asistencia que teóricamente representa el compromiso estadounidense de ayuda a México en 2008 van a tener un sabor amargo.Ciertamente ya se sabe que hay problemas en el país, en gran medida por ilegalidad y falta de observancia de derechos humanos; que la delincuencia parece ganar terreno mientras muchos políticos buscan formas de lograr ventajas para sus propios intereses y que se necesita ayuda.
Es un hecho, como dijo el subsecretario de Estado de EU Thomas Shannon, que con la propuesta de asistencia se rompe un tabú de muchos años. Cierto que muchos demócratas y no pocos republicanos tienen tantos o más deseos de golpear a la Casa Blanca que de ayudar a México y que al mismo tiempo una mayoría sabe que ayudar a México en este caso sería ayudarse a ellos mismos.
Después de todo, cualquier cosa que reduzca el flujo de drogas hacia Estados Unidos los ayuda, aunque no tanto como reducir su voraz apetito por las drogas, que dicen combatir con una guerra hasta ahora inútil.
Pero ¿hasta qué grado se necesita de la supervisión estadounidense? ¿Es realmente necesario que dos congresos brutalmente partidistas determinen con intereses contradictorios lo que se puede o no se debe hacer?
De hecho, si el Congreso mexicano está dominado en alguna medida por facciones y tribus, el Congreso de EU trata ahora de hacer sentir su poder sobre un Ejecutivo debilitado, que consideran lo ha ignorado por años, y eso pone a la Iniciativa Mérida en una situación no necesariamente imposible pero sí en la que se multiplicarán los ataques y las condiciones no sólo por la situación mexicana sino por la confrontación con el gobierno del presidente George W. Bush.
Peor aún, hay además algunos que sienten que es el momento de aprovechar la posibilidad y la necesidad de ayuda para obtener ventajas, sea sobre el país en cuestión —o sea, México—, para proyectos personales (tan generosos o bien intencionados como sean o parezcan) o simplemente para subrayar un punto de política doméstica. La ayuda es necesaria ciertamente. Pero Estados Unidos y en especial su Congreso no suelen dar ayuda de manera 100% desinteresada. Basta recordar que cuando en 1995 México necesitó ayuda para superar una crisis financiera hubo necesidad de que el gobierno del presidente William Clinton le diera la vuelta al Legislativo.
El costo de esa asistencia fue más allá de los 500 millones de dólares en intereses que Estados Unidos cobró y México debió reportar sus ingresos petroleros hasta que liquidó la deuda.
Los proyectados mil 500 millones de dólares de asistencia en equipo y entrenamiento pueden ser muy útiles, sobre todo en la construcción de organismos que colaboren en el restablecimiento del imperio de la ley y la seguridad en el país, pero tal vez deberían ser convenidos como una mera transacción comercial.
