BUENOS AIRES.— Un fallo histórico y un desafío igualmente histórico, el que la Justicia peruana tiene por delante. Eso es lo que se generó en las últimas 48 horas con la extradición del ex presidente Alberto Fujimori para que responda por siete delitos (dos de ellos por violación a los derechos humanos).El proceso —acotado por los límites de la extradición— que ahora se inicia comienza a preocupar al gobierno de Alan García, ya que deberá caminar con pies de plomo para evitar la politización del mismo. El gobierno de Michelle Bachelet se anotó un punto a su favor, demostrando que el pinochetismo judicial, en materia de derechos humanos, ya es historia en Chile.
Como hizo en noviembre de 2006 cuando, al llegar sorpresivamente a Santiago, dijo que era parte de “una estrategia”, ahora Fujimori buscó mostrar este fallo de la Corte Suprema chilena como un éxito, o al menos una derrota atenuada, en sus declaraciones previas a su regreso a Lima. “Me voy a Perú con blindaje judicial”, dijo, ya que sólo podrá ser juzgado por siete de los 13 cargos que se le imputaban. El blindaje político se lo darán sus congresistas y esa base electoral que ayer se manifestó incendiando neumáticos y poniendo barricadas en las inmediaciones del aeropuerto.
Hace cuatro años era Carlos Menem el que andaba en estos trámites en Santiago. El ex presidente argentino logró evitar a la justicia por varios motivos. No estaba acusado de violación a los derechos humanos y su ligazón con Chile era sólida e incluso hasta matrimonial. Fujimori no tuvo la misma suerte, aunque en su fuero más íntimo no descarta seguir los pasos de Menem. “Se demostrará que es inocente y volverá a la política”, arriesgaban ayer algunos de sus incondicionales espadachines, como el congresista Carlos Raffo.
Por ahora, ese escenario sólo es una expresión de deseos difícil de plasmar. Fujimori es el primer ex presidente en ser extraditado por delitos de lesa humanidad (las matanzas en La Cantuta y Barrios Altos), y el primero que por ello será juzgado en su propio país, lo que demuestra el avance jurídico en materia de derechos humanos en América Latina y ofrece una oportunidad inigualable para que Perú (como el viernes ocurrió en Chile) fortalezca sus instituciones.
De hecho, los miembros del Tribunal que tendrá a su cargo el proceso gozan del prestigio necesario para no considerarlos permeable al fujimorismo, como otrora pasaba con buena parte de los magistrados del fuero penal. “Si todo transcurre por los canales jurídicos normales, al (ex) presidente le caben entre 20 y 30 años de prisión”, dicen expertos judiciales en Lima.
El presidente Alan García es quien debió haber capitalizado políticamente esa foto del ex mandatario nipoperuano esposado. Pero no. Su cercanía en estos 15 meses de gobierno con la bancada fujimorista le impiden ahora mostrar la extradición como una revancha histórica de la persecución de la que fue objeto a lo largo de una década en los 90. Ahora sólo debe atinar a que el proceso no se convierta en una reyerta política. El que sí puede sacar provecho es el ex presidente Alejandro Toledo.
Fue bajo su gobierno que se inició el trámite de extradición y fue su administración la que soportó las acusaciones de que el expediente presentado ante la justicia chilena estaba mal confeccionado.
Como sea, el regreso de Fujimori, siete años después de su fuga, para ser sometido a la justicia, marcó un hito. El 22 de septiembre de 2007 será recordado como el día que comenzó a saldarse una de las décadas más corruptas y criminales de la historia peruana.
