WASHINGTON.— Los amplios poderes de vigilancia aprobados este mes por el Congreso estadounidense podrían permitir a la administración del presidente George W. Bush realizar, sin necesidad de contar con la aprobación de una corte, operaciones de espionaje que van mucho más allá de las escuchas telefónicas, incluyendo ciertos tipos de registros físicos en suelo estadounidense y recabar los historiales de empresarios de EU, dijeron funcionarios demócratas del Congreso y otros expertos.Funcionarios de la administración reconocieron que a últimas fechas habían escuchado ese tipo de inquietudes de parte de los demócratas en el Congreso, y que existía un continuo debate sobre el significado del lenguaje legislativo. Pero añadieron que los demócratas simplemente estaban formulando preguntas teóricas basados en una estricta interpretación de la legislación. También subrayaron que se aplicarían estrictas reglas para minimizar el alcance de la vigilancia de estadounidenses.
La disputa evidencia la forma en que legisladores, en un frenético fin de sesiones, aprobaron una ley que quizá no entendieron plenamente y que podría haber dado a la administración más poderes de vigilancia de los que buscaba.
También es una muestra de cómo el cambiar unas cuantas palabras en una legislación compleja puede alterar profundamente el Acta de Vigilancia de Inteligencia Exterior, una ley clave en materia de seguridad nacional. Dos semanas después de que la legislación fue aprobada y se convirtió en ley, aún existe un encendido debate sobre cuánto poder dio el Congreso al presidente.
“Esto podría dar a la administración más autoridad de lo que la gente pensó”, dijo David Kris, ex abogado del Departamento de Justicia y coautor de National Security Investigation and Prosecutions, un nuevo libro sobre la ley de espionaje.
Varios expertos legales dijeron que al redefinir el significado de “vigilancia electrónica”, la nueva ley reduce los tipos de comunicaciones cubiertas por el acta FISA, al dar indirectamente al gobierno el poder de usar métodos para recolectar inteligencia que van más allá de las escuchas telefónicas que antes requerían de la aprobación de una corte si se efectuaban en territorio estadounidense.
Por ejemplo, la legislación permitiría al gobierno, bajo ciertas circunstancias, exigir los historiales empresariales de un estadounidense en Chicago sin necesidad de una orden judicial si argumenta que la investigación se relaciona con la vigilancia de una persona que está en París, dijeron expertos.
Es posible que algunos cambios hayan sido la consecuencia accidental del apresurado proceso legislativo que tuvo luchar antes del receso del Congreso de este mes, más que un esfuerzo intencional de parte de la administración para incrementar su poder de espionaje sobre los estadounidenses.
“La intención aquí era únicamente ésta: si tienes a alguien en la mira, fuera del país, el hecho de que estés recabando información dentro del país no debería importar”, dijo un funcionario de inteligencia. Como sea, líderes demócratas dicen que planean presionar para que la ley sea sometida a revisión en septiembre, de ser posible.
