"La pregunta es si los miembros del Congreso podrán ir por encima de la política", planteó Bush durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en la que consideró como "impráctica" la idea de expulsar a todos los residentes indocumentados, mientras la medida que defiende -y que ocasiona oposición a izquierda y derecha- superaba nuevos obstáculos en la forma de adiciones que romperían el acuerdo en su redacción.

En este marco, una encuesta del diario The New York Times y la cadena CBS indicó que la mayoría de los estadounidenses aprueban cambiar las leyes migratorias para permitir a los indocumentados obtener un estatus legal y para crear un nuevo programa de trabajadores invitados.

Dos tercios de los consultados, dijeron que los indocumentados con un buen historial laboral y que no tengan antecedentes penales deberían obtener la legalización como lo propone la ley en debate: pagando multas por al menos cinco mil dólares para recibir una visa renovable de cuatro años.

Bush subrayó que la legislación migratoria desató un fuerte y emocional debate pero se trata de un problema que no puede ser resuelto por partes. "Lo correcto es tener una ley inclusiva y por tanto voy a seguir contactos con miembros del Congreso para llamarlos a mostrar el valor político necesario para enviar la ley a mi escritorio", comentó.

La propuesta de ley, producto de un frágil acuerdo entre senadores republicanos y demócratas totalmente opuestos, comenzó a ser debatida el lunes en la Cámara Alta y en el curso del jueves superó por 49 a 48 una propuesta que haría terminar en cinco años un propuesto programa para trabajadores invitados y otra para facilitar el intercambio de información entre autoridades respecto a la situación migratoria de un individuo.

Igualmente, descartó por 66 a 29 una propuesta del republicano David Vitter que eliminaría lo que el legislador calificó como "amnistía" de la propuesta y de hecho cancelaría toda posibilidad de legalización para residentes indocumentados.

En su conferencia de prensa Bush reiteró que la provisión contenida en la ley no sería una "amnistía".

El presidente señaló que la legislación -atacada a derecha e izquierda- corrige muchos de los errores que en su opinión contuvo la Reforma Migratoria de 1986 y que los críticos de derecha consideran condujo a una gran amnistía y la llegada de millones de personas más.

Carlos Gutierrez, secretario de Comercio y uno de los voceros del gobierno en el tema, indicó por su parte que medidas como el programa de trabajadores invitados, las penalidades para la regularización, la creación de un sistema de verificación de identidades y el fortalecimiento de la frontera son los cuatro puntos principales para reparar el sistema migratorio.

En ese marco el secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, advirtió que quienes se oponen a la medida patrocinan de hecho una "amnistía silenciosa" al insisitir en una deportación masiva "que no va a ocurrir" y en cambio aseguró que la propuesta es realista.

La legalización de los millones de indocumentados latinoamericanos que viven en Estados Unidos se traduciría en un incremento de los ya enormes flujos de remesas hacia América Latina, según Dilip Ratha, economista del Banco Mundial.

Ratha, que participó el jueves en un foro sobre migración y desarrollo en la sede del Banco Mundial (BM), explicó que el estatus legal permitiría a los inmigrantes acceder a trabajos mejor remunerados y a sistemas más baratos para enviar dinero a sus países de origen.