Es el caso de Marie Waldron, la concejal de la ciudad de Escondido, en California, que decidió impulsar una ley que violenta la legislación federal y que, si nada lo impide, prohibirá alquilar viviendas a indocumentados a partir del 19 de noviembre. Está también Russel Pearce, congresista republicano que lucha en pos de su reelección en la ciudad de Mesa, Arizona, y que ha exigido la reimplantación de la operación Wet Back que impulsó en 1953 el entonces presidente, Dwight Eisenhower, para expulsar a poco más de un millón de inmigrantes indocumentados.

Y como corolario, Tan Nguyen, el candidato al Congreso por el condado de Orange, cuya campaña envió misivas que amenazaban a votantes hispanos si decidían votar en los comicios del 7 de noviembre.

La difusión de la noticia causó tal impacto, que Nguyen óptó por decir que él no sabía nada, aunque ayer aseguró que todo se debió a un error de traducción y que la misiva iba dirigida, en realidad, a los residentes legales permanentes, que por alguna razón no pueden votar, y no a los que se han naturalizado como ciudadanos norteamericanos, los únicos facultados para hacerlo.

Chivos expiatorios

A contracorriente de un movimiento que sacó a cientos de miles de inmigrantes a las calles de EU para exigir una reforma migratoria amplia y justa, las campañas antiinmigrantes se reprodujeron con inusitada virulencia para consagrar a poco más de 12 millones de indocumentados como chivos expiatorios de una política de seguridad que domina el debate nacional y la agenda del presidente George W. Bush. "Era obvio que habían decidido no escuchar el reclamo de millones de personas que salieron a las calles para exigir el reconocimiento de sus derechos y decidieron, en cambio, utilizar a los inmigrantes como carnaza electoral", consideró Luis Ángel Nieto, de la Coalición en Defensa de los Inmigrantes del Sur de California.

Para Antonio González, del Instituto William Velásquez, la posible derrota del Partido Republicano en noviembre estará en relación directa con el fracaso de la guerra en Irak pero, también, con la campaña republicana contra la reforma migratoria. Y es que, según los más recientes sondeos, de los poco más de 26 millones de inmigrantes legales de origen latino, más de 73% se opone a la criminalización de los inmigrantes y más de 66% repudia la construcción de nuevos muros en la frontera.

"El voto de castigo de los hispanos contra los republicanos podría marcar la diferencia. Y, aunque una victoria demócrata podría producirse por un estrecho margen, el impacto que tendrá en el debate migratorio podría abrir una nueva vía a la negociación", aseguró González.