Por un lado, se trata de una tendencia que pone la seguridad de los estadounidenses por encima de todo, incluso, de ser necesario, de sus derechos civiles; por el otro, es una tendencia que al tiempo de representarse como abierta al mundo busca formular una defensa de tradiciones legales que parecen sobrepasadas por los hechos.

Los atentados hicieron que un país que se sentía seguro diera un vuelco repentino y se sintiera amenazado por un mundo que según el presidente George W. Bush "envidia nuestras libertades" y forma de vida. Lo que es evidente es que de barreras de seguridad más o menos decorativas alrededor de todo edificio que se considere importante, a demandas por mayor vigilancia en las fronteras, la seguridad es ahora parte del panorama estadounidense.

Pero es obvio a tal grado que, sin quitar gravedad o atención a los casi 3 mil muertos registrados en las torres gemelas de Nueva York y el Pentágono en Washington, algunos activistas afirman que la principal víctima de los ataques terroristas fueron las libertades civiles de los estadounidenses.

Para organizaciones de derechos civiles y derechos humanos, el gobierno ha tratado de reducir el alcance de las libertades individuales a través de medidas que si no expresamente prohibidas, tampoco están expresamente autorizadas por las leyes, y han sido sujetas a una amplia interpretación legal por parte de la administración Bush.

De acuerdo con una clasificación del izquierdista Instituto de Libertades Civiles Meiklejohn, de Nueva York, en el curso de buscar más seguridad para su país, las autoridades estadounidenses han violado 30 categorías de derechos humanos y civiles. Las medidas de seguridad adoptadas o buscadas por el gobierno o sus simpatizantes políticos han ido de la creación de una gigantesca burocracia dedicada a la seguridad nacional, a una legislación que brinda a las autoridades mayor acceso a información individual y que, de hecho, facilita la vigilancia de lo que dicen y hacen los estadounidenses.

Un ambiente de alarma

Ello, en el marco de un ambiente de alarma que auspició el resurgimiento de sentimientos xenófobos -siempre presentes en cualquier sociedad- y ha cobijado una formidable reacción contra indocumentados, antes tolerados pero que ahora son presentados prácticamente como peligros para la seguridad nacional.

El gasto en seguridad nacional y defensa supera hoy los 500 mil millones de dolares, incluidos más de 40 mil millones en vigilancia doméstica, pero los estadounidenses no parecen sentirse o estar más seguros que en los días inmediatamente posteriores al 11-S.

Y cinco años después, el sentimiento de unidad nacional que permeó este país en los días posteriores al ataque y llevó a las sucesivas guerras contra Afganistán e Irak, ha sido remplazado por una profunda división y desconfianza en las medidas del gobierno.

Peor aún, al margen de gestos más o menos simbólicos o disuasivos -como las barreras de seguridad frente a los edificios del Congreso o los pilones de concreto alrededor del complejo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y el registro de huellas dactilares de los visitantes extranjeros-, expertos coinciden en que Estados Unidos no está mejor protegido hoy que en 1999.

De hecho, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) del Congreso ha penetrado repetidamente puestos de inspección fronterizos con documentación falsa, mientras críticos conservadores se quejan de que menos de 10% de los contenedores que llegan a este país son inspeccionados y de que las fronteras son tan porosas a la llegada de inmigrantes ilegales como a la posible entrada de terroristas.