El documento impulsado por México fue adoptado al final de una intensa jornada de negociaciones, y tras un proceso de cinco años durante los que por primera vez, trabajaron en las mismas salas, gobiernos y representantes de la sociedad civil.

"Es un hecho sin precedente, logrando trabajando codo con codo y en el mismo espacio durante un tiempo relativamente corto" , dijo el presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, Jan Eliasson, después de la adopción de la medida.

El acuerdo constituye "un paso muy importante en la ampliación del régimen universal de los derechos humanos" , dijo a su vez el embajador alterno de México ante la ONU, Juan Manuel Gómez Robledo.

La Convención garantizará derechos civil es, políticos, económicos y sociales a las 650 millones de personas que se estima tienen algún tipo de discapacidad alrededor del mundo.

El texto aprobado pasa ahora a un proceso de redacción jurídica y traducción a las seis lenguas oficiales de la ONU, y se espera que sea adoptada por la Asamblea General de la ONU antes de noviembre próximo para entrar en vigor cuando las instancias legislativas de un número de países aún por determinar, la ratifiquen.

Dichas naciones quedarían vinculadas jurídicamente por el texto y deberían adoptar sus legislaciones nacionales a la nueva norma.

Entre éstas, se contempla la adopción de leyes nacionales que prohíban de manera específica la discriminación basada en discapacidad, así como que se garantice a sus ciudadanos igualdad de oportunidades en todas las esferas de la vida diaria.

El presidente de la Comisión Nacional contra la Discriminación y colíder de la delegación mexicana, Gilberto Rincón Gallardo, dijo que la Convención refuerza cambios legislativos recientes a nivel nacional: "Como proponentes de esta Convención, estamos ahora como Estado, obligados a hacer cumplir la letra y espíritu de este documento histórico".

El que asomaba como el principal obstáculo en esta octava sesión -la creación de un mecanismo de verificación de la Convención- quedó superado en el grupo de trabajo que lideró Gómez Robledo. Se acordó crear mecanismos paralelos, el de verificación convencional, que es vinculante, y un protocolo facultativo que no lo es y que dio a países con reticencias a la primera instancia, la posibilidad de sumarse al compromiso. La Convención fue una iniciativa de Italia que quedó congelada por años hasta que en su primer discurso a la Asamblea General de la ONU en 2001, el presidente Vicente Fox la retomó.