La mayoría simplemente se traslada al interior del país después de recibir un "Aviso para comparecer" a una audiencia de deportación, documento que los agentes de la Patrulla Fronteriza llaman a manera de broma "Aviso de desaparecer".

El éxito que han tenido quienes se quedan en EU por medio de este proceso de "atrapar y liberar" ha alentado a otros que esperan ingresar al país de la misma forma.

El presidente Bush se ha comprometido a sustituir este proceso con uno de "atrapar y regresar" a 160 mil inmigrantes "no mexicanos" (u OTM, por sus siglas en inglés) que son arrestados cada año.

La meta es negar audiencias a todos, excepto los solicitantes de asilo, acelerar las deportaciones y sacar el mayor provecho a los limitados espacios en prisiones y centros migratorios.

Pero mientras en Washington se debate una reforma migratoria, la persistencia del problema es un recuerdo de las consecuencias involuntarias y costosas que han tenido los esfuerzos realizados en el pasado para reforzar la aplicación de la ley en la zona.

Incluso si las autoridades superan los obstáculos operativos y legales para reducir el número de personas que provienen de El Salvador, Honduras, Guatemala y otros países, estarán atendiendo, según expertos, apenas una minúscula parte del problema migratorio.

La Patrulla Fronteriza arrestó a casi 1.2 millones de personas el año pasado -la mayoría mexicanos que fueron regresados a su país- y estima que otros 500 mil evadieron la captura. "El Congreso ha construido una de las puertas giratorias más caras del mundo", indicó Víctor Cerda, ex jefe de personal de la agencia de Aplicación de las Leyes de Migración y Aduanas. Sin cambios más amplios, indicó, "vamos a estar aquí en 10 años con otros 20 millones de extranjeros".

Desde la fundación del Departamento de Seguridad Interior, los arrestos de OTM se han triplicado, de 49 mil 545 en 2003 a 155 mil en 2005. En cambio, no se ha incrementado la cifra de centros de detención, tribunales y reformas diplomáticas o administrativas.

Por ello, el aumento de los arrestos resultó contraproducente, porque no había lugar para llevar a los decenas de miles de detenidos nuevos. Los tribunales migratorios, abrumados de trabajo, tampoco han podido mantener el ritmo.

La Patrulla Fronteriza (PF) no puede enviar a México a los no mexicanos, pues ese país no acepta a los ciudadanos de otras naciones, lo que obliga a la agencia a proporcionarles alojamiento, a un costo anual de 35 mil dólares por cama.

El año pasado, los agentes de la PF liberaron a 70% de los OTM dentro del país. De aquellos que fueron liberados y se les ordenó dejar el país, sólo 18% lo hicieron. Pronto se corrió la voz entre contrabandistas e inmigrantes ilegales, que se apresuraron a ingresar para saber si para encontrar trabajo en EU lo único que tenían que aguantar era una breve detención en la frontera.

Estadísticas federales muestran el resultado: una vez arrestados y liberados, el número de inmigrantes ilegales que no asistieron a la Corte se triplicó, de 29 mil 550 en 2003 a 97 mil 868 en 2005.

"El sistema está descompuesto", indicó Robert Bonner, titular de Aduanas y Protección Fronteriza de EU de 2003 a 2005. Para quienes pretenden entrar al país ilegalmente, este sistema -indicó Bonner- "es lo contrario de la disuasión. Es una invitación".

(Traducción: Gregorio Narváez)