Mientras otras ciudades luchan con el problema de la inmigración ilegal, Painesville, Ohio, una ciudad de 17.000 habitantes 48 kilómetros al noreste de Cleveland, trata de aprovecharla.

Lake County, una comunidad mayoritariamente blanca y conservadora, fue una de las primeras del medio oeste que aceptó la matrícula consular, una cédula de identidad emitida por el gobierno mexicano. Las autoridades la aceptan como documento para abrir cuentas bancarias y obtener servicios públicos.

"Comprendemos que un cierto porcentaje de la población es indocumentado", dijo la administradora municipal Rita McMahon. "Mientras no cause problemas, no tenemos los recursos para preocuparnos por ello".

Lake County y el vecino Ashtabula County tienen entre 8 mil y 10 mil inmigrantes mexicanos, la mitad de los cuales probablemente son ilegales, según revela Organizaciones Hispanas de Lake y Ashtabula, que defiende los derechos de los inmigrantes.

"No se pone tanto el acento sobre si alguien es legal o no", dijo Veronica Dahlberg, fundadora del grupo. "Más bien es, ¿cómo hacemos de Painesville un lugar mejor?"

En Butler County, en el sudoeste de Ohio, algunos dirigentes promueven una ley que convertiría en crimen el solo hecho de ser inmigrante ilegal en ese estado. El jefe de policía Rick Jones lanzó una campaña publicitaria para advertir a los empleadores que contratan ilegales que están violando una ley federal. Otros dirigentes quieren obligar a quien solicite un permiso para construir un inmueble a que se comprometa por escrito a no tomar mano de obra ilegal.

Pero en la ciudad de Painesville prima la actitud de no preguntar ni denunciar.