Pulso Político
Francisco Cárdenas Cruz
El Universal
Martes 30 de octubre de 2001
primera seccion

Lo de Digna Ochoa sume al gobierno en una grave crisis
Crisis de credibilidad y confianza si no se logra esclarecer
Serias contradicciones entre Fox y sus colaboradores.

Si con los atentados terroristas del 11 de septiembre pasado, Osama Bin Laden puso de cabeza a los Estados Unidos y al mundo entero, el brutal asesinato de la
defensora de derechos humanos, Digna Ochoa, sumió al gobierno del presidente Vicente Fox en la peor crisis de credibilidad y confianza en sus 10 meses de gestión,
de cara a un crimen que avergüenza a México y a los millones de mexicanos que sufragaron a su favor. A 11 días de que la abogada veracruzana fue muerta a tiros en su
modesto despacho de la colonia Roma, a lo más que ha llegado el presidente Vicente Fox, luego de lamentar y condenar el hecho, es a señalar que es un crimen del
fuero común y que hay un responsable de la investigación, que es el gobierno de la ciudad de México y su Procuraduría de Justicia.

El Primer Mandatario demandó, junto con todas las organizaciones de derechos humanos, "la pronta y urgente resolución por parte de la autoridad encargada de este
`tema`" porque "a todos nos es importante que se aclare" y rechazó la insinuaciones de que el asesinato proviene de algunas dependencias dentro del gobierno federal el
Ejército Mexicano o la PGR, según lo que se ha dejado entrever y, también, "que haya acusaciones por adelantado".

Y ante el reclamo unánime de la opinión pública nacional y de organismos internacionales de que a la mayor brevedad se esclarezca el asesinato de Digna Ochoa, el
presidente Fox aseguró que el gobierno federal ha ofrecido toda la coadyuvancia posible y el apoyo para que se llegue a castigar a los culpables.

Explicó que su gobierno ha ofrecido y comprometido una apertura total de los archivos y expedientes y de cuanta información existe en el Centro de Investigación y
Seguridad Nacional, el Cisen, así como en el Ejército, la PGR o en cualquier otra dependencia, "para que sepa el Ministerio Público y la Procuraduría del Distrito Federal
que está totalmente abierto cualquier archivo y cualquier información que sirva para la aclaración de este artero crimen".

Sin embargo, el peloteo entre autoridades de los gobiernos federal y del DF ha quedado claro desde la noche misma del crimen, el viernes 19 del presente, lo que se ha
agudizado ante la presión que enfrentan ambos.

Ciertamente la muerte de la defensora de derechos humanos es del fuero común, por lo que la investigación corresponde a la Procuraduría de Justicia del Distrito
Federal, pero contra lo que ha ocurrido en otros asesinatos, esta vez la PGR no ha solicitado atraer el caso, ni parece haber intención de hacerlo, al menos hasta ahora,
quizá porque el nombre de esa dependencia, desde el primer momento, fue mencionada por compañeros y amigos de la víctima, como una de las que, a través de
algunos de sus agentes, interrogaron en varias ocasiones y hostilizaron a la extinta.

Andrés Manuel López Obrador, jefe del gobierno capitalino, ha dicho y reiterado que el compromiso de esclarecer este homicidio es de la Procuraduría de Justicia del DF,
pero también debe serlo del Estado Mexicano y ha recordado que casos como los de Aguas Blancas, en Guerrero, o de Acteal, en Chiapas, si bien fueron cometidos en
esos estados, el gobierno federal intervino en ellos a través de la PGR, lo que ahora no ha ocurrido con el caso de Digna Ochoa.

El titular del GDF ha dicho que ni él ni la PGJDF tratan de eludir su responsabilidad, pero que por razones obvias, requieren de la coadyuvancia del gobierno federal en las
investigaciones que se llevan a cabo.

Por su parte, el procurador capitalino Bernardo Bátiz, presa del desconcierto y quien en este caso particular ha tenido varias y frecuentes pifias que lo llevaron a asegurar,
sin tener prueba alguna, que el asesinato de la joven defensora de los derechos humanos "es un signo del terrorismo de extrema derecha", ha "descubierto" que "el móvil
es político", porque ya se descartó el robo o algún problema de carácter familiar y ahora acaba de anunciar la creación de una "comisión especial" que investiga el caso.

Aunque aseguró que "hay avances" en esa tarea, se rehusó a dar los nombres de los integrantes de esa comisión para que no sean entrevistados por los medios de
comunicación y evitar que se entorpezca su labor.

En otra declaración que hiciera recientemente, Bátiz advirtió que no habrá ningún titubeo para ahondar en la investigación y que si ésta se encamina hacia integrantes del
Ejército Mexicano, "por supuesto que los llamaremos a declarar, si son simplemente testigos, o si se les encuentra alguna presunta responsabilidad".

El crimen de Digna Ochoa se ha convertido en el asunto más delicado y espinoso que enfrenta el gobierno foxista a lo largo de los 10 meses que lleva, tanto por la
presión interna como internacional, en particular de organismos de derechos humanos de los Estados Unidos y de Europa.

Eso lo ha llevado a enfrentar una grave crisis de credibilidad y confianza ciudadana, como la propia subsecretaria de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría
de Relaciones Exteriores lo reconoció el sábado pasado en el programa radiofónico que conduce el presidente Fox.

Al hablar con el Presidente y referirse al caso de Digna Ochoa, la controvertida funcionaria dijo que "uno de los efectos de este horrible crimen es el que se pueda
empezar a destruir la confianza que la ciudadanía tiene en su gobierno".

Y así es, lamentablemente para Fox, y así será si no se determina la autoría intelectual y material de ese homicidio y se aclara si hubo o no participación de miembros
del Ejército Mexicano o de la PGR, como se ha dejado entrever.

Bien, que el Presidente rechace "acusaciones por adelantado" o insinuaciones de que el asesinato de la defensora de derechos humanos proviene de algunas
dependencias del gobierno federal.

Pero, mejor, que se profundice en las investigaciones y se sepa la verdad, sean cuales sean los resultados de éstas, habida cuenta de que las, y los, defensores de
derechos humanos, saben mejor que nadie quiénes les siguen los pasos de manera permanente y no de ahora, sino de siempre.

De no ser así, el gobierno foxista sucumbirá en la crisis de credibilidad y confianza, a la que súbitamente, ante de un año de gestión, lo llevó el crimen de Digna Ochoa.

De esto y de aquello...

O el presidente Vicente Fox sigue viendo a México con ojos muy distintos a como lo ven algunos miembros de su gabinete, o las cifras que uno y otros tienen son
discrepantes, o alguien está mintiendo a sabiendas... En su programa radiofónico sabatino, el Primer Mandatario volvió a decir que él no sabe de dónde obtienen los
medios de comunicación las cifras sobre desplome en el turismo, desempleo y descenso en las remesas que los mexicanos que trabajan en los Estados Unidos le
envían a sus familiares... Aseguró que en base a información registrada en el Banco de México, durante el mes de septiembre, tras los atentados terroristas en la Unión
Americana no hubo tal disminución de envío de divisas de connacionales sino que hasta se envió "un poquito más" de lo habitual... Del turismo reconoció que si bien la
semana siguiente al 11 de septiembre hubo una caída en la ocupación hotelera nacional, después todo se recuperó gradualmente, y que no ha habido cancelaciones
importantes de los grupos que vendrán durante la temporada alta que está por comenzar... Y del desempleo aseguró que durante agosto, septiembre y octubre, no lo
hubo sino que, al revés, se generaron cerca de cinco a 10 mil empleos más de los que había en julio... Sin embargo, el secretario del Trabajo, Carlos Abascal Carranza,
declaró el jueves 25 del presente que "tan sólo en la primera quincena de octubre se perdieron cinco mil empleos" y reconoció que ese problema no ha tocado fondo, por
lo que debe atenderse a la mayor brevedad... Leticia Navarro Ochoa, secretaria de Turismo, al presentar la semana pasada un plan de contingencias que esa
dependencia pondrá en marcha en semanas venideras "para frenar la caída" en ese sector, después de los atentados terroristas del 11 de septiembre... Reveló que los
destinos más dañados han sido los de playa y que en el caso de Cancún, tras los sucesos en Nueva York y Washington, la ocupación hotelera se desplomó entre 20 y
30 por ciento y en Puerto Vallarta, hasta 50 por ciento... Dirigentes y legisladores del PAN rechazaron ayer que el Ejecutivo esté presionando al Congreso de la Unión,
concretamente a la Cámara de Diputados, para aprobar sus iniciativas, posición a la que se sumó la presidenta de la mesa directiva en San Lázaro... Jorge Ocejo,
secretario general del blanquiazul, y Felipe Calderón Hinojosa, coordinador de la diputación panista, coincidieron en que "no hay nada", ni muchos menos se ha
emprendido una campaña de desprestigio contra los legisladores... Ambos señalaron que lo que hay es una discusión y análisis de las iniciativas para llegar a
consensos, entre ellas la reforma fiscal, pero sin que hasta ahora se haya llegado a ningún acuerdo como "algunos" el presidente Fox y el coordinador de Políticas
Públicas, Eduardo Sojo han asegurado... Calderón Hinojosa admitió que sí hay, ciertamente, un reiterado señalamiento de los medios de comunicación, "descalificatorio
del trabajo de la Cámara de Diputados, en algunos casos con razón, en algunos casos sin razón"... Dijo desconocer, igual que la priísta Beatriz Paredes, que en San
Lázaro se haya creado un Grupo Plural con diputados de distintos partidos, que estén en desacuerdo con el Ejecutivo por presionarlos para que aprueben la reforma
fiscal... De esa manera, desconocieron y descalificaron a sus colegas del PRI, PRD, Convergencia por la Democracia y algunos independientes, que anunciaron que en
la sesión de hoy presentarían al pleno un documento en el que acusan al Ejecutivo de haber orquestado una campaña de críticas y desprestigio a los integrantes de la
Cámara Baja para obligarlos a aprobar sus iniciativas... Bajo la premisa de que "después de Fox cualquiera puede ser Presidente", gobernadores del PRI, PRD y PAN,
han empezado a dar, muy anticipadamente, pasos en ese sentido: al zacatecano Ricardo Monreal Ávila han seguido los priístas mexiquense, Arturo Montiel, y
tamaulipeco, Tomás Yarrington y el panista queretano Ignacio Loyola Vera... Si eso ocurre a dos meses de que el actual Primer Mandatario cumpla su primer año de
gobierno, es fácil imaginar que la lista crecerá hasta el infinito en los meses venideros y en una de esas, hasta los mismos perdedores del año pasado, el priísta
Francisco Labastida y el perredista Cuauhtémoc Cárdenas, se apuntan de nuevo... Por cierto que después de que el sinaloense no logró ser delegado a la Asamblea
Nacional por su entidad natal, vino a buscar el cobijo de Heladio Ramírez López, presidente de la CNC, para poder acceder al máximo evento del tricolor, el mes
próximo... Eso no hace sino confirmar que los integrantes de la cúpula priísta no tienen remedio y que, a querer o no, se encaminan a una farsa de Asamblea Nacional,
más "arreglada" que una pelea de Don King, en la que los delegados llegarán "elegidos" por el "dedazo" de siempre y las "reformas" previamente "maquilladas"... Eso, a
pesar de que Roberto Madrazo y José Murat, gobernador de Oaxaca y algunos líderes estatales, entre ellos el oaxaqueño Ulises Ruiz, insisten en que la Asamblea
Nacional del mes que entra deberá ser electiva y no sólo deliberativa... Los tres critican la pretensión cupular de que no haya plenaria inaugural, temeroso como está el
labastidismo de que le arrebaten de las manos el partido que tiene secuestrado desde el 3 de julio del año pasado... Luis Pazos, el panista presidente de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, aseguró ayer que con o sin reforma fiscal, el paquete económico del 2002 será dictaminado y aprobado... El
legislador y economista veracruzano se pronunció en contra de que el Ejecutivo, de acuerdo a sus facultades, autorice aumentos de tarifas de servicios públicos, como
electricidad y gasolina, para "emparejarse" ante el rechazo a que se graven alimentos, medicinas, transporte y colegiaturas... Al cumplirse hoy el primer año de la muerte
de don Fernando Gutiérrez Barrios, el gobernador priísta de Veracruz, Miguel Alemán, encabezará una ceremonia luctuosa en el Centro de Especialidades, en cuyo jardín
descubrirá un busto del desaparecido político veracruzano, al que asistirán familiares y amigos de quien fuera secretario de Gobernación, gobernador de su entidad natal
y senador de la República...

Ante el temible panorama
Emmanuel Carballo*
El Universal
Martes 30 de octubre de 2001
nacion

EL asesinato de Digna Ochoa resume como escalofrío el destemplado clima mexicano. Se dice que es una dura prueba para nuestra incipiente democracia. Que sólo si
se castiga a los culpables se demostrará la voluntad del nuevo gobierno para hacer efectivo el estado de derecho. Que en su compromiso con la investigación Fox
exhibirá sus credenciales como promotor de los derechos humanos. La oposición usa palabras fuertes y se une en la protesta a las organizaciones de la sociedad civil.

El PRI advierte cómo los vicios nacionales rebasan las tenues fronteras partidistas. En esa lógica sería bueno acordarse en las próximas elecciones que es mejor
sufragar por criminales con experiencia que por bandidos despistados en la conducción de un país. Cuando la moral se esfuma queda, tan sólo, la eficacia. El PRD se
deleita en su profecía. Los mexicanos se equivocaron en masa al elegir a un presidente tan afín a las prácticas que distinguían al Partido Revolucionario Institucional.
Dejan margen a la salvación; nunca es tarde, por supuesto, para enmendar los errores.

No sería extraño que en unos cuantos días (semanas, quizá) se encuentre a los responsables. Algún capitán de poca monta junto a un teniente perdido en las tristes
barracas de algún cuartel sin importancia serán "hallados" culpables de tan "aberrante crimen". Los políticos de la nueva y vieja guardias se disputarán los micrófonos
para elogiar el ejemplo de la más reciente y más ilustre mártir de nuestra democracia y como epílogo citarán el compromiso del Presidente de la República con los
preceptos de la justicia (en tiempos de orgullo nacional se deben desatender las rencillas del momento y demostrar compromiso con las instituciones).

Ante la presión de la política diaria, el paquidérmico sistema judicial se mueve con la agilidad de un ratón: eficiente y marrullero. Para aplaudir el acontecimiento se puede
adelantar un viaje del presidente Vicente Fox, a Washington, por ejemplo, para narrarle a los paladines de Occidente, en un inglés entrecortado, cómo concluyó en
México la impunidad.

El asesinato de Digna Ochoa deja en claro la majestuosa ignorancia política sobre la cual se quieren construir los cimientos de una vida pública libre de enfermedades.
La gran mayoría de los mexicanos desconoce los nombres y las carreras de los ciudadanos que edifican desde abajo el estado de derecho. Aquellos personajes que
salvan a sus semejantes y de paso el prestigio de nuestras leyes de entre las fauces del lobo. Me refiero a una minoría que tienen proporciones de secta sietemesina. Un
puñado de mujeres y hombres que recorren el país documentando la impunidad, que luchan contra el cinismo y apuestan por la posteridad de sus almas. Son parias
entre los parias. Una de las pocas especies sociales que no buscan recompensa constante y sonante en los callejones de la realidad.

Su misión es tan exorbitante que apenas provoca una sonrisa de ligera piedad entre el grueso de la población. Me gustaría pensar que escribo sobre la "inmensa
minoría", la que anuncia al resto de nosotros el camino que se debe transitar. Por desgracia no iluminan una ruta que sea desconocida. Basta convocar a un concurso de
oratoria, a un premio de ensayo, a una sesión legislativa, a una conferencia de prensa en Palacio Nacional o a una consulta ciudadana para enterarnos del lugar de honor
que ocupan los derechos humanos en el discurso de todos nosotros.

Entre más demagogo sea el ponente los argumentos serán más contundentes en favor de la ley y en contra de la tortura. Y bien sabemos que para la demagogia los
políticos de éxito se pintan solos. Lo que importa en una democracia, en un estado de derecho, en una comunidad política es que los preceptos escritos en piedra se
disfruten como realidad día a día, hora a hora. No hay precepto hermoso de la modernidad que no se convierta en linda página de la literatura mexicana. No hay precepto
de la modernidad que no haya sido desvirtuado, alguna vez, en los sótanos de las dependencias públicas.

De entre los funcionarios foxistas, la declaración más sincera la hizo Jorge Castañeda en Guadalajara: "Se trata de un duro golpe para la imagen del México que
queremos construir". La tarea desde el 2 de julio del año 2000 es fabricar esta imagen: México como producto para consumir en el mercado global. En nuestra hipocresía
sabemos que el espejismo ya es un avance sustancial. La movilización popular es tan esporádica y reducida a eventos tan extraordinarios que la protesta cotidiana se
vuelve la pluma de vomitar de los buenos mexicanos que ven con desprecio los cambios de la vida pública. El compromiso de la abogada Ochoa es difícil de concebir
fuera de la fe religiosa. Sólo una conciencia bien cimentada en el sacrificio puede arriesgar la vida con esa temeridad. En este caso ni la buena voluntad nos puede llevar
al grito de "todos somos Digna Ochoa". Aquí casi nadie puede proclamar semejante título: pecaríamos de una demagogia parecida a la de nuestros líderes. Pocos tienen
la honradez social y religiosa de la mujer asesinada.

Me parece, sin embargo, que no debemos construir un país de mártires. La política debe ser una actividad que nos obligue a una práctica constante, pero nunca a
arriesgar la vida. Se trata, nada más, de que la protección de los derechos humanos sea un trabajo de 9 de la mañana a 5 de la tarde y lo pueda ejercer con toda
responsabilidad cualquier Ministerio Público de cualquier agencia investigadora. Para llegar a esa meta es necesario un gran esfuerzo.

* Escritor, profesor e investigador

Digna sobrevive a la muerte indigna
Jesús Vergara Aceves*
El Universal
Martes 30 de octubre de 2001
nacion

DESAFORTUNADA, en un procurador de justicia, y dañina para la causa de Digna Ochoa y los derechos humanos, resultó la expresión del Procurador de Justicia del
DF, Bernardo Bátiz: sospecha que la autoría del crimen venga de la ultraderecha. Es desafortunada, porque la procuración de justicia ha de estar ajena, lo más posible, a
los conflictos partidistas. Es dañina no sólo al procurador, actualmente perredista, al gobierno del Distrito Federal y al mismo PRD, sino muy en particular a los
defensores de los derechos humanos, fácil y superficialmente acusados de "grilla" política de izquierda.

1. El caso de Digna puede politizarse torpemente. Es el modo más fácil de liquidarlo sin llegar a aclarar nada. Precisamente por ello, los activistas de derechos humanos
son profesionales de la justicia. No se pueden permitir ambigüedades. La justicia no es exclusiva de algún partido. Está por encima y les puede a todos y cada uno de
ellos.

La actividad de los derechos humanos colinda, por una parte con la ética social y, por otra, con el foro especializado de la justicia y el derecho. No puede adueñarse de
ninguno. Tiene propia autonomía. Asimismo, la ética y la justicia son para toda la sociedad, para la vida pública y privada, para ciudadanos y extranjeros, para todo ser
humano . Deben ser respetados por todos los partidos políticos y los gobiernos del mundo, porque luchan por romper los maniqueísmos políticos y atender cívicamente y
sin condiciones a que se realice la dignidad de las personas y los grupos civiles. De otra manera no tendrían autoridad moral para administrar la justicia ante los partidos
y el gobierno mismo.

La causa de Digna Ochoa tiene que evitar a toda costa ser confundida con un desquite político que sólo pretenda la venganza. Puede ser un modelo viable de justicia,
ante Bush y Bin Laden, para derrotar el terrorismo artero y anónimo, que atenta contra todos los derechos de todo ser humano.

Definitivamente los asesinos tienen su mentalidad en el profundo pozo del pasado caciquil. Me atengo a la nota que dejaron junto al cadáver de Digna: "Hijos de puta, si
siguen, a más de uno le va a pasar lo mismo. Sobre aviso, no hay engaño". Amén del insulto y de la ironía, lo que pretenden es detener la marcha de los derechos
humanos. De hecho ya se les ha dado una implícita respuesta a los asesinos: a pesar de su crimen, no pierden el derecho a ser juzgados con garantía de justicia
imparcial. ¿O preferirían que les aplicaran una "justicia" como la que adujeron al victimar a Digna?

Es verdad que las redes de impunidad son muy extensas y de hondo arraigo. Pero no han contado con la nueva interdependencia mundial. No sólo mataron a Digna, han
desafiado a una red muy fuerte de defensores internacionales de derechos humanos, donde Digna pervive. Y van a seguir cada vez más unidos. Los crímenes sólo se
superan con la exposición a una cruz que abraza dignamente a todos.

La novedad del crimen está en que atacan a mansalva los mismos derechos humanos, con premeditación, alevosía y ventaja. Así se expresó por radio el doctor
Grossman, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dice que estamos ante un nuevo crimen gravísimo: los asesinos esperan arteramente a que
desaparezca la protección para liquidar a la víctima.

2. Digna sobrevive como vínculo de solidaridad con todo ser humano que respete a los demás, empezando por sí mismo. Se trata de una pervivencia invulnerable: ningún
crimen puede ya destruir la fuerza de un testimonio que aglutinó fuerza global. El mayor temor del hombre no es a la muerte, porque no puede quitar lo más valioso del
ser humano. El hombre es siempre todavía valor y dignidad que no mueren.

El simple enunciado de las asociaciones internacionales de derechos humanos que se han solidarizado, no cabría en todo el espacio que se me concede. Basten las
siguientes: las Naciones Unidas, en la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Mary Robinson; en Hina Jilani, representante especial del secretario
general; los relatores especiales de Naciones Unidas sobre Tortura, sobre Ejecuciones Extrajudiciales, y sobre la Independencia de Jueces y Abogados; La Unión
Europea; La Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Amnistía Internacional; Human Rights Watch; Consejo Permanente de la Organización de Estados
Americanos; Comisión Internacional de Juristas; Servicio Internacional para Derechos Humanos, Ginebra, Suiza; Derechos y Democracia, Canadá.

3. Por todas estas organizaciones, Digna Ochoa está presente, urgiendo la investigación del crimen. Es absolutamente necesario que se abran, además de la del
crimen, otras dos investigaciones con presencia y participación internacionales, sobre dos puntos oscuros que me parecen clave. Primera, la investigación de la petición
oficial de México a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, de eliminar la protección a Digna Ochoa. Édgar Cortez, director del Centro Pro-DH, niega que el
Centro o la occisa lo hayan solicitado: "En ningún momento pedimos se retirara la protección y mucho menos las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores
nos consultaron al respecto" (EL UNIVERSAL 24/10). La Corte Interamericana ha reiterado que la concedió por petición oficial de México.

Segunda, también hay que reabrir las investigaciones que realizaron las Procuradurías de Justicia, para verificar sus conclusiones y recomendaciones, y constatar si la
Secretaría de Relaciones Exteriores se apoyó válidamente en ellas o en otros estudios, para hacer la petición.

El gobierno de Vicente Fox tiene una oportunidad magnífica para, por fin, hacer efectivo su compromiso con los derechos humanos, ante la nación y ante el mundo
entero, presente definitivamente en el caso, a través de la potente red de comunicación internacional que está transformando al mundo en una nueva interdependencia de
todos. Esta actitud podría dar consistencia y rumbo definitivo, no sólo a la alternancia en el poder sino al cambio hondo que la ciudadanía está todavía esperando.

Centro Pro-DH: el ataque del mal, bien discernido, confirma que es correcta la acción emprendida por el bien!.

ctavasco@prodigy.net.mx .

* Director del Centro Tata Vasco de investigación social

¡Eso es lo que lastima!
Rosario Ibarra*
El Universal
Martes 30 de octubre de 2001
nacion

México nunca ha gozado realmente de libertad política. El país sólo ha conocido promesas de libertad.. .

Estaba en su casa de campo cuando un oficial de rurales lo invitó a que lo acompañase. Montó en su caballo y salió con él. Al día siguiente unos sirvientes encontraron
su cadáver acribillado a balazos .

John Kenneth Turner. .

ALGUNOS amigos y compañeros me han preguntado con insistencia, por qué no hablé en el mitin que se hizo frente a Gobernación para protestar por el asesinato de
Digna Ochoa. Y es que les cuesta trabajo entender que a veces sube la ira y se aposenta en la garganta y resulta imposible que las palabras broten con fluidez. Y es
también que la memoria duele, duele mucho, al hacer recuento de tanta injusticia y de tanto crimen impune... Aquella tarde, como en un desfile doloroso, veía pasar en
mi mente rostros que nunca he podido ni he querido olvidar; fotografías que contemplé con tristeza muchas veces, en periódicos viejos, en revistas y en carteles, de
hombres y mujeres asesinados con vileza extrema. Crímenes que han arrancado al pueblo alaridos de dolor en todo México pero que, como burla siniestra de los
diferentes gobiernos, siguen sin castigo.

¿Cómo hablar esa tarde? les digo a mis amigos, si el recuerdo de Rubén Jaramillo me punzaba la mente; si me parecía ver la imagen de Óscar González Eguiarte
"fusilado" en Sonora allá en el lejano 1968 y a Pablo Alvarado, sacado de una crujía de Lecumberri para asesinarlo; y a Diego Lucero, a Enrique Cabrera, a Joel Arriaga, a
Ramiro Díaz Ávalos, a Román Guerra Montemayor, a Raúl Ramos Zavala, a Efraín Calderón Lara, a Salvador Corral, a Ignacio Olivares, a Carlos Rentería, a Eusebio
García Ávalos, Hilario Moreno, Arnulfo Prado Rosas... y a tantos otros de los que nunca supe sus nombres, pero sí que cayeron asesinados por criminales impunes.

Esa tarde del mitin, me dolían la cabeza y el alma; las sienes parecían estallar; la vista se me nublaba y la sangre hervía en mis venas de rabia y de impotencia.
Escuchaba los gritos airados, las consignas gastadas de tanto repetirlas y me sentí muy mal... tanto, que me tuve que retirar mucho antes de que terminara el acto. Y
es que además de todo lo narrado, me molestaban frases y preguntas: "¿Qué opina de este asesinato, empaña la transición?"... ¡Yo no he visto transición alguna!
contestaba furiosa. "¿Este nuevo crimen activará la lucha por los derechos humanos?"... No pude más, me parecía intolerable que un "reportero" estuviera pensando que
necesitamos crímenes para "activarnos". Y salí huyendo. Pero la ira no acabaría de apaciguarse. Declaraciones iban y venían; palabras saturadas de pena unas y otras
huecas y sólo de "compromiso", se escuchaban por doquier. Artículos y editoriales que condenaban el acto podían y aún pueden leerse en muchos diarios y revistas.
Mensajes de condolencia a la familia de Digna Ochoa, a sus amigos y compañeros de trabajo; adhesiones a las protestas por el crimen, foros, reuniones, homenajes...
La calma por fin llegaba a poner una poca de paz en mi espíritu, conmovido por este nuevo-viejo crimen lleno de saña. Con la calma renacía la voluntad de lucha que
nunca me ha dejado; crecía el anhelo de poner fin a la injusticia por la que tanto he bregado, y cuando por fin sentí que la batahola noticiosa bajaba de tono, ¡pácatelas!
que llega el mensaje del Departamento de Estado de los vecinos del norte, haciendo patente su indignación por la muerte de la compañera Ochoa... Y se me revolvió de
nuevo la sangre, y me dolieron las entrañas y me fue subiendo a la cabeza la rabia, porque eso es lo que enfurece, éso que suena falso, hueco, hipócrita, es lo que
lastima... ¿Cómo creer que les duele la muerte de Digna Ochoa a esos señores que en su "justicia infinita" lanzan bombas que matan niños? ¿Cómo imaginar que les
duele la muerte de Digna Ochoa si mandan a miles de jóvenes tal vez a morir también? ¡Eso es lo que indigna!.

* Luchadora social

Oficio de Papel
Miguel Badillo
El Universal
Lunes 29 de octubre de 2001
primera seccion

Militares buscaban a la abogada en Guerrero
Digna viajó a la sierra 19 días antes de su muerte
Un video identifica a un teniente en la persecución.

En el combate contra la guerrilla, las autoridades civiles y militares han violado sistemáticamente los derechos humanos, y entre los muchos ejemplos están los delitos
de tortura y desaparición de cientos de personas que, bajo acusaciones de pertenecer a grupos guerrilleros, principalmente en las décadas de los 60 y 70, habrían sido
ejecutados por los generales Humberto Quiroz Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro, a quienes se les sigue proceso penal por esos y otros delitos.

Ahora se ha cometido otro crimen, pero esta vez la víctima fue la abogada Digna Ochoa, defensora de guerrilleros, indígenas, campesinos, obreros, estudiantes y, en
general, luchadores sociales, lo que ya levantó protestas en el ámbito internacional e hizo voltear la mirada escrutadora de los mexicanos y de los responsables de las
investigaciones hacia las Fuerzas Armadas, a las que incomodaba la permanente presencia de Digna ante los tribunales y los señalamientos que ésta hacía.

En ese sentido, la reportera Maribel Gutiérrez, del periódico El Sur , de Guerrero, realizó una importante investigación periodística que involucra a militares en la
persecución en contra de Digna Ochoa, a quien acosaron y amenazaron durante sus visitas que hizo a poblaciones de la sierra de Guerrero y de lo cual hay, inclusive, un
video que así lo confirma.

En su reportaje, Maribel Gutiérrez cuenta que 19 días antes del asesinato, la abogada Digna Ochoa estuvo en la sierra de Petatlán, en un recorrido por comunidades en
donde tiene presencia la Organización de Campesinos Ecologistas. En su visita en Banco Nuevo, cuando estaba en una reunión con familias del pueblo, llegaron
efectivos del Ejército y un teniente preguntó: "¿Cuál es Digna?".

A los vecinos de Banco Nuevo que estaban en la reunión, dice Maribel Gutiérrez en su trabajo periodístico, les llamó la atención que los militares supieran el nombre de
la abogada a la que ellos habían pedido apoyo para la defensa de los campesinos que tienen órdenes de aprehensión y que son perseguidos por el Ejército, pues
aparecen en las listas castrenses señalados como guerrilleros. Ahora, piensan que este hecho debe ser considerado por las autoridades en las investigaciones del
crimen cometido el 19 de octubre en la ciudad de México.

De la visita de Digna Ochoa, y en particular del encuentro con los militares en Banco Nuevo, quedó el testimonio en video que grabó un miembro de la Organización de
Campesinos Ecologistas de Petatlán y Coyuca de Catalán. Es decir, será fácil identificar al militar que andaba en busca de Digna Ochoa y saber quién lo envió y con qué
propósito.

En el recorrido, Digna estuvo acompañada de un representante de la organización First Information and Action Network (FIAN), Harald Ihmig, con sede en Hamburgo,
Alemania, quien apoya proyectos de alimentación en diversos países y acudió para ver las posibilidades de ayudar a las comunidades de esa región de Guerrero.

Llamado de auxilio

Dos veces estuvo Digna Ochoa en el municipio de Petatlán en la segunda mitad de septiembre. Era su primer acercamiento personal a la región donde en 1998 surgió la
Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, la que conoció desde mayo de 1999, cuando asumió la defensa de los
campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, detenidos el 2 de mayo de 1999 en una incursión de tropas del Ejército a la comunidad de Pizotla, como las
que son frecuentes hasta ahora en toda la sierra de Guerrero, con el pretexto de buscar guerrilleros del EPR o el ERPI, y que según los campesinos ecologistas en
realidad es una persecución contra los que luchan por la defensa de los bosques.

A mitad de septiembre, los dirigentes de la organización se reunieron para analizar la situación del movimiento. Coincidieron en que el problema principal es la
persecución del Ejército a los organizadores, lo que obstaculiza la lucha en defensa de los bosques.

Recibieron información de que el Ejército busca a Jesús Bautista Fuerte, Servando Bautista Fuerte, Rodolfo Cabrera González y Palemón Cabrera González, quienes
tienen órdenes de aprehensión. Tienen el caso de Gerardo Cabrera González, detenido en julio pasado en su casa de Banco Nuevo por efectivos militares del 19 batallón
de Infantería, y trasladado al cuartel de Petatlán, en donde fue torturado e interrogado sobre supuestas armas, y después acusado de portar un fusil AK-47 que le
sembraron los mismos militares.

El temor no es sólo a la cárcel, porque como resultado del conflicto contra los caciques coludidos con militares, han sido asesinados dos miembros de la familia Cabrera
González: Sergio, el 20 de febrero del 2000, y Jesús, el 3 de octubre de 1998.

Los perseguidos, dice Maribel Gutiérrez en su importante investigación periodística, huyen y viven en el monte, en cuevas de la sierra, entre los bosques, y tienen a su
familia abandonada, más pobres que antes, y ellos mismos también enfermos, además de que se tienen que esconder para seguir organizando el movimiento ecologista.
Para la defensa de los perseguidos decidieron pedir ayuda, y pensaron en la abogada Digna Ochoa, a quien conocieron en la defensa de Rodolfo Montiel y Teodoro
Cabrera, cuando era coordinadora del área jurídica del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.

Llegó a Petatlán el 21 de septiembre. Se asombró de que los pueblos de la sierra de Guerrero, que participan en un movimiento ecologista con reconocimiento en el país
y entre ambientalistas del mundo, se encontraran sin ninguna ayuda, totalmente abandonados, porque lo único que conocen del gobierno es la represión militar. Conoció
el caso de la familia de uno de los perseguidos, Jesús Bautista Fuerte, que vive huyendo desde los inicios del movimiento, tiene un hijo de seis años que está ciego,
nunca ha podido llevarlo al médico y él mismo está enfermo. Digna no prometió nada, pero dijo que iba a buscar ayuda y que hablaría con sus compañeros del Centro
Prodh para coordinarse y defender a los perseguidos.

Tres días después, se comunicó con los ecologistas. Les dijo que tenían suerte, que había encontrado a alguien que podía ayudarlos para promover proyectos
productivos. Se refería al representante de FIAN, quien se encontraba en México. Acordaron hacer un recorrido por las comunidades.

El Ejército en la sierra

El 29 de septiembre, Digna y el representante de FIAN fueron guiados por dirigentes de la organización y por la secretaria del coordinador Juan Bautista Valle, Eva
Alarcón, para comenzar la visita en El Zapotillal, comunidad donde hay una participación masiva en la defensa de los bosques, en la que intervienen los niños, mayores
de 10 años, para apagar incendios.

Recibieron a Digna y le hablaron de los atropellos que cometen los militares, le dijeron que necesitan ayuda para defender a los dirigentes perseguidos y presos y para
exigir castigo por los asesinatos. También hablaron del abandono y de la pobreza. Siguieron más arriba en la sierra, y se reunieron con los ecologistas en La Pasión,
Barranca de Monte Grande (ahí comieron) y La Finca, en donde fueron a recorrer un bosque que tienen como ejemplo el cuidado forestal. De noche llegaron a Banco
Nuevo y cerca del pueblo observaron un campamento del Ejército. El domingo 30 de septiembre, Digna y sus acompañantes se encontraban en la casa del comisario,
Filiberto Gómez Bueno. Eva Alarcón cuenta que a las nueve de la mañana llegó un soldado que pidió hablar con el comisario: "Dice mi capitán que le consiga un
venado". El comisario le dijo: "Los que pueden conseguir un venado son ustedes, porque ustedes tienen armas". El militar respondió: "No te hagas comisario, tú sabes
cómo conseguirlo", y se retiró a su campamento, en donde hablaron por radio presuntamente al cuartel. A los pocos minutos regresaron tres soldados con un teniente,
que observaron a varias personas en la casa del comisario, y el teniente le preguntó a otro militar, en voz alta: "Y ese gringo, qué anda haciendo". Media hora después
regresaron, y el mismo teniente le preguntó a otro militar: "¿Y cuál es Digna?".

Al mediodía, en medio de un bosque, porque los niños querían mostrar cómo cuidan los árboles, se reunieron unos 100 ecologistas de Banco Nuevo con los visitantes.
Cerca de la una de la tarde los militares entraron a la comunidad y fueron hasta el lugar de la reunión, en cuatro o cinco vehículos Hummer y tropas a pie; en total unos
40. Observaron a los asistentes, vieron que un joven estaba grabando en video, y el que iba al mando dijo a los militares que no se dejaran grabar y ordenó la retirada. De
prisa levantaron el campamento y se fueron de Banco Nuevo a otro sitio de la sierra.

Digna Ochoa, Harald Ihmig, Eva Alarcón y los dirigentes ecologistas bajaron a la cabecera municipal de Petatlán, por otra ruta de la sierra. Se reunieron una vez más
para hablar de qué es FIAN y Digna les habló de las Brigadas Internacionales de Paz, y dijo que de regreso pasaría a buscar a los integrantes de esta organización en
Chilpancingo. Digna Ochoa se comprometió con los dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas a hablar con sus colegas del Prodh para ver los casos de
los perseguidos y a buscar ayuda para el niño ciego.

En la sierra la persecución sigue en la ruta de los ecologistas que recorrió Digna Ochoa. Juan Bautista Valle informó que el 4 de octubre, 22 efectivos del 19 batallón de
Petatlán saquearon una casa en La Noria. Los vecinos denunciaron que los militares llegaron como a las cinco de la mañana y entraron a la casa de Adela Zavala Cruz,
de donde se llevaron dos cadenas de oro, tres anillos y 3 mil pesos.

Dijo que a las mujeres y a los niños los tuvieron todo el día afuera de sus casas, sin permitirles entrar. Los hombres no se encontraban porque están escondidos en el
monte.

De la casa del campesino Enrique Miranda Ruiz, que también saquearon, se llevaron un rifle calibre .22 que el campesino tenía para defensa de su trabajo.

Mientras estuvieron en el poblado, los soldados disparaban sus armas para intimidar. Se retiraron entre las cuatro y las cinco de la tarde con rumbo a Banco Nuevo.
Cuando se enteraron del asesinato de Digna Ochoa, los ecologistas de esa región de la sierra creen que ese crimen está directamente relacionado con la defensa de
este movimiento ecologista en Guerrero. Pero esto tendrán que investigarlo las autoridades que, ahora, dicen no tener pista alguna. agenciam@prodigy.net.mx .

oficiodepapel@yahoo.com.mx

Digna Ochoa: explicación y consecuencias
Manuel Camacho Solís*
El Universal
Lunes 29 de octubre de 2001
nacion

LOS crímenes políticos tienen dos características distintivas. La primera es que quien planea un crimen político lo hace porque se siente protegido. La segunda es que
un crimen político responde a una lógica de poder.

La intención de asesinar a Digna Ochoa había sido anunciada desde hace años. ¿Por qué ocurre ahora y no ocurrió poco antes o poco después del día 2 de julio de
2000; o por qué no semanas antes o semanas después de la toma de posesión del nuevo gobierno? ¿Por qué ocurre en un momento en el que la opinión informada
juzgaba que el gobierno federal no estaba dispuesto a abrir ninguna investigación grande sobre el pasado? ¿Por qué ahora, después del 11 de septiembre?

Por una razón sencilla: porque desde el punto de vista de quienes planearon el crimen, éste era el momento adecuado. Al gobierno se le juzga hoy menos peligroso que
hace un año. Y hoy, los autores intelectuales se pueden proteger bajo el manto de una lucha mundial contra el terrorismo. Hoy, los costos y los riesgos son menores, y
las ganancias pueden ser grandes.

El asesinato de Digna Ochoa es un reto al Estado. En un momento de transición en la política interior y de guerra contra el terrorismo en la política mundial, este crimen
pondrá a prueba al Presidente, al jefe de gobierno del Distrito Federal y al conjunto de las fuerzas políticas. Al Presidente de la República lo coloca ante un difícil dilema:
si acepta que se abra el pasado que es condición necesaria para llevar a cabo la investigación estará haciendo algo que ya había decidido no hacer en virtud de un
cálculo político de costos y beneficios; si no acepta que se abra el pasado, se le juzgará débil e incluso se dirá que incurre en una complicidad.

Al jefe del gobierno del Distrito Federal, quien tiene la responsabilidad política inmediata de la investigación, también lo pone en un dilema: si no tiene éxito la
investigación, se le juzgará como incapaz; mientras que, si avanza y empieza a topar con intereses poderosos, se le verá como un enemigo peligroso al que hay que
acabar políticamente, mediante una estrategia de medios que ponga en duda los resultados de la investigación o a su propia persona.

Para el Estado, el crimen es un problema mayor. De no resolverse satisfactoriamente, reforzará la impunidad y abrirá de par en par las puertas a una represión
descentralizada que escapará de las manos del propio Estado. Y una represión de ese género, es una invitación al terrorismo, justo en la circunstancia internacional más
delicada.

La confianza de una parte de la sociedad está ligada al esclarecimiento de este crimen. Atrás de la demanda para que se esclarezca el asesinato de Digna Ochoa están
quienes reclaman una inmediata solución a los casos de los ecologistas Cabrera y Montiel, del general Gallardo y de los simpatizantes del EZLN que aún permanecen
en la cárcel. Están quienes se tomaron en serio la oferta del cambio. Están influyentes sectores de opinión nacional e internacional que han creído en que, a raíz de la
alternancia, se respetarían en México los derechos humanos y que la ley sería de aplicación general.

En cambio, detrás del asesinato están quienes no quieren que en México exista un verdadero estado de derecho. Están quienes se sienten incómodos con la
democracia, no consideran que tienen suficientes garantías y creen que en la actual coyuntura internacional de larga lucha contra el terrorismo sus servicios serán
indispensables.

Atrás del asesinato de Digna Ochoa está una gran provocación para poner a México bajo el control de los duros, sin importar quiénes sean las figuras políticas que
ocupan los principales cargos de la administración.

¿Cómo evitarlo? 1. Con cero declaraciones que no vayan acompañadas de actos de gobierno.

2. Con una investigación de Estado: que esté en manos de la autoridad competente, y que esté respaldada por el Ejecutivo federal (con todos sus instrumentos legales,
de comunicación y políticos).

3. Mediante la solución inmediata de los casos por los que luchaba Digna Ochoa y que se sabe está detenida por consideraciones políticas, más que por impedimentos
legales.

4. Con el apoyo resuelto de todas las fuerzas del Congreso a la investigación y a una reforma seria de los aparatos de seguridad y de procuración de justicia.

5. Construyendo con imaginación y sin mentiras una nueva iniciativa de paz que evite la polarización interna y cierre los espacios políticos a la represión, a la intención
de identificar la protesta social con la violencia y a la desesperación de quienes se saben excluidos y se sentirán en riesgo de perder su vida.

La sanción a los responsables es al final, hasta que se concluya la investigación y termine un debido proceso legal. Pero el resto de las decisiones no tiene por qué
esperar salvo que lo que se quiera sea ganar tiempo. Si en vez de actuar de inmediato, con los enormes recursos políticos que tiene a su disposición el jefe del Ejecutivo,
la respuesta sigue un curso tradicional de "apoyar" la investigación primero, para proceder conforme a sus resultados, toda la ventaja pasará a la lógica de poder de
quienes planearon el crimen.

La respuesta que dé el Presidente de la República a este crimen determinará la solidez de sus principios éticos y el alcance verdadero de su autoridad. No tiene otro
camino más que cumplir con lo que la Constitución establece y asegurarse que ésta se cumpla. Si así lo hace, la sociedad se lo reconocerá. Si así no lo hace, la
sociedad se lo reclamará y él pondrá su destino en manos de quienes han llevado a cabo este plan criminal. Desde el Estado en ocasiones se puede maniobrar, pero en
otras no hay más camino que el de sujetar con firmeza el timón. Sólo así se podrá salir de la tormenta. Y este asesinato, de esta dignísima mujer, en la actual coyuntura
nacional e internacional, ha metido al gobierno y al país en una verdadera encrucijada.

* Ex secretario de Estado y ex regente de la ciudad de México

Las resonancias del crimen
Carlos Monsiváis

El viernes 19 de octubre pasado, en su despacho de Zacatecas 3 de la colonia Roma, muere
asesinada Digna Ochoa, activista de derechos humanos. Los pistoleros le disparan balazos en la
cara y las piernas. "Al menos fueron dos personas", señala Bernardo Bátiz, procurador de Justicia
del DF. Junto al cadáver se halla un recado amenazante dirigido al Centro Miguel Agustín Pro, de
derechos humanos.

El crimen es la culminación del acoso a una mujer que sus compañeros y las instituciones en
donde trabajó coinciden en calificar de ejemplar. Digna nace en Misantla, Veracruz, el 15 de mayo
de 1966, hija de un padre albañil que le proporciona 14 hermanos. Las oportunidades de estudio
son las ofrecidas por la carrera de Derecho y por una orden monástica, de donde sale, como le
comenta a una amiga "en busca de mayor libertad de movimientos para servir a la gente". Llega en
1991 a la ciudad de México a trabajar en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, de la
Compañía de Jesús. Allí permanece cerca de siete años.

En cierto nivel, parte de la trayectoria de Digna Ochoa podía inspirar un thriller estadounidense de
antes del 11 de septiembre. La abogada se enfrenta a la intriga que abarca varios estados de la
República, incluye altos personajes (ministros, abogados de bufetes lujosos, algún general) y,
además, un desfile donde intervienen paramilitares, activistas presos, bufetes pobres, jueces
enriquecidos, demagogos y guerrilleros. Todo esto entre tensiones permanentes y movilizaciones
sociales. Para desgracia de todos, el thriller ocurre en México y no es filmable. Las experiencias de
Digna (calificada ahora la mártir por el jesuita Teódulo Guzmán, de la diócesis de Jalapa) no se
prestan en modo alguno a una superproducción.

Hacia el perfil de una activista

A fines del siglo XX, una mujer joven, de mentalidad profundamente religiosa, se incorpora a las
organizaciones no gubernamentales especializadas en derechos humanos. Inspirada por el rechazo
a la injusticia, la abogada sabe de los grandes obstáculos: la inercia y el miedo implantados en la
sociedad, las fortalezas de la impunidad a cargo de agentes judiciales, empresarios, militares,
funcionarios de toda índole, y eclesiásticos enfurecidos ante lo que consideran la intromisión
"subversiva". Y el hostigamiento viene también del sector de origen de Digna. Así por ejemplo, el
cardenal de Jalisco, Juan Sandoval Íñiguez arremete reiteradamente contra las comisiones de
Derechos Humanos, acusándolos de "proteger a los delincuentes" sin jamás aportar una sola
prueba al respecto, y sin desistir de las acusaciones. La intolerancia de los que se niegan a rendir
cuentas de sus actos, o de los que consideran intocables a las instituciones por ellos
representados, se acrecienta por momentos, en respuesta a las denuncias de tortura, y conoce un
clímax publicitario: la campaña para gobernador de Arturo Montiel en el estado de México con su
lema: "Los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas".

La joven abogada resiste, y viaja, investiga, integra expedientes, acude a los juzgados y las
procuradurías. Escudriña en las monstruosidades "jurídicas" y ni se acostumbra a ellas ni se
somete a la indiferencia y el cinismo. Experta en casos límite, participa en las investigaciones de
las matanzas de Aguas Blancas y El Charco (Guerrero) y Acteal en Chiapas. Le toca documentar
asesinatos y torturas y ofrece pruebas inequívocas de violaciones a los derechos humanos. Uno de
sus grandes casos es la defensa de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, ecologistas de Guerrero,
encarcelados por oponerse a la tala criminal de bosques. El proceso se difunde internacionalmente
y Digna se relaciona con la ONG estadounidenses y con instituciones de justicia de varios países.
Presiona y obliga a las autoridades militares a enviar a dos oficiales identificados como torturadores
al careo con los ecologistas.

La activista es inteligente, empecinada y valiente, cualidades que, de modo casi natural, le concitan
el odio de los círculos de la impunidad. Y la defensora pasa a ser la defendible. El 9 de agosto de
1999, unos "desconocidos" (en este caso, casi seguramente sinónimo de paramilitares) la
secuestran durante varias horas. El 21 de octubre de 1999 la asalta en su casa un grupo que la
interroga durante nueve horas sobre las actividades del Centro Pro, sus contactos con "grupos
subversivos" en Guerrero, Hidalgo, Puebla y Oaxaca, la ubicación de las casas de seguridad del
EZLN y el EPR, etcétera, etcétera. "Luego me dan fotos de campesinos para que los identifique, y
yo no conocía a nadie". La dejan atada de pies y manos sobre la cama, junto a un tanque de gas
abierto. "No creo que me quisieran matar, porque pude desatar mis manos, no estaban bien
amarradas". La escena podría corresponder a una película, desdichadamente es real. La abogada
consigue desatarse y quiere hablar por teléfono. La línea está cortada.

Se levantan denuncias. Es inútil. Es, afirma Digna, de una "campaña de desprestigio, de
amenazas, de intimidación por parte del mismo gobierno". Se le acusa de protagonismo y delirio de
persecución. En el inefable gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León a la procuración de justicia
no la caracterizan su rapidez o su fe en la existencia de perseguidos políticos. A Digna abogada se
le responde con altanería: "No hay nada concreto", y por tanto no le corresponde protección alguna.
El 31 de mayo y el 31 de agosto de 2001 la Secretaría de Relaciones Exteriores le pide a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos autorización para retirar la protección a Digna. Ella renuncia
al Centro, obtiene la beca Mac Arthur para cursos sobre derechos humanos y en abril de 2001 viaja
a Washington donde vive unos meses. Al sentir que el peligro aminora, regresa a México.

El desenvolvimiento de los derechos

A Digna Ochoa le toca la primera gran etapa de los derechos humanos en México, señalada en
primer término por la urgencia de Carlos Salinas de Gortari, convencido de cuán indispensable le
resulta ufanarse de un política institucional al respecto. En medio de los numerosos atropellos de
su régimen (los asesinatos de perredistas, los ataques a líderes agrarios y campesinos disidentes,
la aplicación masiva de la tortura, etcétera), Salinas, obsesionado con su capacidad de
manipulación, crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos y lo que se pensó como trámite de
acreditación internacional se asume desde la sociedad y pronto se convierte en un impulso de
importancia creciente. Ante el descrédito o la usurpación por unos cuantos de las organizaciones
de izquierda, la causa de los derechos humanos le parece a muy distintos activistas el espacio
idóneo para no extraviarse en la selva de las consignas circulares y, al mismo tiempo, ser útiles
frente a las iniquidades del poder. Por razones estructurales (las organizaciones preexistentes, el
espíritu de servicio a la comunidad) la mayoría de los activistas provienen de los sectores religiosos,
muy especialmente de las comunidades eclesiales de base. En el camino la politización o la
radicalización vuelven inevitable la secularización parcial y creciente. El lenguaje se adapta al del
mundo de la izquierda social, se debilita el tono del paternalismo eclesiástico y los riesgos que se
corren flexibilizan a la gente que proviene de la rigidez. Y el trabajo de los activistas es, en
conjunto, extraordinario.

En esta atmósfera se forma Digna Ochoa, y a este mundo responde con lealtad, integridad y gran
valentía. Así, si requiere de una conclusión, la causa primera y última que lleva a los asesinos y a
sus jefes a la orden de exterminio, es la decisión de una mujer de tomar en serio su compromiso y
de nunca quedarse a medias en su acción. Se calificó a Digna de mártir de la causa de los
derechos humanos. Lo es sin duda, pero prefiero verla como un gran ejemplo de esa transición a la
democracia que a diario se construye con el ejercicio inteligente y valeroso de las libertades. Que
ese ejemplo nunca descanse en paz.

Apéndice: fragmento del diálogo de Digna Ochoa con la Comisión Europea de Derechos
Humanos (México, 1999)

CCIODH: No habéis hablado de presos políticos, ¿los hay? Digna: Sí, sobre todo últimamente ha
ido como acrecentándose el número de presos. Últimamente ha surgido todo esto de la fabricación
de delitos y la fabricación de culpables. Cuando un grupo comienza a fortalecerse y empieza a
destacar algún líder, lo que hace el gobierno es encontrarle algún delito a este líder, como
narcotráfico, o porte de armas, o rebelión. Luego el primer mecanismo es la aplicación de tortura,
para obligar a la persona a firmar declaraciones autoinculpatorias, o inculpatorias hacia otros. Con
base en estas primeras declaraciones trata de fundamentarse todo un proceso irregular, a veces
dictando sentencias bastante altas. A este tipo de reclusos tratan de recluirlos en reclusorios de
alta seguridad, de muy difícil acceso. Así están violando el derecho de Defensa, el de un debido
Proceso, y más aún violando los derechos de una persona, como defensores o como familiares.
Para poder entrar a algunos reclusorios federales piden que se desnude el abogado o la abogada,
sobre todo si son miembros de organizaciones de Derechos Humanos. Lo que se pretende es
obstaculizar el trabajo de la Defensa, sobre todo el querer vincular el abogado con las causas,
hecho totalmente ilegal. Son pocos los abogados que se involucran en este tipo de defensas,
porque saben que el riesgo político, el de su integridad y de su vida privada es grande. Por un lado
la vida de los abogados que llevan la defensa de los presos políticos es difícil, por otro lado, la vida
que llevan los presos políticos es bastante represora, para ellos y para sus familiares. Hay como un
distanciamiento de todo el mundo hacia ellos. Se va acrecentando este tipo de presos
independientemente que el gobierno no los reconozca como tales al vincularlos simplemente a
grupos guerrilleros. Tratan de desacreditar el trabajo de defensa o de liderazgo que se lleva en una
determinada organización. Ahora tenemos el caso de un líder campesino de Guerrero, ellos se
organizaron contra una tala inmoderada de bosques desde hace como cuatro años. Ellos integran
una asociación ecologista. Allí estaban algunos caciques, el gobernador, diferentes autoridades,
una empresa americana de tráfico de madera, entonces empieza la tala inmoderada del bosque que
empieza a afectar directamente a las comunidades, algunos arroyos empiezan a desaparecer, las
mujeres protestan porque tienen que ir a lavar más lejos, y los líderes empiezan a denunciar y a
concienciar a la gente, lo que hace el gobierno es pedir que les siembren armas y drogas, luego los
acusan de pertenecer al EPR, les ponen propaganda de partidos políticos de oposición, y
finalmente los encarcelan. Y como se trata de un preso político, el poder judicial empieza a
obstaculizar el trabajo de la defensa. Primero ofrecemos pruebas que creemos que son
procedentes, y que están fundamentadas en los códigos, y lo que hace el juez es rechazarnos todo
esto. En la primera declaración que logramos tener de comparecencia de los militares, porque son
los militares quienes efectúan la detención de estas personas, hacen un allanamiento en la
comunidad, los torturan, los tienen incomunicados, los llevan a un campo militar por siete días,
entonces pedimos interrogar a los militares, durante el interrogatorio logramos que se evidencie la
participación de los militares en las detenciones ilegales, los cateos ilegales, la detención
prolongada, las torturas, y sobre todo, el que fueron militares quienes los obligan a firmar, quienes
ponen abogados defensores, personas de la confianza de los militares, y no de los detenidos, todo
esto se evidencia en una primera audiencia, luego nosotros ofrecemos más pruebas de que intentan
legalizar sus acciones violatorias. Cuando pedimos que estas personas comparezcan, el juez lo
que hace es desechar todo esto sin ningún fundamento jurídico. Es ver cómo tratan de obstaculizar
la defensa directa de un líder y de un preso político. En este caso hay un gran interés de
asociaciones ecologistas que denuncian todas estas irregularidades. Este tipo de presos están
limitados en todos los aspectos: les han fabricado los delitos, amenazan a la gente que va a
comparecer como testigos de descargo, así tienen miedo de bajar (son 12 horas de viaje hasta la
comunidad donde encuentran un transporte), ellos temen por su vida y por la de su familia, así que
no comparecen a las audiencias Escritor

Itinerario Político
Ricardo Alemán

Intactos, los tejidos represores.

Una larga historia por el respeto.

Conmovidos por el resultado electoral del 2 de julio del 2000 –evento al que no se puede regatear el
valor histórico de la movilización ciudadana–, muchos creyeron que por el solo hecho de que el viejo
PRI perdió la hegemonía del poder presidencial, desaparecerían los dolorosos flagelos que por
décadas padecieron miles de mexicanos; la tortura, la desaparición forzada, el secuestro, la
amenaza, el crimen y los ataques contra los derechos humanos, los disidentes y otros que
reclamaban precisamente el respeto a los derechos elementales. No fueron pocos los que
imaginaron que por el sólo hecho de que llegaba al poder un Presidente surgido de otro partido que
no fuera el PRI, pasarían a la historia la galopante impunidad que fomentó el priísmo en todos los
niveles de gobierno, la complicidad entre intereses políticos, económicos, policiales y militares; la
peligrosa actividad de grupos paramilitares que, financiados con fines políticos, económicos y hasta
gubernamentales, servían al mejor postor, y en general que se acabaría con ese pernicioso tejido de
represión social que diseñó y operó de manera eficiente el sistema priísta.

Luego del 2 de julio del 2000, y especialmente el 1 de diciembre de ese mismo año, todos
festejaron, muchos prefirieron el olvido, y los más creyeron que los aparatos de represión, que las
complicidades que hicieron posible la impunidad, que las violaciones a los derechos humanos, eran
cosa del pasado y apenas dignos de los países del subdesarrollo; que las desapariciones, los
secuestros, los crímenes políticos y colectivos que durante décadas se cometieron, ya no existen
en la memoria y los responsables podían andar como si nada. Pero el pasado viernes 19, con el
crimen de Digna Ochoa, algunos debieron regresar a la realidad y reconocer que allí sigue el
aparato de represión social, la impunidad, el crimen como instrumento supletorio de la política, y
sobre todo la incapacidad de un gobierno que si bien ya no es del PRI, recurre igual que los
surgidos del Revolucionario Institucional, a la demagogia, al engaño, al "valemadrismo", y cuyos
encargados de la seguridad, de la impartición de justicia, de la defensa de los derechos humanos,
dejan ver que más que representantes de un gobierno, parecen ganadores de un botín.

La alternancia y los derechos humanos

Sin embargo, ¿por qué habríamos de suponer que la alternancia en el poder –que no la transición–
podría significar un cambio, sobre todo cuando el de los derechos humanos era uno de los
expedientes más espinosos de los gobiernos del PRI? ¿Por qué esperar que en materia de
derechos humanos, como en otros campos, las cosas serían distintas, si el gobierno de Vicente
Fox ha sido igual que los gobiernos del PRI, una continuación de los gobiernos del PRI?

Por eso vale la pena recordar que apenas en noviembre de 1999, hace apenas 23 meses, luego de
una intensa gira de trabajo por distintas regiones de México, Mary Robinson, la alta comisionada de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sintetizó en unas cuantas líneas lo que vio en
México: "Impunidad gubernamental y castrense, problemas de impartición de justicia, exclusión de
grupos indígenas, asesinatos colectivos y crímenes políticos; creciente actividad de grupos
paramilitares, ataques generalizados contra los derechos humanos y una opresiva presencia militar
en Chiapas". Contundente el resumen del México de 1999 presentado por la funcionaria de la ONU,
que insistía en que la credibilidad ciudadana "se perdió" por agravios como esos.

Sin duda preocupante, el "retrato" dibujado por Mary Robinson no era, en ese noviembre de 1999,
más que el retrato que los mexicanos conocían desde hace décadas, un retrato que los gobiernos
del PRI pretendieron ocultar desde siempre, pero que finalmente fue visto, cuestionado y publicitado
por la ONU, y por supuesto con la anuencia del que a la postre fuera el último de los gobiernos del
PRI. Pero en ese noviembre de 1999, lo novedoso no fue conocer de voz de una autoridad de la
ONU lo que todos los mexicanos sabían, lo que muchos padecían o habían padecido en materia de
violación de derechos humanos, sino lo novedoso hace 23 meses fue que el gobierno de Ernesto
Zedillo reconociera que hacia el final de su mandato se vivía una severa crisis de derechos
humanos, que fue heredada por el nuevo gobierno, el de Vicente Fox.

Lo grave, sin embargo, es que ese mismo retrato sigue vivo, a pesar del cambio empujado por la
sociedad el 2 de julio. Y el problema no es que los ciudadanos se hayan equivocado al impulsar el
cambio, con el señuelo que se quiera, del candidato o el partido que se quiera, sino que el gobierno
que llegó al poder ha defraudado a muchos, los que votaron y los que no por esa alternativa.

Herencias que matan

Pero si bien el gobierno foxista no ha cumplido con lo que prometió y sobre todo lo que muchos
esperaban, especialmente en aspectos esenciales como el de los derechos humanos, vale la pena
indagar la situación en la que se encontraban los derechos humanos cuando se dio el cambio del 2
de julio. Y para ello, primero se debe preguntar: ¿por qué de pronto un gobierno del PRI –el de
Ernesto Zedillo– decide abrir como nunca la entraña de los derechos humanos en México?

Bueno, no se debe olvidar que hacia finales del gobierno zedillista, el régimen mostró una actitud
aparentemente tolerante, que aceptó casi sin chistar el diagnóstico que sobre la situación de los
derechos humanos ofrecía México en ese noviembre de 1999, y que presentó Mary Robinson, la
alta comisionada de la ONU, además de una severa crítica internacional por la situación de las
garantías elementales. Pero esa actitud no fue una muestra de apertura o un voluntarioso
reconocimiento de que ese problema debía ser resuelto lo más pronto posible. No, tanto la visita de
Mary Robinson a México en ese noviembre de 1999, como su marcada preocupación por los
derechos humanos y su impensable actitud crítica, eran resultado de la presión internacional,
especialmente de la Unión Europea.

Debemos recordar que precisamente cuando Ernesto Zedillo concluía su régimen, también
terminaban las negociaciones formales para establecer un acuerdo de libre comercio con la Unión
Europea. En ese marco, y casi de manera simultánea, llegó a nuestro país la alta comisionada de
la ONU para los Derechos Humanos. La Unión Europea había condicionado la firma de un tratado
de libre comercio, justamente a que las cosas cambiaran en México, en materia política, pero
especialmente en cuanto a los derechos humanos. Esas dos, la transición y derechos humanos,
eran las condiciones que imponía la Unión Europea para el acuerdo comercial con México.

Por eso Zedillo debió tragar sapos y serpientes, y aceptar casi sin chistar lo que dijera Mary
Robinson. Pero por menos, por mucho menos de lo que vio, conoció y dijo la alta comisionada de la
ONU para derechos humanos, meses antes prácticamente fue echado de México –en septiembre
de 1997– Pierre Sané, el secretario general de Amnistía Internacional, quien en esa fecha visitó
México, hizo muy severas críticas por una "severa crisis de derechos humanos" que percibió en
México, y como resultado le fue cancelada una reunión prevista con el entonces presidente Ernesto
Zedillo.

También por menos que eso, por mucho menos, fue echado de México –aunque el lenguaje
diplomático lo presentó como una renuncia– el embajador de Canadá en nuestro país, Marc Perrón,
también en el gobierno de Ernesto Zedillo, luego de hacer declaraciones en las que se refería
precisamente a la impunidad que prevalece en importantes sectores del gobierno mexicano. En
realidad el gobierno de Ernesto Zedillo vivió momentos de alta tensión en cuanto a los derechos
humanos, de confrontación con los más importantes organismos defensores de las garantías
individuales, y si no fue capaz de hacer frente a ese reto, sino simular una mejoría, sí dejó al
"gobierno del cambio" una realidad poco alentadora.

Una vieja historia

Pero la crisis de los derechos humanos viene de lejos, y en realidad se identifica como una
herencia de simulaciones y engaños desde el gobierno de Carlos Salinas, régimen que frente a una
crisis como la que vive ahora el gobierno de Vicente Fox –en 1991 fue asesinada por
narcotraficantes la sinaloense Norma Corona, luchadora de los derechos humanos– decide la
creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que desde su origen se convirtió
en una instancia burocrática, sin credibilidad y que no ha respondido a los reclamos de los muchos
grupos víctimas de las políticas represivas de los gobiernos del PRI.

Desde su creación, la CNDH sólo ha servido como trampolín político, y mientras que los derechos
humanos pasaron a segundo término, los presidentes de esa institución –como Jorge Carpizo y
Jorge Madrazo– cultivaron su relación con el gobierno en turno, sirvieron con docilidad a los
designios oficiales a cambio de acceder a mejores puestos; en pocas palabras, se convirtieron en
juez y parte, esto es pasaron de defensores de los derechos humanos a procuradores de justicia.

Y mientras que el gobierno salinista pretendía una estrategia para distraer la atención nacional e
internacional en materia de derechos humanos, sobre todo frente a la negociación del TLC, que
igual que ocurrió años después con el tratado comercial con la Unión Europea condicionaba el
intercambio de mercancías a la democratización y el respeto a los derechos humanos, los
organismos más importantes en el mundo insistían en que los derechos humanos en México vivían
un peligroso proceso de retroceso. Para abril de 1997, Human Rights Watchs Americas dio a
conocer su informe anual sobre los derechos humanos en México y calificó de "alarmante la
situación". El organismo se dijo preocupado por la politización y parcialidad en el aparato de
procuración de justicia del Estado mexicano, "utilizado también para prefabricar evidencias y
testigos contra quienes son considerados enemigos del gobierno, particularmente en los estados
de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Sinaloa". El informe fue respondido por el gobierno de Ernesto
Zedillo, como "parcial" y "poco objetivo", ya que "distorsiona" la realidad de los derechos humanos
en México.

Meses después, en septiembre de 1997, llegó a México el secretario general de Amnistía
Internacional, Pierre Sané, quien de igual forma presentó un "preocupante" panorama de los
derechos humanos en México. Dijo que AI seguía de cerca, desde hacía más de dos décadas, la
situación de los derechos humanos en México, y reiteró que disponía de "pruebas documentales
inobjetables" que indican que cualquier persona "sin importar origen o condición social", corre
peligro de sufrir violaciones a sus garantías y que las víctimas no cuentan en general con un recurso
legal frente a la ley para resarcir el daño sufrido y que se castigue debidamente al responsable.

Más aún, señaló que es motivo de "preocupación especial" la creciente participación del Ejército
mexicano en tales prácticas: "Es notoria la impunidad que parecen gozar los miembros de las
Fuerzas Armadas asignadas a tareas de seguridad pública, toda vez que incurren en conductas
violatorias de los derechos humanos de la población, fenómeno que ha tenido un alarmante
aumento, especialmente en aquellos estados donde ha habido despliegue de fuerzas de seguridad
en el marco de operativos contrainsurgentes o antinarcóticos". Como ya lo dijimos, la severidad con
la que Pierre Sané criticó la situación que se vive en México respecto de los derechos humanos,
provocó que la presidencia de Ernesto Zedillo cancelara una entrevista prevista con el dirigente de
Amnistía Internacional. Semanas más tarde –el 5 de octubre de 1997– Zedillo viajó a París,
precisamente para impulsar el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Allí, en un
encuentro con representantes de los principales organismos internacionales de derechos humanos,
Ernesto Zedillo escuchó una advertencia: "Impediremos que la Unión Europea alcance un acuerdo
comercial con México, si antes no se da en este país un cambio radical a las garantías
individuales".

Zedillo consiguió la firma del acuerdo, pero las garantías individuales, los derechos humanos
siguieron sin ser respetados. Sí, se reconoció el voto libre, la alternancia, pero el nuevo gobierno, el
de la alternancia, el de Vicente Fox, se olvidó del expediente abierto de los derechos humanos, un
expediente que cobró la vida de Digna Ochoa apenas el 19 de octubre pasado.

aleman2@df1.telmex.net.mx

Poner fin... y comenzar
Gerardo Unzueta

LA defensa de los derechos humanos es uno de los grandes movimientos de nuestro tiempo. El
hecho de que haya surgido frente a los grandes actos represivos y ante los regímenes despóticos,
le ha dado su tono y su fuerza: es la reivindicación del hombre frente al poder, es un gran factor de
unidad y de acción de la sociedad humana para rescatar la dignidad de los trabajadores, de las
mujeres, de los niños ante el ejercicio del autoritarismo estatal. Ningún sistema estatal puede
proclamarse "Estado de derecho" si no tiene en su base la proclamación, el reconocimiento y el
ejercicio de los derechos humanos.

Y este gran movimiento que abarca todas las esferas de los "derechos del hombre" ha cobrado
importancia en nuestro país, sobre todo con base en la lucha contra la arbitrariedad, el despotismo,
el asesinato colectivo e individual que los mexicanos hemos sufrido en largos periodos. Puede
afirmarse, sin duda, que el 2 de julio fue derrotado un régimen que condensó décadas de atropello a
la población, y que la votación de este día expresó la aspiración a conquistar un gobierno
respetuoso de los derechos humanos. Por ello, el asesinato, pleno de crueldad y sevicia, cometido
contra Digna Ochoa y Plácido ha unido a la opinión pública en la indignación y en la exigencia de
castigo.

1. Y por ello también, la característica principal de esta reacción indignada ha sido la exigencia al
gobierno de Fox de abrir las más amplias posibilidades a la investigación y a la aplicación de
sanciones a los responsables, ocupen los puestos que ocupen. Porque es evidente que el aparato
de agresión a los derechos humanos que existió durante los años de priísmo antidemocrático no ha
sido tocado ni con el pétalo de una consignación.

Otro elemento que ha caracterizado a la repercusión del crimen ha sido la denuncia de la
corrupción e incapacidad del aparato de procuración y ministración de justicia. Las decisiones
judiciales desde el juez de distrito hasta la Suprema Corte y del agente del Ministerio Público hasta
la PGR no han pasado de ser puras "fintas" que en nada alteran el hecho de que en nuestro país el
sistema judicial, lejos de ser un Poder , es una manifestación de impotencia, cuando no de lenidad
en favor de los corruptos, los agresores, los saqueadores del erario.

¿Habría que agregar acaso que el único Poder dependiente, que no está sometido a elecciones
federales ni locales, es el Poder Judicial?

2. La sensación que ha dejado la conducta del Presidente de la República y de todos los miembros
del gabinete es la de que nunca apreciaron la verdadera trascendencia del crimen, o bien que no
quisieron darle importancia, pues eso afectaría su táctica ante los restos del anterior grupo
gobernante, a los que incitan a la complicidad fiscal y energética. Porque hay que estar bien claros
que ninguno de los cotos de poder del régimen anterior y ninguno de los elementos de su modo de
gobernar ha sido afectado. El cambio de régimen sigue en veremos. El autoritarismo continúa
manifestándose en la acción diaria del Presidente, ahora agravado por las manifestaciones
similares de la señora Fox; el patrimonialismo cobra características escandalosas en los sueldos y
en los negocios de los gobernantes; ¿quién puede hablar de olvido al corporativismo y al
clientelismo, ahora fortalecidos con la adhesión de las mafias bancarias y los residuos del
charrismo?

Esto es: los cambios ofrecidos en el modo de gobernar están ausentes, y en estas condiciones los
corruptos viven un paraíso de impunidad, perviven y se fortalecen los grupos que negocian las