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Señalan pistas a militares y caciques: Bátiz

Ricardo H. Andonaegui
El Universal
Miércoles 07 de noviembre de 2001

Confrontación de Digna Ochoa con ambos sectores en Guerrero, hipótesis sólidas en el asesinato, según informe. Piden investigar a ganaderos y a ex gobernador

Confrontaciones de la abogada Digna Ochoa con caciques y militares con base en el estado de Guerrero son las pistas más importantes en la investigación del asesinato de la abogada Digna Ochoa, confirmó el procurador capitalino, Bernardo Bátiz.
Si bien señaló que la hipótesis más sólidas apuntan a grupos explotadores de madera en Petatlán, no descartó el involucramiento de militares en el crimen.

Fuentes de la Procuraduría capitalina informaron que se solicitará a la Secretaría de la Defensa la declaración de militares asentados en Guerrero, los cuales habrían tenido algún enfrentamiento con la litigante.

Bátiz Vázquez envió ayer al presidente Vicente Fox un informe sobre los avances de la indagatoria.

En Chilpancingo, el Comité de Presos Políticos y de Conciencia (CPPC) solicitó a la Procuraduría del Distrito Federal que investigue a Rogaciano Alva Álvarez, presidente de la Unión Estatal Ganadera, como presunto autor de la muerte de Ochoa, y al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer.

El dirigente del CPPC aseguró que un grupo paramilitar, "del que Alva Álvarez forma parte", persigue permanentemente a campesinos ecologistas, quienes "cansados de la situación pidieron apoyo jurídico a Ochoa".

Asimismo, según Fidel Baena Ortiz, comisario municipal de la zona de Petatlán, el recorrido que hizo Digna Ochoa el 1 y 2 de octubre por esos lugares fue vigilado constantemente por elementos del Ejército.

En este contexto, Thomas T. Vogel junior, columnista de "Bloomberg News", señala que es muy preocupante el asesinato de Digna Ochoa y enfatiza que activistas de derechos humanos de México temen que el crimen de la litigante esté relacionado con las fuerzas de seguridad, aunque no ha habido pruebas, acota.

Bátiz: apunta a caciques caso Ochoa

El procurador general de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz Vázquez, informó que una de las hipótesis más sólidas que se investiga, en torno al homicidio de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, apunta a sus confrontaciones con caciques del estado de Guerrero.

En el informe que entregó al presidente de la República, Vicente Fox Quesada, sobre los avances de la investigación, no se descarta el probable involucramiento de militares denunciados por la violación a los derechos humanos.

Fuentes de la PGJDF informaron que se solicitará a la Secretaría de la Defensa Nacional (SDN) la declaración de efectivos militares, pertenecientes a diversos agrupamientos asentados en el estado de Guerrero, entre ellos los del 19 batallón de infantería.

Entrevistado al término de la reunión del gabinete de Gobierno y Seguridad, Bátiz Vázquez precisó que se investigan los conflictos entre la Organización Ecologista de Petatlán y Coyuca de Catalán con grupos explotadores de madera.

"Estamos tratando de encontrar todo lo que hizo Digna Ochoa con precisión en los días anteriores a su muerte, su viaje al estado de Guerrero y con qué personas se entrevistó", señaló el funcionario.

Respecto a los archivos que envió el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) a la PGJDF, dijo que no contienen información "nueva" o relevante sobre los movimientos de la defensora de los derechos humanos.

Reveló que mediante una consulta "superficial" de las tres carpetas que el Cisen le hizo llegar, se encuentran "cosas muy obvias, algunas referentes a la prensa, notas de prensa; pero tengo a una persona haciendo el análisis para que dentro de todo esto que hay, mucho que ya sabíamos o que ya teníamos, a ver si hay alguna cosa nueva...".

Entregan avances al presidente Fox

Jorge Reza Maqueo, coordinador de asesores del procurador Bernardo Bátiz, entregó ayer, en la residencia oficial de Los Pinos, el informe que contiene los avances de la investigación del homicidio de Digna Ochoa.

En el documento que fue recibido por Ana León, asistente del secretario particular del presidente Vicente Fox Quesada, Alfonso Durazo, se detallan algunas de las principales líneas de investigación así como las actuaciones ministeriales y periciales que se efectuaron a partir del 19 de octubre, fecha del crimen.

Trascendió que en el documento enviado al Ejecutivo federal la PGJDF informó de las declaraciones testimoniales en que se sustentan las hipótesis de la indagatoria, así como los resultados de las pruebas periciales, entre ellas la del arma semiautomática calibre 22 de fabricación checa, con la que se privó de la vida a la ex colaboradora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

En el informe, indicaron fuentes de la PGJDF, no se señalan probables responsables sólo algunas líneas de investigación.

Guerrerenses aportarán pruebas a la PGJDF

Integrantes de la Organización Ecologista de Petatlán y Coyuca de Catalán anunciaron que entregarán a la PGJDF la videograbación de la entrevista que sostuvieron con Digna Ochoa el 1 y 3 de octubre, cuando visitó las comunidades de Zapotillal, La Pasión, Barranca de Monte Grande y Banco Nuevo.

En las próximas horas rendirán declaración testimonial, ante el Ministerio Público, acerca del acoso y hostigamiento de que fue objeto Ochoa y Plácido desde que inició la defensa de los campesinos ecologistas.

Entre los dirigentes de dicha organización que podrían rendir declaración se encuentran Eva Alarcón Ortiz, Juan Bautista Valle, Felipe Arriaga Sánchez y Jesús Bautista.

Bernardo Bátiz confirmó que el grupo de campesinos de Petatlán y Coyuca de Catalán, que estuvieron ayer en la Secretaría de Gobernación, "van a hacer declaraciones respecto a los movimientos de Digna Ochoa en el último viaje que realizó al estado de Guerrero".

Las fracciones parlamentarias en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (PGJDF) acordaron citar a comparecer al procurador de Justicia capitalino, Bernardo Bátiz, para el próximo 13 de noviembre, con el fin de que informe de las investigaciones del caso Digna Ochoa. (Con información de Juan Cervantes, Juan Lázaro y Liliana Alcántara)

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Denuncian campesinos acoso
Sergio Javier Jiménez
El Universal
Lunes 05 de noviembre de 2001

Exigen guerrerenses esclarecer el asesinato de la defensora de derechos humanos. Demandan a Fox audiencia. Acusan al Ejército de encubrir a taladores clandestinos

Desesperados por la presión y las amenazas de los miembros del Ejército mexicano, y de no contar con apoyos para evitar la tala de bosques, los campesinos con quienes se reunió por última vez la abogada Digna Ochoa llegaron a la ciudad de México para exigir sean recibidos por el presidente Vicente Fox.

Los 38 representantes de ejidos y comunidades demandaron se esclarezca el asesinato de la abogada, quien llevó parte de la defensa de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, hoy presos en Iguala.

Los campesinos ecologistas revelaron al EL UNIVERSAL, que en aquel encuentro que tuvieron con la defensora de los derechos humanos le solicitaron asesoría jurídica y ella les comentó que haría lo posible, "tocaría puertas" para buscar alguna ayuda.

Hoy, encabezados por el secretario de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, en Guerrero, Felipe Arriaga Sánchez, acudirán al mediodía a Los Pinos para solicitar entrevistarse con el presidente Vicente Fox.

Según informaron los activistas, el presidente de la organización, Juan Bautista, no pudo viajar a la ciudad debido a que se encuentra delicado de salud.

Reunidos en el albergue de Fuentes Brotantes, en la delegación Tlalpan, los miembros de la organización campesina relataron la forma en que han sido molestados, hostigados y amenazados por elementos de las Fuerzas Armadas.

Incluso los acusaron de proteger o de mantener algún contubernio con las empresas que se dedican a cortar árboles como Boise Cascade,Maderas Papanoa, Forestal Vicente Guerrero y otras más pequeñas que actúan clandestinamente.

De 1998 a la fecha, destacaron, han sido asesinados seis integrantes de la organización fundada a mediados de los 90, pero que ya venía trabajando desde la década de los 80. Actualmente tienen más de 100 integrantes registrados, pero cuentan con la colaboración de más de mil campesinos en distintos puntos del estado.

Después del encarcelamiento de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, también fueron detenidos Pilar Martínez Pérez, Francisco Bautista Valle y Gerardo Cabrera, a quien le fueran asesinados dos de sus hermanos (Sergio y Jesús) y que es acusado también de homicidio, cuando en realidad, argumentan, es el cacique de la zona, Faustino Rodríguez, quien lo mandó detener con ayuda de militares y de la Policía Judicial.

"El juego del Ejército es proteger a las empresas taladoras. Están siendo afectadas más de 20 mil familias, por eso estaremos aquí hasta que sea necesario", concluyeron.

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Recibe PGJDF expedientes de amenazas a Digna Ochoa

Notimex
El Universal
Ciudad de México
Martes 30 de octubre de 2001

Señala el procurador capitalino Bernardo Bátiz que activistas del Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro" aceptaron ser coadyuvantes en la
investigación

16:50 La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) recibió los expedientes sobre las amenazas a Digna Ochoa, defensora de los derechos humanos,
asesinada hace unos días, y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) mostrará los archivos con los que cuenta, informó Bernardo Bátiz.

Titular de la PGJDF, Bátiz también informó que la Procuraduría General de la República (PGR) les envió la información correspondiente y que las autoridades del Cisen
manifestaron su disposición para mostrar los archivos, que serán utilizados en el momento en que se considere conveniente.

Bátiz dijo que, además, solicitaron datos del arma homicida a la Secretaría de la Defensa, por lo que destacó la disposición del gobierno federal para colaborar en el
esclarecimiento del crimen de la defensora de derechos humanos.

Integrantes del Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro", agregó, aceptaron ser coadyuvantes en la investigación del caso una vez que en la carta de
amenazas que dejaron los asesinos fueron mencionados.

Dicha disposición para colaborar en el caso fue considerada como muy importante por el procurador capitalino porque el centro estuvo cerca de los asuntos que
manejaba Digna Ochoa y seguramente aportarán información de los trabajos recientes que atendía la extinta defensora de los derechos humanos.

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Exige Iglesia proteger a defensores de derechos

Ruth Rodríguez, Ariadna García y corresponsales
El Universal
Martes 30 de octubre de 2001

Alerta la CEM sobre posible "regresión autoritaria" a raíz del asesinato de Digna Ochoa. Instalarán en la SG una mesa de análisis para desahogar agenda
en la materia

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) advirtió que hay riesgos de regresión autoritaria en el país, luego de la muerte de la abogada Digna Ochoa, por lo que
exigió al gobierno federal protección para los defensores de los derechos humanos.

En tanto, presos denominados de "conciencia" que están en huelga de hambre en el penal de Acapulco y otras cárceles del estado de Guerrero, demandaron el
esclarecimiento del crimen de Ochoa, quien era abogada de algunos de ellos.

Pidieron al gobierno de Vicente Fox que promulgue una ley de amnistía e impulse un mejor trato a los presuntos erpistas recluidos en los penales de La Palma, Jalisco y
Almoloya, estado de México.

Por otra parte, en la Secretaría de Gobernación y a petición de las organizaciones defensoras de los derechos humanos se acordó instalar hoy la mesa de análisis para
iniciar con el desahogo de la agenda nacional en materia de derechos humanos.

En la Basílica de Guadalupe se realizó una misa en recuerdo de Digna Ochoa. En su mensaje, Raúl Vera, obispo de Saltillo y vocal de la Comisión Episcopal de Pastoral
Social de la CEM, reconoció que la transición política en el 2000 no ha generado el cambio que los mexicanos esperaban.

Primero, subrayó, por la no aceptación de una ley indígena como la pidieron los más pobres para vivir con plenos derechos como mexicanos dentro de su cultura; y un
segundo momento es éste en el que el país se ve ensombrecido por el asesinato de una defensora de los derechos humanos.

En su homilía, recordó la visita que el primer mandatario hizo a este recinto al inicio de su gestión, "le pedimos a ella su intercepción para que ni él ni sus colaboradores,
así como quienes ejercen su servicio a la nación, desde los otros dos poderes de la Unión, se vean condicionados por quienes movidos por sus ambiciones siguen
frenando el progreso de todos los mexicanos".

En un comunicado de esta Comisión, firmado por los obispos Raúl Vera y Juan Guillermo López, se respalda el trabajo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín
Pro Juárez de la Compañía de Jesús.

También se demanda celeridad en la investigación de la muerte de la abogada y que se llegue a la detención y al castigo de los culpables.

Como muestra de una voluntad política por parte de las autoridades, exige medidas de protección a los defensores de derechos humanos.

Mesa de análisis

A petición de organizaciones de derechos humanos, la Secretaría de Gobernación pospuso para hoy la instalación de la mesa de análisis para incluir en la agenda
nacional el tema de los derechos humanos.

De acuerdo con información de la dependencia, la instalación programada para ayer se cambió a petición de los organismos defensores de derechos humanos que no
había terminado con su agenda de temas a tratar.

Luego del asesinato de la abogada Digna Ochoa y Plácido, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez acordó con el secretario de Gobernación,
Santiago Creel, evaluar las condiciones en que trabajan los defensores del país.

En la pasada reunión del 23 de octubre, el Centro Pro solicitó a las autoridades de Gobernación que los compromisos a los que lleguen sean del conocimiento público
para evitar reuniones secretas en las que sólo los presentes tengan conocimiento de lo que se discutió y los acuerdos.

Sin embargo, de acuerdo con la dependencia federal, la instalación de la mesa de análisis en materia de derechos humanos será hoy alrededor de las 18:00 horas y
estará encabezada por Santiago Creel, pero los trabajos serán a puerta cerrada.

Piden ley de amnistía

En Chilpancingo, Omar Guerrero Solís, presidente del Comité de Presos de Conciencia del Penal de Acapulco (CPCPA), dio a conocer que Digna Ochoa había aceptado
llevar los casos de los presuntos erpistas "Antonio", "Aurora", Felícitas Padilla y Fernando Gatica.

Pedro Nava, de la Organización de Pueblos y Colonias del Estado de Guerrero (OPCEG), reveló que la defensora de los derechos humanos tenía en su poder los
expedientes de los presuntos erpistas Jacobo Silva y Gloria Ajís, además de los arriba señalados.

Omar Guerrero, el dirigente de los presos de conciencia recluidos en la cárcel de Acapulco, y Pedro Nava de la OPCEG, dieron a conocer que Jacobo Silva (a)
comandante "Antonio" y Fernando Gatica, se encuentran en huelga de hambre desde hace 15 días "por la revisión indigna a familiares, restricción de llamadas
telefónicas y la negativa de introducir alimentos y medicinas".

En Cuernavaca, Morelos, la Federación Mexicana de Organismos Públicos Defensores condenó el crimen de Digna Ochoa. Ninfa Delia Domínguez, presidenta de este
organismo, sostuvo que ningún gestor debe sentirse aislado de estos hechos. (Con información de Juan Cervantes Gómez y Justino Miranda)

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Discrepa AMLO con Fox en caso Ochoa

Ella Grajeda y Alejandra Mayorga
El Universal
Martes 30 de octubre de 2001

El crimen de la defensora de derechos humanos también tiene repercusiones de carácter nacional, sostiene el jefe de gobierno. No pelearé con el
Presidente, señala

El jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no tiene intenciones de pelear con el presidente Vicente Fox por el caso de Digna
Ochoa, que si bien es cierto que el crimen se cometió en la ciudad de México, tiene también repercusiones de carácter nacional porque ella era una defensora de
derechos humanos.

El domingo pasado en San Cristóbal, Guanajuato, el primer mandatario habló sobre este caso: "Por supuesto que repudiamos y condenamos amplísimamente (el
crimen). Pero por tratarse de eso, de un homicidio, uno más que se sucede en la ciudad de México, le corresponde al gobierno de la ciudad y a la Procuraduría hacer las
investigaciones", refirió.

En su conferencia matutina, López Obrador consideró que la afirmación de Fox es una verdad a medias porque "estamos hablando del crimen de una defensora de
derechos humanos. Tenía tiempo que esto no se presentaba en nuestro país, por eso no compartimos ese punto de vista, pero vamos a actuar siempre de manera
respetuosa".

Incluso, dijo que las declaraciones del Presidente, quien aseguró que es responsabilidad del gobierno capitalino esclarecer el crimen de Ochoa, podrían ser una
respuesta a su postura en contra de la sede de la nueva terminal aérea.

"Hay algunas molestias por la postura que hemos asumido con relación al aeropuerto alterno, pero ¿qué otra cosa podríamos hacer?, es nuestra responsabilidad, somos
autoridad del Distrito Federal y es una obra que va a impactar en la ciudad", resaltó.

Reiteró que su administración se hará cargo de la investigación de este crimen y "hay la ventaja de que el responsable de realizar esta indagación es un hombre íntegro,
con principios como es el procurador Bernardo Bátiz. Vamos hacernos cargo".

Sin embargo, subrayó que es importante tener presente el contexto de este caso: "Digna Ochoa era una defensora de derechos humanos que trabajaba y defendía a
campesinos y a todos los que son víctimas de atropello en todo el país, y que además estaba siendo hostigada, amenazada –en la expresión de ella misma–, por
cuerpos caciquiles, paramilitares de toda la República."

Por eso, consideró que a la PGJDF le corresponde investigar por ley, Sin embargo, "no voy a responder y voy a seguir siendo muy respetuoso de la investidura
presidencial".

Homenaje

Por su lado, Rafael Álvarez Díaz, coordinador de asesores del ombudsman capitalino, aseguró que la investigación del asesinato de la abogada Digna Ochoa es una de
las "más altas preocupaciones" de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Álvarez Díaz asistió a la delegación Tlalpan a un homenaje luctuoso que se celebró en memoria de la defensora de los derechos humanos, donde el titular de la
demarcación, Gilberto López y Rivas, aseguró que la abogada fue víctima del "terrorismo de Estado".

El coordinador de asesores de la presidencia de la CDHDF recordó las épocas en que se desempeñó como primer visitador del Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez y trabajó al lado de Digna Ochoa y Plácido: "A pesar de las intimidaciones que sufrimos junto con ella desde el 17 de agosto de 1995 su convicción
no cejó, no disminuyó. Esta agresión también la entendemos hacia todos los mexicanos y mexicanas que pugnamos por una sociedad donde impere el estado de
derecho y la democracia."

López y Rivas indicó que con este asesinato queda claro que México está muy lejos de la "tan cacareada transición democrática".

Aseguró que el asesinato podría ser obra de un "escuadrón de la muerte" o "grupo de ajusticiamiento" que goza de impunidad, y dijo que este acontecimiento pone en
entredicho al gobierno del presidente Vicente Fox y al secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Vega.

Por su parte, el Frente Popular Francisco Villa Independiente señaló que el asesinato de Digna Ochoa "es un hecho que nos demuestra que nada ha cambiado. Más aún
la proliferación y utilización de cuerpos paramilitares y parapoliciacos... son usualmente utilizados para perseguir, encarcelar, desaparecer y asesinar a luchadores
sociales...".

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Reconoce la PGJDF que hay pocas pistas

Ricardo H. Andonaegui
El Universal
Domingo 28 de octubre de 2001

Al concluir los peritajes del lugar en donde fue asesinada la abogada Digna Ochoa y Plácido, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) reconoció
que existen pocos elementos para identificar a los probables homicidas, sin embargo consideró que existen avances en las diversas líneas de investigación que se
siguen.

El procurador Bernardo Bátiz Vázquez ratificó que se mantendrá la discreción en la indagatoria.

Respecto de los resultados periciales de los objetos que se encontraron junto al cuerpo de la defensora de derechos humanos como los guantes de látex, el recado
póstumo con una cruz y el polvo blanco esparcido por la estancia, no arrojaron mayores datos, lo cual confirma que el crimen fue ejecutado por profesionales.

Al respecto, Pedro Estrada, Coordinador general de Servicios Periciales informó que a partir de los estudios de laboratorio se logró comprobar que el polvo blanco
encontrado en el lugar era harina.

Confirmó que se encontraron fragmentos de huellas dactilares, sin embargo, ninguna de ellas esta registrada en los archivos de la PGJDF, por lo que no se descartó se
comparen en expedientes federales.

Por lo que hace a la subametralladora calibre 22, el especialista precisó que continúa el análisis.

Bátiz Vázquez dijo que la PGJDF trabaja actualmente en dos ámbitos, una que es el trabajo de investigación y la otra es atendiendo a los organismos de derechos
humanos nacionales y extranjeros.

En la investigación, dijo que la Procuraduría General de la República (PGR) enviará en breve los expedientes de las amenazas, mientras que la Secretaría de
Gobernación ratificó su disposición para que sean revisados archivos del Cisen.

Por otra parte, el gobierno capitalino ratificó su compromiso de esclarecer el homicidio de Digna Ochoa, durante la ceremonia por el aniversario luctuoso 184 de Pedro
Moreno González, que se efectuó en el Ángel de la Independencia.

Renato Sales Heredia, subprocurador Jurídico y de Derechos Humanos de la PGJDF, subrayó que no hay democracia posible sin respeto a los derechos fundamentales,
"por lo que debemos luchar entonces para que esos derechos no queden en mera retórica, luchar para que no constituyan una frase hueca".

"Estamos convencidos que la mejor manera de honrar la memoria de Digna Ochoa, es encaminar todo nuestro esfuerzo en hallar y sancionar a sus victimarios, sean
quienes sean y estén donde estén", advirtió.

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Fox no ha cumplido: "The New York Times"

El Universal
Domingo 28 de octubre de 2001

El diario acusa al gobierno foxista de no "rectificar las pasadas injusticias", como lo había prometido en campaña

NUEVA YORK (ANSA). El asesinato de Digna Ochoa y Plácido, una reconocida abogada de derechos humanos de México, "tiene todas las huellas de un asesinato
político cometido por poderosos grupos de intereses confiados en que pueden seguir actuando con la impunidad de siempre", dijo hoy un editorial del "New York Times".

El diario acusó al gobierno del presidente Vicente Fox de no haber cumplido, todavía, con los compromisos electorales de "rectificar las pasadas injusticias".

Ochoa fue asesinada a balazos en su oficina en el Centro de la ciudad de México la semana pasada, y una nota dejada por él o los asesinos advertía que los próximos
serán otros abogados de derechos humanos.

"Éste crimen sugiere una dolorosa continuidad, con un horrible pasado, en un país que tan esperanzadoramente saludó la elección el año pasado del presidente Vicente
Fox y el fin de 71 años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI)", dijo el "Times".

El diario recordó que Fox prometió transformar a México en una democracia ejemplar y abogar decididamente en favor de los derechos humanos internacionales.

"Su respuesta a este asesinato probará la seriedad de su compromiso", señaló el editorial del "New York Times".

Ochoa, mejor conocida por la defensa de los activistas campesinos ambientalistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, acusó a los militares de torturar a los prisioneros
por causas políticas.

"Más allá del caso Ochoa afirmó el `Times`-, el presidente Fox debe actuar para rectificar las pasadas injusticias. Hasta hoy, ha estado bastante lejos de hacerlo, en
parte porque no quiere molestar al todavía poderoso PRI", agregó.

"Estos temores envían un mensaje equivocado uno más a los grupos ávidos por subvertir la ley y obstruir la labor de abogados como Digna Ochoa", dijo el diario.

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Ensombrece a gobierno foxista caso Ochoa: ONG

Jorge Alejandro Medellín
El Universal
Domingo 28 de octubre de 2001

Cuestiona Sipaz, organismo internacional que impulsa el proceso de paz en Chiapas, la desatención de autoridades ante las agresiones en contra de la
luchadora social

El organismo civil Servicio Internacional por la Paz (Sipaz) exigió al presidente Vicente Fox el esclarecimiento rápido y eficaz del asesinato de la abogada Digna Ochoa y
lamentó "profundamente que ni los esfuerzos de la administración anterior ni de ésta han logrado esclarecer esos hechos y sancionar a los culpables".

En una carta fechada el 22 de octubre y dirigida al presidente Fox; al secretario de Gobernación, Santiago Creel; al procurador general, Rafael Macedo de la Concha y al
procurador capitalino, Bernardo Bátiz, el presidente de la Junta Directiva Servicio Internacional para la Paz, Philip McManus, cuestionó la falta de atención del actual
régimen por continuar la investigación sobre las agresiones y hostigamientos que sufrió Digna Ochoa hasta antes de ser asesinada, el pasado viernes 19 de octubre.

Sipaz es una coalición internacional de organizaciones de América del Norte, América Latina y Europa, creada en 1995 para apoyar el proceso de paz en Chiapas.

El texto de la organización le expresa a Vicente Fox que nos unimos a los sentimientos de pesar y de indignación de los organismos mexicanos de derechos humanos
ante el brutal asesinato de la abogada Digna Ochoa, que ensombrece este primer año de su gobierno. Por último, Sipaz externa que con el asesinato de la abogada "la
comunidad internacional ha sido golpeada por este crimen, y seguirá con mucha atención el proceso tendiente a esclarecerlo y hacer justicia. En tanto, en San Cristóbal
de las Casas, Chiapas, más de 50 organizaciones involucradas en la defensa de los derechos humanos lamentaron el asesinato de la activista Digna Ochoa y Plácido, y
le dijeron al presidente Vicente Fox que seguirán "con mucha atención" el proceso que se siga para esclarecer los hechos y se haga justicia. (Con información de Fredy
Martín, corresponsal )

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La represión en México, "mal de todos los días"

Liliana Alcántara
El Universal
Domingo 28 de octubre de 2001

Adrián Ramírez López, miembro del Observatorio Internacional para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, señaló que la "guerra sucia"
nunca terminó, porque los responsables aún están en el poder

Después de Colombia, México ocupa el segundo lugar en actos de represión contra defensores de derechos humanos en América Latina, región donde las amenazas, el
hostigamiento y las ejecuciones contra los activistas son comunes, informó Adrián Ramírez López.

El miembro del Observatorio Internacional para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos señaló que la "guerra sucia" nunca terminó en México y "este
gobierno parece que tampoco quiere acabar con ella porque muchos de los responsables de esos crímenes aún forman parte del sistema".

Explicó que las amenazas, la vigilancia constante de oficinas y domicilios, las campañas difamatorias, los juicios penales con imputaciones falsas y pruebas fabricadas,
las detenciones arbitrarias, la tortura, las desapariciones forzadas y los asesinatos suceden contra activistas de distintas regiones del país, pero con mayor incidencia en
Chiapas, Guerrero, Oaxaca y el Distrito Federal.

El también presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos refirió que las consecuencias del asesinato de la abogada Digna Ochoa y Plácido
ocurrido en el contexto actual de represión a nivel mundial podría alcanzar magnitudes inimaginables.

"El asesinato de Digna se da cuando a nivel mundial se está revitalizando la represión. En la actual lucha contra el terrorismo, esas fuerzas oscuras vinculadas a los
cuerpos de seguridad de los países se ven incitadas a actuar de nuevo".

Y agregó: "Vemos en Estados Unidos cómo hoy están restringiendo las libertades fundamentales, cómo están siendo detenidas y procesadas algunas personas sólo por
tener ciertos rasgos físicos y cómo sectores de la sociedad están agrediendo a la población. Este es el ánimo que se está dando en el mundo y concretamente en
nuestro país".

Ante este panorama, Ramírez López alertó que si la sociedad civil nacional e internacional no exigen y presionan al gobierno mexicano para que se esclarezca el crimen
de Digna Ochoa hasta localizar y procesar a los responsables "se dará el banderazo de salida a una escala represiva de magnitudes insospechadas como las que están
sucediendo".

A raíz del asesinato de la abogada ocurrido el pasado 19 de octubre el temor por perder la vida se propagó entre los defensores de derechos humanos del país.

"La ejecución extrajudicial de Digna Ochoa ha impactado al resto de los defensores porque tenemos el temor cotidiano de que en cualquier momento nuestras propias
vidas corren peligro", comentó.

Sin embargo, señaló que para esclarecer este crimen no sólo bastará la vía judicial o pericial sino también la voluntad política "porque seguimos viviendo signos de guerra
sucia con acciones limpias, es decir, crímenes como los de Digna sin ninguna huella y sin ningún indicio que pudiera conducir al asesino".

Dijo que tampoco la apertura de archivos bastaría porque "me da la impresión que nos estamos acercando a una idea de desclasificar archivos con una política similar a
la de la CIA, donde ésta da a conocer los horrores que ha hecho y todo de lo que es capaz para desestabilizar a un país o acabar con un grupo pero siempre reserva el
nombre de los ejecutores".

Destacó que también es preciso saber "qué significa el hecho de que una persona esté en las listas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), si eso
significa mayor seguridad o es una sentencia de muerte".

Consideró que las violaciones a los derechos humanos podrán terminar en nuestro país si se logran cortar los hilos de la impunidad, si se logra saber quiénes son los
torturadores y asesinos del pasado y se les castiga.

¿Pero el asesinato de Digna Ochoa no pudo ser un mensaje para aquellos que desean esa rendición de cuentas con el pasado?

Por eso mismo, si existe ya un compromiso del gobierno por esclarecer esos crímenes se podría ensayar incluso otro formato como el de Sudáfrica donde en un tribunal
público confiesan sus crímenes y dónde están los restos de la gente que asesinaron y es todo. No se trata de venganza sino de tener la confianza de que al menos esas
personas ya no seguirán actuando.

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Abrirá ONU oficina de derechos aquí

José Luis Ruiz
El Universal
Domingo 28 de octubre de 2001

Será el próximo año: Mariclaire Acosta. Pide CIDH al gobierno audiencia sobre el caso Digna Ochoa. Anuncia Fox programa de protección a defensores.
Reprocha "NYT" incumplimiento de promesas sobre injusticias

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó una audiencia a autoridades de México para que expliquen todo lo que han hecho en torno del caso de la
abogada Digna Ochoa, las medidas adoptadas y se llegue al fondo de la investigación para que no quede impune el crimen.

Mariclaire Acosta, subsecretaria de Derechos Humanos y Democracia de la SRE, dio a conocer lo anterior y adelantó que el próximo año el Alto Comisionado de
Derechos Humanos en Naciones Unidas abrirá una oficina en México.

La funcionaria reconoció que uno de los efectos del asesinato de Digna Ochoa es que puede destruir la confianza que la ciudadanía tiene en el gobierno de Vicente Fox.

En tanto, el Presidente reiteró que abrirá los archivos del Cisen, la PGR e incluso del Ejército si en ellos hay información que pudiera contribuir a esclarecer el asesinato.

Durante su emisión radiofónica sabatina, el primer mandatario afirmó que pondrá en marcha un programa para la protección de todas aquellas personas que trabajan en la
defensa de los derechos humanos, y evitar que ocurran más atentados.

"Demandamos, junto con toda la sociedad y todas las organizaciones de Derechos Humanos, la urgente y pronta resolución por parte de la autoridad encargada de este
asunto. A todos nos importa que se aclare", puntualizó el Ejecutivo.

En Estados Unidos, el editorial de "The New York Times" acusó al gobierno del presidente Fox de no haber cumplido todavía con los compromisos electorales de
"rectificar las pasadas injusticias". El caso Digna Ochoa, agrega, "tiene todas las huellas de un asesinato político cometido por poderosos grupos de intereses, confiados
en que pueden seguir actuando con la impunidad de siempre".

Por otra parte, el organismo civil Servicio Internacional por la Paz (Sipaz) cuestionó la poca atención del actual gobierno por continuar las investigaciones sobre las
agresiones que sufrió la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido antes de ser asesinada.

Vigilará ONU derechos humanos aquí

El presidente Vicente Fox se comprometió a abrir los archivos del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (Cisen), de la Procuraduría General de la República
(PGR) e incluso del Ejército, si en ellos existe información que pudiera contribuir en el esclarecimiento del asesinato de Digna Ochoa. Aseguró que su gobierno no oculta
"absolutamente nada" y que las puertas de México están abiertas a los visitantes de los organismos internacionales de derechos humanos para que indaguen sobre éste
y otros casos. "Aquí lo importante es dejar bien claro que este gobierno no esconde absolutamente nada, queremos la transparencia total y si debemos de ser revisados,
que seamos revisados por todo mundo", aseguró Fox.

En este sentido, la subsecretaria de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Mariclaire Acosta, dio a conocer que el año próximo se abrirá en México una oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Naciones Unidas. Comentó que la Corte Interamericana acaba de requerir a autoridades mexicanas a una audiencia para explicar todo lo que se ha hecho y las medidas que se están tomando para evitar que esto vuelva a suceder y se llegue al fondo de la investigación, para que esto no quede en la impunidad.

Aseguró que la SRE reabrió los casos que el gobierno
anterior había declarado ya cerrados y que estaban ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, muchos de ellos, que implican violaciones graves a derechos
humanos. "Una de las cosas que hemos hecho es que nos hemos puesto en contacto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para ofrecerles nuestra más amplia colaboración, porque fueron estos organismos de protección de derechos humanos los
que dictaminaron las medidas cautelares en favor de Digna Ochoa", dijo Acosta.

En su programa de radio "Fox en vivo, Fox contigo", el mandatario precisó, sin embargo,
que el asesinato de la luchadora social es un asunto que debe ser investigado por la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, por tratarse de un caso del fuero
común, pero reiteró la disposición del gobierno federal a coadyuvar en las investigaciones. "Nosotros hemos ofrecido toda la coadyuvancia posible y todo el apoyo para aclarar y proceda la investigación para que se llegue y castigue a los culpables, pero además hemos ofrecido y comprometido una apertura total de todos los archivos, de
todos los `files`, de toda la información que exista en el Cisen, en el Ejército o en la PGR o en cualquier dependencia", dijo Fox.

El mandatario rechazó versiones que aseguran que los responsables del crimen de Digna Ochoa se encuentran dentro del gobierno federal, y pidió que no se hagan acusaciones por adelantado. "Creo que se han corrido muchas versiones y se ha insinuado que esto proviene de algunas dependencias dentro del gobierno federal. Rechazamos que haya acusaciones por adelantado. Abrimos totalmente las puertas, se lo digo al procurador del Distrito Federal, para que cuente con toda la información, y cite a declarar a quien él considere pertinente.

Nos vamos a asegurar de que haya un respaldo total para esta aclaración", subrayó Fox. Dijo que el Ministerio Público y la Procuraduría del Distrito Federal
deben saber que está "totalmente abierto" cualquier archivo o información que sirva para la aclaración de este artero crimen. "Por tanto demandamos junto con toda la
sociedad y junto con todas las organizaciones de derechos humanos, la pronta y urgente resolución por parte de la autoridad encargada de este tema. A todos nos es
importante que se aclare." Reiteró en que como gobierno federal y como Presidente de la República condena el artero crimen de Digna Ochoa.

"Realmente es lamentable
que esto haya sucedido y nuestra más enérgica condena a quien quiera que lo haya hecho", dijo Fox, quien explicó que su gobierno pondrá en marcha un programa para
la protección de todas aquellas personas que trabajan en la defensa de los derechos humanos, y evitar que se vuelva a vivir un caso de este tipo. En la emisión radial,
Vicente Fox que este el asunto de los derechos humanos forma parte de toda una estrategia para proteger los derechos del ciudadano, particularmente frente al Estado.
Fox explicó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha instruido alrededor de 17 recomendaciones al gobierno federal en lo que va del año, y que de ellas la
mayoría se han resuelto o están en proceso.

Al referirse a la adopción de acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, el presidente Fox comentó que desde el momento en que se firma uno de estos acuerdos México está obligado a cumplirlos. Aseguró que existe "total apertura" para abrir las puertas de México a las instituciones internacionales para que visiten el país y constaten la realidad que se vive en materia de derechos humanos.

Oficina de ONU en México

La subsecretaria de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Mariclaire Acosta, dio a conocer que el año próximo se abrirá en
México una oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Naciones Unidas. Dijo que con el concurso de las instituciones protectoras de derechos humanos de
las diferentes dependencias del gobierno federal y de las organizaciones de la sociedad civil, junto con la ONU, se realizará un gran diagnóstico en la materia en México
y un Programa Nacional de Derechos Humanos, que coadyuve a llegar a las causas sobre violación de derechos humanos, que "lamentablemente todavía existen entre
nosotros y que es una herencia de muchos años".

Acosta, quien estuvo presente en el programa "Fox en vivo, Fox contigo", reconoció que uno de los efectos del asesinato de Digna Ochoa es que puede destruir la confianza que la ciudadanía tiene en su gobierno. Comentó que desde la SRE se ha dejado en claro ante los organismos internacionales que este gobierno está comprometido con la defensa irrestricta de los derechos humanos y que se van a cumplir las disposiciones incluidas
en los acuerdos suscritos. "Hemos hecho una invitación abierta a todos los mecanismos de supervisión de los derechos humanos, tanto de las Naciones Unidas, como
del Sistema Interamericano, a que vengan a nuestro país, a que ayuden y cooperen con nosotros para remontar la herencia, pues de décadas y décadas de autoritarismo
y de violación de derechos humanos."

Reconoció que es urgente armonizar la legislación interna con los compromisos internacionales que México ha asumido, y al
respecto explicó que la SRE ya envió un paquete legislativo al Senado que contiene importantes instrumentos legales para que justamente cada ciudadano pueda
acceder a una protección más plena en la materia. Explicó que se firmó un Acuerdo de Cooperación Técnica con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de
Derechos Humanos. (Con información de Alejandro Medellín)

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Hubo denuncias previas de hostigamiento

Liliana Alcántara
El Universal
Sábado 27 de octubre de 2001

Tras recibir en sus oficinas, en septiembre de 1999, tres sobres con mensajes amenazantes se acudió a esa instancia y posteriormente a la Corte
Interamericana

Antes de recurrir a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los actos de hostigamiento y las amenazas en contra de la abogada Digna
Ochoa y Plácido y miembros del Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez" (Centro Pro) ya habían sido denunciados ante la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH).

Además, de acuerdo con información recabada por EL UNIVERSAL, desde 1998, la CIDH recomendó al gobierno de México que ofreciera todas las garantías para que
los defensores de derechos humanos, tanto mexicanos como extranjeros, pudieran llevar a cabo su labor, "sin interferencias abusivas por parte de las autoridades".

Según consta en el expediente 1999/3849-2, con fecha del 3 de septiembre de 1999, el Centro Pro presentó una queja ante la CNDH luego de que ese mismo día
recibieran en sus oficinas tres sobres que contenían mensajes amenazantes en contra de los integrantes de este organismo no gubernamental.

El documento archivado en el Programa de Atención de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la CNDH señala que "esta organización
relacionó esos hechos con un asalto sufrido en días anteriores por la licenciada Digna Ochoa, encargada del área jurídica del Centro".

Por ello, el Centro Pro solicitó en esa fecha la intervención de la CNDH a fin de que el gobierno "garantice la integridad física y psicológica de sus miembros y realice la
investigación del origen de tales hechos".

También presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que el 9 de septiembre de 1999 solicitó al Estado mexicano "la
adopción de medidas concretas, con carácter de urgente, a efectos de la protección de la vida y la integridad física de Digna Ochoa".

En respuesta, el gobierno de México, a través de la Cancillería, informó a la CIDH el 21 de septiembre de 1999 que "la CNDH ya había adoptado las medidas necesarias
para la protección en favor del Centro Pro, que se iniciaron averiguaciones previas en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y que también intervino la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal".

Sin embargo, el 28 de octubre de ese mismo año, Digna Ochoa sufrió un atentado en su casa, por lo que la CIDH recurrió a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.

La CIDH documentó en el expediente 122.29 que el 28 de octubre de 1999, un grupo de desconocidos ingresó al domicilio de Digna Ochoa "y la interrogaron respecto a
su supuesta participación directa en acciones de varios grupos armados disidentes que operan en México", la sujetaron a su cama y le abrieron las llaves del gas.

Ante estos hechos, el 17 de noviembre de 1999, la Corte requirió al Estado mexicano que adoptara medidas cautelares para proteger la vida e integridad de Digna Ochoa,
Edgar Cortez, Mario Patrón Sánchez y Jorge Fernández Mendiburu y ordenó a su vez, la investigación de las denuncias.

La CNDH informó que "sí hubo la disposición de este organismo para que se establecieran las medidas cautelares" y que un visitador dio fe de que las personas
encargadas de velar por la seguridad de Digna Ochoa cumplieran con su labor.

Señaló que el referido expediente se dio por concluido cuando la abogada partió hacia Estados Unidos.

La recomendación

El informe "La situación de los derechos humanos en México", dado a conocer el 24 de septiembre de 1998, establece: "la CIDH expresa su preocupación por los graves
hechos de hostigamiento y violencia contra los defensores de derechos humanos y organizaciones sociales en México e insta al Estado mexicano a analizar seriamente
la situación".

En ese año, organismos no gubernamentales informaron a la CIDH que de enero de 1995 a mayo de 1997, 113 defensores de derechos humanos, pertenecientes a 29
agrupaciones civiles, habían sido víctimas de amenazas de muerte, intimidación, persecución, advertencias de secuestro o desaparición, vigilancia en domicilios privados
y lugares de trabajo, así como el robo de materiales e información.

Ante ese panorama, la CIDH recomendó desde ese entonces que ofreciera todas las garantías para que los activistas pudieran ejercer su trabajo sin presiones de ningún
tipo.

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Nunca rehuí a la CNDH: Macedo de la Concha

Jorge Alejandro Medellín y Juan Manuel Barrera/Reportero y corresponsal
El Universal
Sábado 27 de octubre de 2001

El procurador señala que se debe atender con todos los recursos el caso de la litigante

Durante mi paso por la Procuraduría General de Justicia Militar "nunca rehuí las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el caso de
los ecologistas (sic) presos en Guerrero; es más, cuando salí de la Procuraduría, en el mes de septiembre, dejé la investigación abierta en contra de quienes resultaran
responsables en relación con los señalamientos de la CNDH a la Defensa Nacional", señaló Rafael Macedo de la Concha.

Cuestionado por los reporteros en torno a las acusaciones de diversas organizaciones no gubernamentales, del Centro de Derechos Miguel Agustín Pro y de la abogada
Pilar Noriega por sus omisiones como procurador castrense y procurador general de la República en torno a las denuncias de la defensora de derechos humanos Digna
Ochoa, asesinada el pasado viernes, Macedo rechazó los ataques y dijo tener la conciencia tranquila.

El procurador fue entrevistado previo a la clausura del seminario "Seguridad pública, reto del siglo XXI", que se efectuó en la Universidad Anáhuac, en donde dijo que el
Estado mexicano debe atender con toda su estructura el caso de la abogada Digna Ochoa, cuyo crimen calificó de indignante.

Sobre su trabajo en la justicia militar y en la PGR Macedo se dijo convencido y orgulloso por todos los resultados obtenidos en general en las dos procuradurías.

Aclaró que como procurador militar siempre cumplió con la aplicación de la ley y dijo que era falso el señalamiento sobre el "carpetazo" que habría dado a varias
investigaciones en contra de militares cuando estuvo al frente de ésta.

Pero la abogada Noriega y dirigentes de otras ONG han señalado que cuando usted estuvo en la Procuraduría Militar pasó por alto varias denuncias contra otros
militares...

¿Eso quién lo dijo..?

Gente de varias ONG...

Yo creo que bien vale la pena (decir) cuál fue el trabajo que hizo el entonces procurador militar en ese sentido y creo que ahí está.

La abogada Pilar Noriega lo ha atacado a usted no sólo como funcionario sino como persona, ¿usted se siente tranquilo señor ante esas acusaciones?

Mire, creo que en estas cuestiones se trata de respeto... yo respeto mucho lo que ella ha dicho, respeto su punto de vista y mi única convicción es que mientras el
procurador Macedo de la Concha esté en este cargo va a seguir cumpliendo con su responsabilidad, con toda su capacidad y entrega, y que la ciudadanía sea la que
valore el esfuerzo que estamos haciendo.

¿Entonces se siente tranquilo?

No tengo ningún motivo por el cual no lo esté.

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Pide la CIDH protección para los miembros del Centro Pro

Liliana Alcántara
El Universal
Sábado 27 de octubre de 2001

Exhorta el organismo de la OEA a velar también por la integridad de Pilar Noriega, Bárbara Zamora y Leonel Rivero, compañeros de la abogada
asesinada

La Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó ayer al gobierno de México que, sin dilación, adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de
los miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro) y de los abogados Pilar Noriega García, Bárbara Zamora López y Leonel Rivero
Rodríguez, quienes colaboraron con Digna Ochoa y Plácido en la defensa de los derechos humanos.

También requirió al Estado mexicano que investigue el asesinato de la abogada Digna Ochoa, ocurrido el pasado 19 de octubre, con el propósito de descubrir a los
responsables y sancionarlos.

En la resolución, el presidente de la Corte, Antonio Cancado Trindade, dio un plazo de 10 días al gobierno de nuestro país para que informe a este organismo sobre las
medidas adoptadas, así como las observaciones que considere pertinentes.

El funcionario brasileño convocó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al gobierno mexicano, a una audiencia pública en la sede de la Corte en
Costa Rica el 26 de noviembre próximo a las 15:00 horas, con el propósito de escuchar los puntos de vista sobre los hechos y las circunstancias que motivaron el
asesinato de la abogada Digna Ochoa.

Además, pidió que nuestro país informe, cada dos meses, a la Corte sobre las medidas provisionales adoptadas.

Esta resolución se dio luego de que la CIDH documentó ante la Corte, que luego del asesinato de la abogada Digna Ochoa, los integrantes del Centro Pro y los abogados
Pilar Noriega, Bárbara Zamora y Leonel Rivero "se encuentran en situación de urgente y grave peligro para la vida e integridad física".

La CIDH fundamentó su solicitud informando que: "el 19 de octubre del 2001 Digna Ochoa fue asesinada por una o más personas no identificadas en la oficina de su
colega Pilar Noriega en la colonia Roma de la ciudad de México".

Informó a la Corte que "junto al cuerpo de la víctima se encontró un mensaje que contenía una amenaza expresa a los integrantes del Centro Pro y que diferentes
autoridades de México, incluido el procurador general de Justicia, Bernardo Bátiz, manifestaron públicamente que la ejecución extrajudicial de la abogada se trataría de
una represalia por sus actividades profesionales de defensa de derechos humanos".

Agregó que "Digna Ochoa desarrollaba tales tareas en directa y estrecha colaboración con los abogados Pilar Noriega, Bárbara Zamora y Leonel Rivero, cuyas vidas e
integridad personal se encuentran en grave e inminente peligro".

Esta nueva resolución de la Corte se suma a la emitida el 15 de octubre de 1996 al gobierno mexicano, en la que se solicita la liberación inmediata del general José
Francisco Gallardo, preso actualmente en el penal de Neza Bordo.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos está facultada para emitir este tipo de recomendaciones porque México ratificó el 3 de abril de 1982 la Convención
Americana y el 16 de diciembre de 1998 reconoció la competencia contenciosa de este organismo.

La Corte interviene a solicitud de la CIDH cuando hay una situación de violación a los derechos humanos de urgente atención, sin embargo, no hay ninguna sanción para
México y para ningún otro país en caso de que no atiendan a las recomendaciones.

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CIDH: protejan a activistas

Liliana Alcántara
El Universal
Sábado 27 de octubre de 2001

Pide garantías para miembros del Centro Pro y tres abogados. Digna Ochoa tenía miedo de amenazas: Robinson. Niega Macedo acusaciones de ONG

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó ayer al gobierno de México que, sin dilación, adopte las medidas necesarias para proteger la vida e
integridad de los miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro) y los abogados Pilar Noriega García, Bárbara Zamora López y
Leonel Rivero Rodríguez, quienes colaboraron con Digna Ochoa.

También requirió del Estado mexicano que investigue el asesinato de la abogada, ocurrido el pasado 19 de octubre, con el propósito de descubrir a los responsables y
castigarlos.

Mary Robinson, alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, señaló que las medidas que adopte México "para esclarecer y hacer justicia" sobre el
asesinato de Digna Ochoa serán revisadas muy de cerca por ella.

Recordó que en 1999, cuando conoció a Ochoa, "ella tenía miedo de las amenazas y el resto de los dirigentes temían por ella". En México, el procurador general Rafael
Macedo de la Concha rechazó las impugnaciones de diversas ONG y de la abogada Pilar Noriega, por sus omisiones como procurador castrense y titular de la PGR en
torno de las denuncias de la defensora Digna Ochoa.

Pide la CIDH protección para los miembros del Centro Pro

La Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó ayer al gobierno de México que, sin dilación, adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de
los miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro) y de los abogados Pilar Noriega García, Bárbara Zamora López y Leonel Rivero
Rodríguez, quienes colaboraron con Digna Ochoa y Plácido en la defensa de los derechos humanos.

También requirió al Estado mexicano que investigue el asesinato de la abogada Digna Ochoa, ocurrido el pasado 19 de octubre, con el propósito de descubrir a los
responsables y sancionarlos.

En la resolución, el presidente de la Corte, Antonio Cancado Trindade, dio un plazo de 10 días al gobierno de nuestro país para que informe a este organismo sobre las
medidas adoptadas, así como las observaciones que considere pertinentes.

El funcionario brasileño convocó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al gobierno mexicano, a una audiencia pública en la sede de la Corte en
Costa Rica el 26 de noviembre próximo a las 15:00 horas, con el propósito de escuchar los puntos de vista sobre los hechos y las circunstancias que motivaron el
asesinato de la abogada Digna Ochoa.

Además, pidió que nuestro país informe, cada dos meses, a la Corte sobre las medidas provisionales adoptadas.

Esta resolución se dio luego de que la CIDH documentó ante la Corte, que luego del asesinato de la abogada Digna Ochoa, los integrantes del Centro Pro y los abogados
Pilar Noriega, Bárbara Zamora y Leonel Rivero "se encuentran en situación de urgente y grave peligro para la vida e integridad física".

La CIDH fundamentó su solicitud informando que: "el 19 de octubre del 2001 Digna Ochoa fue asesinada por una o más personas no identificadas en la oficina de su
colega Pilar Noriega en la colonia Roma de la ciudad de México".

Informó a la Corte que "junto al cuerpo de la víctima se encontró un mensaje que contenía una amenaza expresa a los integrantes del Centro Pro y que diferentes
autoridades de México, incluido el procurador general de Justicia, Bernardo Bátiz, manifestaron públicamente que la ejecución extrajudicial de la abogada se trataría de
una represalia por sus actividades profesionales de defensa de derechos humanos".

Agregó que "Digna Ochoa desarrollaba tales tareas en directa y estrecha colaboración con los abogados Pilar Noriega, Bárbara Zamora y Leonel Rivero, cuyas vidas e
integridad personal se encuentran en grave e inminente peligro"