El director del Centro Pro, Edgar Cortez, dijo ante los cuestionamientos sobre los casos, que "no hay elementos para pensar que el asesinato de Digna Ochoa esté asociado a un caso específico". Enfatizó que están conscientes que su trabajo lleva riesgos porque denunciar violaciones de derechos humanos siempre es afectar a espacios de poder político, de poderes federales y locales.

"En un buen número de los casos que ella llevaba y que el Centro está defendiendo están implicados miembros de las Fuerzas Armadas", explicó.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro sospecha que las amenazas que ha sufrido en los últimos días podrían venir del Ejército, publicó El Universal el miércoles seis de octubre de 1999.

En ese entonces Rafael Alvarez, primer visitador del Centro, aseguró lo anterior y dijo que sustenta sus afirmaciones en que los investigadores Jorge Luis Sierra y Alberto Enríquez, el folleto "Las Fuerzas Armadas a fin de milenio. Los militares en la coyuntura actual", fueron también amenazados por Internet.

Ochoa nació en Veracruz en 1964, los casos que litigaba eran considerados "delicados" porque presuntamente estaban involucradas fuerzas castrenses y de seguridad pública.

El Centro Pro afirma en el boletín el día de su muerte: "somos testigos de su compromiso inquebrantable, diversas organizaciones nacionales e internacionales se lo expresaron con la Medalla Roque Daltón, el Premio de Amnistía Internacional, el premio que le otorgó la Asociación de Derechos Humanos de la Barra de Abogados de Nueva York, entre otros. Su valentía, generosidad y profesionalismo se mantuvo hasta el final, a pesar de quienes sintieron afectada la comodidad de su actuación impune y arbitraria".

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Fox planea indultar a ecologistas recluidos
Miguel Badillo y Francisco Gómez
El Universal
Jueves 08 de noviembre de 2001

La decisión, en beneficio de los campesinos presos en Guerrero; se tomó por razón "humanitaria", tras la muerte de Ochoa; participaron varios en el homicidio, dice PGJDF

El presidente Vicente Fox habría resuelto conceder mañana un indulto a los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, presos en Guerrero, cuya libertad ha sido exigida por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.

La medida, tomada por "razones humanitarias" y tras el homicidio de Digna Ochoa, involucra a otros cuatro indígenas enfermos recluidos en diversos penales del país.

Por su parte, el procurador general de la República, Rafael Macedo, informó que la dependencia a su cargo no desistirá de la acción penal contra los ecologistas.

Indicó que la Procuraduría continúa el proceso de revisión de mil 247 casos de indígenas presos por supuestos delitos federales.

Según especialistas, el presidente Fox al conceder el indulto haría uso de las facultades que le brinda el artículo 89 constitucional.

En tanto, Pedro Estrada, coordinador general de Servicios Periciales de la Procuraduría capitalina, informó que en el asesinato de Digna Ochoa participó más de una persona. Asimismo, senadores criticaron el actuar de la PGR en el caso de Digna Ochoa. Exigieron que pruebe el proceder de los funcionarios que decidieron retirar la seguridad a la abogada Ochoa y Plácido, quien estaba amenazada de muerte.

Al comparecer ante los legisladores, Macedo indicó que para esclarecer el caso, la PGR no escatimará esfuerzos y brindará el apoyo que requiera la Procuraduría capitalina.

Posible excarcelación de ecologistas

Por "razones humanitarias", el presidente Vicente Fox habría resuelto conceder mañana viernes un indulto a los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, presos Iguala, Guerrero, y cuya libertad han demandado organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, así como otros grupos no gubernamentales.

Esta medida tomada en Los Pinos después del homicidio de Digna Ochoa, abogada de los ecologistas Montiel y Cabrera, también incluye a otros cuatro indígenas enfermos propuestos para obtener su libertad anticipada, con lo cual sigue la Procuraduría General de la República el proceso de revisión de mil 247 casos de indígenas presos por la supuesta comisión de algún delito federal. El procurador general de la República, Rafael
Macedo, informó que la dependencia a su cargo no se desistirá de la acción penal contra los ecologistas presos en Guerrero, aunque dejó abierta la posibilidad de que el presidente Fox haga uso de su facultad de otorgar el indulto.

De acuerdo con abogados consultados sobre el tema, el presidente Fox podría conceder el indulto a Montiel y Cabrera, conforme a lo establecido en el artículo 89, fracción 14, que señala entre las facultades y obligaciones del presidente conceder indulto a reos sentenciados por delitos de la competencia de los tribunales federales y a los sentenciados por delitos del orden común en el DF.

Entrevistado en la Cámara de Diputados, al terminar la presentación del libro "El desafío de la justicia", del diputado José Elías Romero Apis, el procurador Macedo de la Concha declaró sobre la posibilidad de que el indulto se conceda a Montiel y Cabrera: "Hay varias alternativas que analizar, pero siempre dentro del marco de la ley". –¿La PGR podría desistirse de la acción penal en contra de los campesinos ecologistas, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera? –se le preguntó al general Macedo de la Concha.

–No, no se trata de eso. Tenemos que aplicar la ley, tenemos que determinar dentro del marco del derecho y constitucional interno, si hay esas alternativas de solución a ese problema, respondió.

Romero Apis, por su parte, manifestó su desacuerdo con la posibilidad de que la Cámara de Diputados pueda forzar al presidente Fox a aplicar el indulto. También descartó que el Congreso pudiera emitir una ley de amnistía en el caso de Montiel y Cabrera, aunque indicó que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara Baja es la que debe definir una posición sobre el tema.

En un diagnóstico elaborado por la PGR después de que la fiscalía realizó visitas a los ceresos, se determinó intervenir en 944 casos, de los cuales se gestionaron 383 beneficios de ley y de éstos 172 correspondieron al año 2000 y 211 en el 2001, mientras que para el 2002 se estima que otros 150 indígenas presos serán liberados. Para el periodo 2003-2006 se han calendarizado 217 expedientes para ser propuestos a obtener
beneficios de ley. Los cuatro indígenas enfermos que serán liberados en los próximos días son: El mixteco Asunción Ríos López, sentenciado a seis años y recluido en el Cereso Central de Oaxaca. Tiene padecimientos de diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia renal, anemia e infección bronquial.

El otomí Rogelio López Hernández, sentenciado a 10 años de prisión y recluido en el Cereso de Pachuca, Hidalgo, con tuberculosis pulmonar avanzada, artritis deformante y cardiopatía.

El indígena tzotzil Domingo Hernández Pérez, sentenciado a seis años de prisión en el Cereso de Cerro Hueco, Chiapas, con cáncer gástrico avanzado.

El indígena totonaca Nicasio Cárdenas Hernández, sentenciado a 10 años de cárcel en el Cereso de Tuxpan, Veracruz, con espondilosis cervical y se transporta en silla de ruedas.

La aprehensión

El 2 de mayo de 1999, los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera fueron aprehendidos por militares en la ranchería de Pizotla, municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, bajo acusaciones de portar armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud por la supuesta siembra de mariguana.

Sin embargo, de acuerdo con la recomendación número 8/2000 emitida por la CNDH, fueron lesionados los derechos humanos de los habitantes de la comunidad de Pizotla y de los campesinos Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, imputables al comandante de la 35 zona militar en Chilpancingo, Guerrero, general de brigada J. Pérez Toledo; el teniente coronel de Infantería José Pedro Arciniega Gómez; al capitán segundo Artemio Nazario Carballo; el sargento segundo de Infantería Calixto Rodríguez Salmerón, y el cabo de Infantería José Calderón Flabiano, pertenecientes al 40 batallón de Infantería.

El informe de la CNDH precisa que esos militares "retuvieron injustificadamente a ambas personas en el 40 batallón de infantería, por más de ocho horas antes de entregarlos a dicha representación social (PGR), conculcándoles en consecuencia el principio de legalidad y el derecho a la libertad invocados y detallados en la parte inicial del presente apartado".

Por lo anterior, dice la CNDH, se violó el principio de legalidad porque permanecieron en custodia militar por dos días y medio, ya que desde el momento de su detención y hasta la hora en que fueron puestos a disposición del Ministerio Público en Arcelia, Guerrero, no existió en esa retención alguna causa justificada que impidiera cumplir con la Constitución, al limitarles su derecho de libertad. (Con información de Carlos Benavides, Jorge Medellín y Juan Arvizu)

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Vincula excolaboradora de Digna Ochoa el crimen con caso de ecologistas presos
Notimex
El Universal
Ciudad de México

Supone Pilar Noriega que los responsables del asesinato de la abogada de derechos humanos tienen que ser autoridades o grupos tolerados por las mismas

12:05 El asesinato de Digna Ochoa y Plácido está vinculado con la defensa que ella llevaba, en forma conjunta con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en relación con los campesinos ecologistas detenidos en Guerrero, consideró hoy Pilar Noriega, excolaboradora de la extinta litigante.

Noriega, actual Primera Visitadora de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), supuso que los responsables de ese crimen "tienen que ser autoridades o grupos tolerados por las mismas".

En entrevista, refirió que Digna Ochoa defendía a los campesinos, Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, acusados por delitos del fuero federal.

Agregó que en 1996, Digna Ochoa e integrantes del Centro Pro recibieron amenazas por su defensa a presuntos integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por lo que opinó que las que se recibieron en 1999 no la incluían.

"Los trabajos que realizamos siempre fueron en favor de los derechos humanos. A partir de que yo acepté formar parte de la CDHDF, Digna asumió la representación legal de los hermanos Cerezo Contreras, presuntamente responsables de los bombazos a las sucursales de Banamex", dijo.

Por ello consideró que los autores del asesinato de alguna manera se sentían afectados por el trabajo que se llevaba a cabo en contra de la violación de los derechos humanos, "por lo que son autoridades o grupos tolerados por esas autoridades", anotó.

No obstante, aclaró que deben ser las autoridades judiciales las que determinen quienes son esas personas, ya que las amenazas fueron directamente para Digna y los miembros del Centro Pro.

En este contexto, expresó que en la solución de este caso "los medios de comunicación no deben presionar a que se emita un dictamen apresurado, ni empujar un resultado, pues la investigación debe realizarse de manera profesional, porque un crimen de esta naturaleza no pude resolverse de un día para otro".

En respuesta a si la Procuraduría General de la República tomaría este caso, la funcionaria respondió que las organizaciones no gubernamentales se oponen a ello, "debido a que en una ocasión archivó el expediente y ahora sería inadmisible que la volviera a tomar en sus manos". "Además de que en su momento hubo protestas de organismos defensores de los derechos humanos por el nombramiento de un militar como Procurador General", agregó.

Respecto a si siente temor por su vida, aseguró que antes del crimen no se consideraba directamente afectada, "pero ahora, si este suceso es una amenaza general a la defensa de los derechos humanos, desde luego que soy parte del universo vulnerable".

La Primera Visitadora de la CDHDF destacó que las amenazas a los defensores de las garantías fundamentales del hombre le provocan tristeza "porque no hay espacio para la defensa de los derechos humanos, estos se cierran, pero también son parte del clima de intolerancia que hay a la defensa de estos principios en general", subrayó.

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"Comunes", desapariciones forzadas
Liliana Alcántara
El Universal
Domingo 05 de agosto de 2001
Nación, página 1

Los métodos han cambiado. Ahora las víctimas reaparecen días después de haber sido secuestradas: Centro Pro. México, tercer lugar de casos en el mundo, señala

Similar a lo que sucedió en la década de los 70, la desaparición forzada de personas se ha vuelto común en México en los últimos años, aunque los métodos han cambiado.

Un estudio hecho por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro) revela que debido a la presión nacional e internacional que ejercen organismos defensores de las garantías individuales, la mayor parte de las desapariciones que ahora ocurren son de corta o mediana duración, es decir, que la persona secuestrada aparece días o semanas después.

Señala que los casos más recientes se dan en el contexto de las operaciones contrainsurgentes en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero o de operativos contra el narcotráfico en Sinaloa, Chihuahua y Baja California.

El organismo señala que "desde los años setenta se empezaron a registrar casos de desaparición forzada o involuntaria en México. En los años ochenta, después de protestas generalizadas, disminuyó el número de casos. Sin embargo, en los últimos años, a pesar del esfuerzo global para erradicar este tipo de prácticas y de los numerosos documentos y convenios, la atención internacional se ha centrado otra vez en México, donde la práctica de la desaparición forzada o involuntaria se ha vuelto común".

Informa que en 1997 el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas colocó a México en tercer lugar en cuanto al número de denuncias por ese delito.

En su estudio, que comprende el periodo de 1996 a 1998, se documentaron 115 casos de desapariciones forzadas.

De acuerdo con los testimonios e información recabada por este organismo, en 107 casos hay indicios de que participaron instancias oficiales.

De los 115 casos registrados en ese periodo, ocho ocurrieron en Chiapas, 13 en Oaxaca y 42 en Guerrero durante operaciones de contrainsurgencia. Mientras que en el ámbito de la lucha contra el narcotráfico se ejecutaron 31 desapariciones en Sinaloa, dos en Chihuahua y cuatro en Baja California.

El reporte menciona que 24 aparecieron presos, 30 siguen desaparecidos, 14 fueron asesinados, dos aparecieron en un hospital, siete más aparecieron en otras ciudades del país, dos fueron liberados por sus captores pero fueron amenazados de muerte, 18 fueron liberados y 15 presentaron huellas de tortura al ser recuperados.

Contrainsurgencia

De los casos denunciados e investigados por el Centro Pro, en 59 se acusa a miembros del Ejército de ser los responsables de las desapariciones.

Esto, debido a los cambios legislativos que permiten la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interna y su inclusión en las tareas que antes eran exclusivas de civiles.

El documento de 232 páginas destaca que otra razón que permite incrementar la participación de militares en asuntos de seguridad pública es la inclusión de personal militar en la Procuraduría General de la República (PGR) y las procuradurías generales de Justicia de los Estados (PGJE).

El informe señala que las víctimas en los estados del sur de la República son, por lo regular, activistas sociales y comunitarios preocupados por la situación de los campesinos.

Asegura que en la mayor parte de las desapariciones registradas en Guerrero y Oaxaca fueron señalados como responsables miembros de la Policía Judicial Estatal (29) y el Ejército federal (39), "bajo las instrucciones o con la aquiescencia del gobierno estatal".

Un fenómeno particular que se da en este caso es que "la mayoría de las víctimas fueron liberadas por sus agresores después de ser obligadas a declararse culpables de crímenes que no cometieron o de declararse miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR)", menciona.

Destaca que en los últimos años también han aumentado las desapariciones de corta duración, "pues activistas de grupos comunitarios y campesinos han sido detenidos, torturados y liberados después de varios días, frecuentemente en respuesta a una campaña nacional e internacional en favor del detenido--desaparecido".

No obstante, advierte que han reaparecido las desapariciones de larga duración.

La mayor parte de las víctimas, según el reporte del Centro Pro, ha asegurado que estuvieron presos en cárceles clandestinas con sede en campos
militares.

Narcotráfico

El informe, publicado en 1999, revela que las víctimas de las desapariciones forzadas que ocurren en el norte del país son empresarios y personas supuestamente vinculadas con el narcotráfico, en algunos casos, extranjeros, sobre todo de Estados Unidos.

En esos casos se señala como responsables a miembros de la Policía Judicial Estatal, la PGR y el Ejército, "quienes en todo momento han negado su participación argumentando que se trata de pugnas entre grupos de narcotraficantes".

Por lo anterior, el Centro Pro recomendó desde ese entonces al gobierno mexicano que se comprometiera a investigar el paradero de las personas que siguen desaparecidas.

Además de que tome las siguientes medidas para terminar con la impunidad: garantizar que cualquier agente de las fuerzas de seguridad que haya sido responsable de ordenar, promover o aprobar la práctica de la desaparición forzada sea juzgado, así como suspender a cualquier agente si se sospecha que es responsable o partícipe por acción u omisión de una desaparición.

Castigo

Alfredo Castillo, segundo visitador del Centro Pro, dijo que lo que se espera del informe que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dará a conocer en octubre o noviembre próximos es que se esclarezcan los hechos de desapariciones forzadas ocurridas en la década de los 70, que se logre la reparación del daño a las víctimas o a sus familiares y que las autoridades encargadas de la procuración de justicia inicien procesos penales en contra de los responsables.

Insistió en que la CNDH no debe limitarse sólo a señalar que los responsables ya están muertos sino que debe buscar que se indemnice a las familias.

En entrevista con este diario, manifestó que si la CNDH no es capaz de esclarecer los hechos y señalar a cada uno de los responsables "trátese de quien se trate, este organismo habrá perdido su razón de ser".

Consideró que el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas tampoco debería limitarse a cerrar expedientes cuando se le informe que las personas reportadas como desaparecidas están muertas o fueron ejecutadas, pues "debe continuar con las investigaciones".

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Aumentan desapariciones forzadas, dice Centro Pro
Bertha Fernández
El Universal
Sábado 23 de octubre de 1999

A pesar de las cuatro amenazas de muerte que ha recibido el Centro Miguel Agustín Pro, su director, Edgar Cortez, manifiesta que habrá de continuar en la lucha por la democracia "porque componentes fundamentales de ella son el respeto a las garantías individuales y la plena aplicación del estado de derecho.
Entrevistado en sus oficinas, el sacerdote jesuita afirma que está ahí por decisión personal de contribuir a la que considera una de las causas más importantes, la lucha contra el abuso y la violación de derechos, que han crecido en los últimos años.

Tenemos reportes de más desapariciones forzadas, casi todas ellas con tortura, y aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos asegura que se redujeron, lo cierto es que las estadísticas no incluyen lo que reportan las comisiones estatales.

Moreno, delgado, con barba y una gran serenidad para hablar, Edgar Cortez reitera que la lucha por el respeto a los derechos humanos es fundamental y muy sensible para la vida del país. Se refiere al gravísimo mal que se vive por el inadecuado desempeño de las instituciones encargadas de procurar la justicia.

Frente a eso, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro ha determinado seguir permanentemente los casos que requieren solución de la justicia, remarca.

Cortez informa que el centro que dirige recibe al año de 300 a 400 denuncias por violaciones a derechos y se involucra en 30 o 40 para defender a las víctimas o asesorarlas, por medio de sus abogados . "Y no las vamos a abandonar".

Hemos tratado siempre de acompañar los casos hasta que encuentren una solución definitiva, y esto puede tardar hasta más de un año, agregó.

Como son múltiples las causas que el Centro Pro ha tomado en sus manos, Edgar Cortez afirma que entre quienes han lanzado las amenazas se pueden encontrar: miembros del Ejército, investigadores del Ministerio Público, que, con frecuencia, no hacen su trabajo y dejan a otros que lo hagan, y el Instituto Nacional de Migración, al que hemos denunciado por expulsión de extranjeros. Asimismo, pueden estar entre quienes los amenazan grupos paramilitares.

Señala que la Procuraduría del DF tiene abierta una averiguación y algunos días estuvieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública vigilando el local.

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Sospecha el Centro Pro del Ejército
Bertha Fernández
El Universal
Miércoles 06 de octubre de 1999

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro sospecha que las amenazas que ha sufrido en los últimos días podrían venir del Ejército.
Rafael Alvarez, primer visitador del Centro, aseguró lo anterior y dijo que sustenta sus afirmaciones en que los investigadores Jorge Luis Sierra y Alberto Enríquez, quienes han escrito el folleto "Las Fuerzas Armadas a fin de milenio. Los militares en la coyuntura actual" fueron también amenazados, sólo que por Internet.

Como se recordará, el Centro Pro recibió en días pasados tres series de amenazas de muerte en las que se les pide que dejen en paz "los casitos" que defienden.

El primer indicio de la agresión que se ha desatado lo tuvo la abogada del Centro, Digna Ochoa, quien fue secuestrada y asaltada por los tripulantes de un auto que, al identificarla, dijeron: "Es ella, es ella".

El mensaje recibido en la computadora de Jorge Luis Sierra dice:" Estimado amigo: Deje sus investigaciones sobre el verde olivo por la paz porque de lo contrario..." Este recado fue enviado desde la computadora de una persona de nombre José Antonio González.

Jorge Luis Sierra, en su folleto, toca el tema de la actuación del Ejército en Chiapas, su participación en el combate al narcotráfico, el presupuesto militar y los paramilitares en ese estado.

En ese trabajo Sierra hizo un análisis de las políticas de defensa que ha adoptado el gobierno mexicano, además del estudio de la estrategia contrainsurgente aplicada en Chiapas.