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Proponen
pena capital para frenar secuestros EL DEBATE TOCÓ FIBRAS SENSIBLES EN LA SOCIEDAD; SE CUESTIONA SOBRE VIABILIDAD LEGAL |
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Redacción
SALTILLO, Coah.— Terminaba el mes de noviembre cuando el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, envió al Congreso de su estado —con mayoría del PRI— una iniciativa de reforma constitucional para aplicar la pena de muerte a los secuestradores-homicidas, con el fin de frenar los plagios. Aclaraba que sólo se aplicaría a delincuentes "sanguinarios, altamente peligrosos e incorregibles". Decía que era muy costoso mantener en prisión a estos delincuentes y que era mejor "fusilarlos", porque hasta las inyecciones letales eran demasiada inversión para sus muertes. En sus argumentos mencionó que la Constitución de 1917 establecía la pena máxima a plagiarios y otros delincuentes. Después de aprobada localmente la propuesta, el 11 de diciembre llegó a la Cámara de Diputados. El documento pasó a la Comisión de Puntos Constitucionales, instalada en receso, y que en febrero de 2009 reanuda actividades regulares, como el resto de la Cámara baja. De acuerdo con el procedimiento legislativo, la propuesta debe ser estudiada y discutida por una treintena de diputados de los ocho grupos parlamentarios, quienes elaborarán un dictamen positivo o negativo. No obstante que para el PAN la iniciativa "nació muerta", César Duarte (PRI), presidente de la Cámara de Diputados, dijo que la medida era un reclamo de la sociedad. A las voces en contra se sumaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Conferencia del Episcopado Mexicano. El ombudsman nacional manifestó que resultaría peligroso por la elevada ineficiencia del Ministerio Público y el funcionamiento "poco profesional" de corporaciones como la Policía Judicial. Dijo, además, que es contraria a los derechos establecidos en el orden jurídico nacional y a los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por México. En el Senado de la República, el priísta Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Junta de Coordinación Política, expresó que no era estéril el debate sobre el tema, cuando encuestas señalan que ocho de cada 10 mexicanos están a favor de ese castigo. El PVEM, por su parte, demandó un "gran debate nacional", en tanto que Carlos Navarrete, coordinador de los senadores del PRD, pidió a partidos y políticos frenar la discusión, porque no se valía "jugar con fines electorales con un tema tan sensible para la sociedad". La última vez que en México se aplicó la pena capital fue precisamente en Coahuila, entidad que colocó el tema en la agenda nacional; aquella ocasión, en 1961, un soldado fue ejecutado en Saltillo. Antes, en 1957, un militar y un civil fueron fusilados en Hermosillo, Sonora, por la violación y asesinato de niñas. Este castigo fue abolido por las autoridades mexicanas en 2005, durante el sexenio de Vicente Fox Quesada (PAN). De total de los mandatarios del país, 16 rechazan la reinstauración de la pena de muerte; la otra mitad se inclina por un debate nacional, aplicar cadena perpetua, dejar en manos del Congreso de la Unión la decisión o eluden el tema. Otros, pese a expresar su rechazo, aceptan la realización de un debate nacional y que sea la ciudadanía la que decida. Según un sondeo que practicó EL UNIVERSAL con los titulares de cada estado y publicó el 10 de diciembre, al menos 16 gobernadores, de los 32 que integran la Federación, se oponen a que el castigo de muerte sea la solución para frenar la incidencia de secuestros. Sólo seis mandatarios apoyaron abiertamente la medida (Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa y Yucatán). Cinco no fijaron postura (Campeche, Chiapas, Nayarit, Querétaro y Tamaulipas); tres se pronunciaron por "penas severas", como la cadena perpetua (Oaxaca, Puebla y Veracruz); y dos respaldan simplemente el debate (Hidalgo y Quintana Roo). Salvo Luis Armando Reynoso Femat, de Aguascalientes, los gobernadores albiazules rechazaron tajantemente la aplicación de la pena máxima. Subrayaron que México no puede aplicar ese castigo, porque contraviene a los acuerdos internacionales que ha firmado en materia de derechos humanos. Destacaron que no se garantiza la disminución de delitos y que el "ciclo de la vida debe terminar por causas naturales". Veracruz y Puebla se mostraron partidarios de castigos "severos" sin llegar a la muerte, como cadena perpetua, penalidad avalada en sus Congresos. Oaxaca también pugnó por sentencias vitalicias. Los gobernadores de los estados más violentos (Chihuahua, Baja California y Sinaloa) no compartieron posturas. Chihuahua, aunque está a favor de que se mate a los secuestradores asesinos, avala se realice una consulta pública. Sinaloa, también en apoyo al castigo capital, señaló que la medida debe ser sólo por un periodo perentorio, "máximo por un año". En total desacuerdo, Baja California, entidad con el mayor número de plagios. Sugirió combatir la impunidad, acatar la Constitución Mexicana y aplicar realmente los castigos. |
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