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Anteayer, el presidente Felipe Calderón informó de una serie de medidas para tratar de enfrentar las malas perspectivas en materia de producción y empleo que ya se anticipan para México como resultado de la complicada situación económica internacional. Las medidas anunciadas forman parte de lo que el Presidente denominó Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo, el cual, en mi opinión, tiene aspectos tanto favorables como desfavorables.

Dentro de los aspectos favorables del programa destaco los siguientes:

1. Finalmente el Presidente ha abandonado la absurda posición que sólo se dedicaba a ensalzar la fortaleza económica del país y que era incapaz de reconocer los efectos de la crisis sobre la economía mexicana. Ahora, el Presidente ha reconocido no sólo la importancia y magnitud de la crisis económica mundial, sino también el que ésta afectará a México a través de diferentes vías (exportaciones, remesas, turismo, inversión, etc.).

2. El anuncio de la construcción de una nueva refinería con recursos públicos y una serie de modificaciones administrativas que podrían ser un primer paso hacia una reforma de Pemex. Estas medidas implican, por una parte, un reconocimiento de la pertinencia de las críticas y propuestas de sus adversarios políticos y, por el otro, una incipiente señal en el sentido de que el Ejecutivo ha decidido abandonar una propuesta de reforma energética que ha sido ampliamente criticada y que, en caso de aprobarse, sólo hubiera sido una minirreforma con un elevado costo político.

3. El Presidente ha anunciado un aumento en los recursos destinados a un aspecto que resulta apremiante para fortalecer la economía mexicana en sus posibilidades de crecimiento en el mediano y largo plazos: un mayor gasto en infraestructura productiva.

4. El Presidente anunció que solicitará al Congreso que “toda la inversión de Pemex deje de estar sujeta a la restricción que impone mantener un presupuesto balanceado”. Esta modificación es relevante porque reconoce lo absurdo de este requisito impuesto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual se traduciría en estos momentos en una camisa de fuerza que daría lugar a una política fiscal que exacerbaría las fluctuaciones económicas (nótese que, de no realizarse esta modificación, la previsible caída de los ingresos públicos deberá ir acompañada de una caída en el gasto público).

Así pues, estas modificaciones parecen ser un paso en la dirección correcta y, al menos, sugieren una mínima rectificación en una política económica que claramente no está dando los resultados esperados. Desafortunadamente, este anuncio es “demasiado poco y demasiado tarde”.

El esquema propuesto es tardío porque la recesión ya está plenamente instalada en México y sus efectos negativos ya se han empezado a sentir en la economía desde hace varios meses. Llevamos dos trimestres sin crecimiento en la producción y en el tercer y cuarto trimestres de este año tendremos sin duda un crecimiento nulo o incluso negativo. En materia de creación de empleos, el crecimiento de trabajadores afiliados al IMSS en este año también será prácticamente nulo. Los resultados anticipados para el próximo año son similares o incluso peores. En ese sentido, es lamentable que el gobierno reaccionara en forma tan tardía a las señales de deterioro de la economía mundial y nacional y que las medidas anunciadas sean tan limitadas. Por ello, resulta desafortunado que el programa no viniera acompañado por una propuesta de austeridad pública que hubiera permitido aumentar aún más los recursos destinados a una mayor expansión del gasto en infraestructura o que medidas como la construcción de una nueva refinería no se hubieran realizado al inicio de la administración.

Finalmente, las medidas anunciadas serán insuficientes por un aspecto que ha caracterizado a la presente administración: el nuevo marco macroeconómico no es realista. Lamentablemente, no existen las condiciones para que la economía mexicana crezca a una tasa de 1.8% en 2009 y es altamente probable que el precio del petróleo sea inferior a lo previsto en el nuevo marco. Lo anterior implica que los ingresos públicos serán menores a lo presupuestado y que el gasto del gobierno deberá ajustarse a la baja para reflejar las verdaderas condiciones económicas.

Por todo lo anterior, las medidas anunciadas, aunque reflejan un avance en la forma de concebir la política económica de la presente administración, no serán suficientes para librarnos de los efectos negativos de la recesión mundial que se avecina.