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La excesiva regulación y normatividad en Petróleos Mexicanos (Pemex) es tal que no reconoce la diferencia entre la compra de papelería o una plataforma para extraer crudo.

Esta situación junto con el manejo de presupuesto de la entidad y el pesado esquema de auditoría afecta la competitividad de la paraestatal.

La aplicación de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, así como la de Adquisiciones no permite diferenciar que los proyectos de la industria petrolera sean altamente especializados, y requieren de la preselección de contratistas y proveedores, lo cual genera costos excesivos y un pobre desempeño de la empresa.

Hoy en día, por ejemplo, es necesario transitar por 66 trámites diferentes en varios departamentos para concretar desde la compra mínima de suministros hasta equipo para perforación altamente especializado.

Analistas internacionales comentaron que las grandes empresas petroleras exigen también cumplir la normatividad, pero hay responsables en la toma de decisiones para aprovechar las oportunidades de negocio, lo que no ocurre con el ente mexicano.

George Baker, de la firma consultora Enegy.com, con sede en Houston, Texas, comentó que en Pemex es una práctica recurrente que los funcionarios eludan asumir esa responsabilidad para evitar problemas con el órgano interno de control y la Función Pública.

La normatividad en Pemex, explicó, va más allá de lo que tiene sentido común.

El diputado priísta, Francisco Rojas, comentó que Pemex no puede ser eficiente ni competitivo si sigue sujeto a las restricciones presupuestarias y burocráticas del gobierno federal.

La petrolera, señaló, requiere autonomía de gestión, que no significa necesariamente independencia, sino la atribución de la toma de decisiones estratégicas por parte de directivos, así como la facilidad de adquirir bienes y contratar servicios especializados con rapidez, sobre todo en situaciones de emergencia.

A finales de 2007, el presidente del Consejo de la consultora Protego, Pedro Aspe —ex secretario de Hacienda—, comentó en una colaboración al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que la falta de crecimiento en la productividad del sector energético, estratégico para el crecimiento de la economía, se debe a la falta de una reforma estructural que permita un uso más eficiente de los recursos y una mayor canalización de capital a esta industria.

Indicó que las empresas paraestatales, dedicadas a la producción y procesamiento de los energéticos operan con recursos presupuestales limitados, cuya eficiencia está restringida por procesos de contratación a terceros, que suelen ser complejos, dadas las leyes de Adquisición de Bienes y Servicios y de Obra Pública, lo que complica seriamente su eficiencia operativa y financiera.

El presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de México (Canaco), Lorenzo Ysasi, destacó que los tiempos que marca la Ley de Adquisiciones de Pemex, así como los marcos regulatorios de las instituciones de gobierno tienen un retraso a nivel internacional. “La desrregulación era para ayer”, dijo.

Subrayó que no se ha avanzado en facilitar los contratos de servicio mediante licitaciones en este sector.