Por su parte, Jack Sweeney, director general de la consultora Grupo Mexus, aseguró que las empresas estadounidenses del sector servicios en México incrementarían “inevitablemente” sus precios si se aprueba la CETU incluida en la propuesta de reforma fiscal.

“Esto sería muy preocupante, porque aumentaría el valor de trabajar en México, además de que afectaría inversiones y empleos”, dijo Déborah Riner.

Sweeney coincidió en que la CETU disminuiría las nuevas inversiones de EU en México.

“No hay de otra. Los precios de los productos deberán aumentar, especialmente de proveedores de servicios, (pues) no creo que las empresas retiren sus inversiones”, expuso.

Para las transnacionales es “fatal” no acreditar la CETU en sus países, pues en sus costos “tiene que sumar en vez de restar”, añadió Riner.

“Lo que creo que es importante es que el gobierno mexicano y estadounidense se dan cuenta del problema de doble tributación que causaría pagar la CETU”, dijo la economista.

Actualmente las empresas pagan el impuesto que resulta más alto, ya sea el Impuesto al Activo o el ISR.

Durante 2006, la Inversión Extranjera Directa en México fue de 19 mil millones de dólares, y EU contribuyó con 63.7% de esta inversión.

También hay debate en el PAN

Diputados del PAN manifestaron tener dudas en torno a la CETU, las cuales fueron vertidas en una reunión privada con su coordinador parlamentario, Héctor Larios, y funcionarios de Hacienda.

La fracción del PAN llevó a cabo una encerrona con funcionarios de Hacienda para aclarar las dudas de sus legisladores en torno a la posibilidad de afectaciones por parte de la CETU a diversos sectores.

Héctor Larios reconoció que existen dudas sobre dicho impuesto y adelantó que a la iniciativa del presidente Felipe Calderón tendrá que hacérsele cambios. Afirmó, sin embargo, que el partido está dispuesto a correr con el “costo político” al aprobar dicha iniciativa.

Por su parte, el senador panista Guillermo Tamborrel, presidente de la comisión de atención a grupos vulnerables, se quejó de que de aprobarse la CETU en sus términos, estaría perjudicando la vida filantrópica de la sociedad, pues afectaría a 5 mil 600 organizaciones.