En su intervención, Rodrigo Brand, vocero de la dependencia, destacó con el propósito de no afectar creación de empleos la CETU contiene tres elementos: se podrá acreditar el ISR retenido a la nómina, permite acreditar el subsidio al empleo (conocido anteriormente como crédito al salario) e incorpora un nuevo concepto de crédito al empleo que opera en beneficio de los trabajadores de menores ingresos.

“Todos estos elementos hacen que la decisión de contratar trabajadores no se vea afectada por la contribución. Por el contrario, al permitir la deducción inmediata de las inversiones, se incentiva la creación de empleos mejor remunerados”, dijo.

Según Brand, la reforma hacendaria pretende incrementar los ingresos tributarios en tres puntos del Producto Interno Bruto (PIB) en 2012. “La reforma, a través del combate a privilegios y el incentivo a la inversión, contribuirá a crear un ambiente propicio para el desarrollo económico, al incrementar los recursos disponibles para el Estado, para los tres niveles de gobierno, que estará en mejores condiciones para atender las demandas de la población”.

La entrevista online tuvo una participación activa de los internautas con 135 preguntas y hubo 37 respuestas de los funcionarios.

Castañeda estimó que la propuesta de reforma no afectará la generación de empleos, y al permitir que las empresas deduzcan las inversiones se fomenta el empleo. Asimismo, al permitir el acreditamiento de retenciones del ISR por salarios, y el crédito al empleo, se busca neutralizar el impacto en la nómina de las empresas.

Por otro lado, para simplificar los trámites, Brand explicó que se pondrá en marcha un portal para emprendedores que facilitará el cumplimiento de las obligaciones fiscales. “A través de este portal podrán ingresar sus ingresos y egresos y obtener de manera más sencilla sus declaraciones”.

Sostuvo que la reforma fiscal es una propuesta integral que buscará eliminar los privilegios que actualmente tiene el sistema tributario, a través de premiar a los contribuyentes cumplidos mediante una mayor simplificación. Además mediante un mejor uso de recursos públicos y mayor vigilancia de los mismos por entidades autónomas, así como mayores atribuciones y responsabilidades para los municipios y estados.