“La ley debe ser pareja. Si se quieren eliminar exenciones, que las eliminen, pero para todos... este es un impuesto ‘paraguas’, donde deben estar todos”, aseguró el vicepresidente fiscal del IMCP, Francisco Macías Valadez Treviño.

Arturo Carbajal, socio fiscal de Ernest & Young, comentó que el CETU “no gusta desde el origen”, sobre todo cuando los partidos políticos y los sindicatos quedan exentos, lo “cual no es positivo”.

Según el artículo 4 de la Iniciativa de Ley del CETU, no pagarán la contribución partidos políticos, asociaciones, coaliciones, frentes políticos legalmente conocidos, sindicatos obreros, asociaciones civiles con fines científicos, políticos, religiosos y culturales.

Se incluyen las cámaras de comercio e industriales, agrupaciones agrícolas, ganaderas, silvícolas y colegios de profesionistas.

Por la tarde, los industriales del país se reunieron a puerta cerrada con Agustín Carstens, secretario de Hacienda, a quien le demandaron definición sobre la CETU, así como opciones para no inhibir a la inversión privada en infraestructura.

Ismael Plascencia, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), y Nezahualcoyotl Salvatierra, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), coincidieron en que las principales preocupaciones se centran en el CETU y sus implicaciones negativas a sectores de mano de obra intensiva.

Entrevistados luego de su encuentro con Carstens, informaron que “le preguntamos a Carstens que cómo pretendía resolver el tema de incentivar de inversión en infraestructura sino se reconocen los intereses de esa inversión, lo cual pudiese eventualmente inhibir la inversion del sector privado, además los recursos fiscales resultan insuficientes para atender necesidades de infraestructura”, sostuvo Salvatierra.

Plascencia comentó, en tanto, que a excepción de la aplicación del CETU, los demás planteamientos considerados en la propuesta de reforma fiscal son “cosas positivas” y aplicables en el mediano y largo plazo en beneficio del país.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil, Rafael Zaga Kalach, reconoció que la eventual aplicación del CETU afectará el desarrollo de esta rama productiva, la cual se suma a diversos obstáculos que enfrentan los textileros, como la elevada tarifa eléctrica en horas punta, y la eventual eliminación de las cuotas compensatorias para la importación de textiles provenientes de China.

Exigen transparencia

El presidente del IMCP, Luis Moirón, exigió que los partidos políticos y los sindicatos transparenten su información económica, para que posteriormente puedan pagar el CETU.

Añadió que la posición del IMCP es de un completo apoyo al planteamiento fiscal del Gobierno de Felipe Calderón, pero en donde sugieren adecuaciones para evitar problemas en el mediano plazo.

Pidió que los legisladores revisen ¿qué pasa con las inversiones que se hicieron en el pasado? ¿cómo preparar a las empresas para establecer controles que les impidan salir perjudicados con los cambios que entrarían el 1 de enero de 2008?

Eduardo Rodríguez, Coordinador fiscal del IMCP, dijo que de aprobarse la CETU, muchas empresas interpondrán amparos porque se violan principios de proporcionalidad y equidad.

Señaló que la capacidad de contribución no es igual para una empresa que gana mil pesos que para la que obtiene un millón; por eso, deberían existir tarifas progresivas. “Sí es viable ampararse”, agregó el también socio de la práctica de impuestos de KPMG.

Macías Valadez indicó que según un estudio de Hacienda, entre mil 700 empresas dictaminadas contempla que 40% no se verían afectadas por el CETU.