En el marco de la nueva estrategia gubernamental para dotar de fuerza y profundidad a las pequeñas y medianas empresas (pymes), sería conveniente que las universidades capacitaran a las pymes en materia tributaria y también arancelaria, consideró Rosario Valencia, directora de la Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (AMCDPE), quien dijo que eso redundaría en una mayor recaudación fiscal para el gobierno.

Una de las propuestas fiscales con más impacto sobre las pymes es el cobro de 2% sobre depósitos superiores a 20 mil pesos durante un mes, según lo indica la iniciativa presentada el 21 de junio por el Ejecutivo.

“Se le complica a la pequeña empresa asistir a un cur-so en un organismo público por temor a ser registrado (en el régimen tributario)”, aseguró Rosario Valencia.

Por eso, Rosario Valencia sugiere que las universidades funjan como intermediarios para capacitar a los nuevos contribuyentes sobre cómo declarar impuestos.

La microempresaria María Luisa Hernández ve con pesimismo la iniciativa fiscal.

Señaló que no podrá pagar el impuesto de 2%, por lo que consideraría no facturar sus ventas.

Con las nuevas disposiciones fiscales “tratas de salirte de las reglas para pagar menos”, advirtió.

“En lugar de invertir en cursos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), podríamos invertir en las universidades”, dijo la directora de AMCDPE.

La misma estrategia ha incrementado la recaudación de impuestos en Estados Unidos.

Universidades de este país, en alianza con el gobierno, ya capacitan a las pequeñas y medianas empresas con la condición de que no se dé a conocer quiénes acuden al curso. Así se genera confianza.

En México “las universidades podrían ser un importante socio colaborador para difundir la nueva reforma fiscal y analizar las bondades, los pros y los contras con el fin de incrementar los impuestos”, dijo Rosario Valencia.

La directora de AMCDPE ha promovido desde el sexenio anterior que las universidades mexicanas sean espacios para capacitar y asesorar a los nuevos empresarios, pues son instituciones más estables que el gobierno federal.

María Luisa Hernández atestiguó la inconsistencia del gobierno federal cuando buscó apoyo para obtener un crédito en la Secretaría de Economía.

“En marzo pasado no había servicio, no había órdenes de la nueva administración”, aseguró la microempresaria.

“No hay planificación a largo plazo, sólo cada seis años”, agregó.

Sobre la propuesta para involucrar a las universidades en la asesoría y capacitación de las pymes, Rosario Valencia denunció que no se ha obtenido respuesta de la Secretaría de Economía.

“Hemos tocado las puertas de la Secretaría de Economía. El secretario anterior nos dijo que no había recursos y Heriberto Félix Guerra (subsecretario para las pymes) no nos ha respondido”, denunció la direc-tora general de la AMCDPE.

La fórmula de Rosario Valencia parte del modelo del Centro de Desarrollo de los Pequeños Negocios (SBDC, por sus siglas en inglés), de la Universidad de Texas en San Antonio, donde la institución ofrece “servicios de extensión para la comunidad”.

“Las universidades en México se quedan (sólo) en la educación”, expresó Robert M. McKinley, vicepresidente asociado del Instituto para el Desarrollo Económico de la Universidad de Texas en San Antonio en Estados Unidos.

El “extensionismo” de las universidades en favor de las pymes implica un cambio en la forma de medir los resultados de los recursos públicos. Según el académico, los programas deben medirse según el número de empleos generados y los casos de éxito.

El trabajo conjunto entre el SBDC y la Universidad Veracruzana, sede de la AMCDPE, ha generado la creación de 45 centros de formación de empresarios en México que atienden las necesidades específicas de cada proyecto. La meta de la asociación entre las instituciones es llegar a 100 centros de desarrollo para las pymes.

El Fondo Pyme en México cuenta este año con 200 millones de dólares para servir a 4 millones de pequeñas empresas. En contraste, el presupuesto de la administración de las pymes en Estados Unidos (SBA, por sus siglas en ingles) es 400 millones de dólares superior al mexicano, pero tiene la capacidad de dar servicio a 25 millones de pequeñas y medianas empresas.