Esto, por la construcción de la Autopista del Sol y sus fallas.

En un oficio girado por el diputado Tonatiuh Bravo (PRD), el pasado 28 de junio, se considera que se trata de una “situación excepcional”, pues hay un daño patrimonial por 13.8 millones de pesos.

Al respecto, la Secretaría de la Función Pública confirmó que se está realizando una auditoría a funcionarios de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) para deslindar posibles responsabilidades.

En efecto, como consecuencia de su amplio historial de contratos sin cumplir, la diputada perredista Gloria Rasgado exigió a las autoridades retirar la licencia de construcción de la empresa Gutsa.

“La compañía no ha cumplido con obras como la Autopista México-Acapulco o la megabiblioteca José Vasconcelos y no es posible que todavía no sea al menos inhabilitada”.

A su vez, el diputado priísta Jesús Ramírez afirmó que las auditorías deberán arrojar resultados contundentes para determinar si algún funcionario incurrió en anomalías y en ese sentido castigarlo con todo el rigor de la ley.

Comentó que la Cámara de Diputados ya pidió la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, para que les aclare el caso Gutsa.

Nabor Ochoa, diputado del Partido Acción Nacional, admitió que en la cancelación de contratos a Gutsa el gobierno actuó con mucha lentitud, pues desde hace tiempo se tenía conocimiento del retraso en obras y no se había actuado con la prontitud correspondiente.