Reconocido de manera oficial, el 2009 presentó a una economía inmersa en una profunda crisis, en donde los responsables de la hacienda pública hicieron referencia a que ello se conjuntó con la debacle petrolera para ocasionar un “boquete” multimillonario en las finanzas públicas. Fruto de lo anterior fue la propuesta del Poder Ejecutivo, (avalada por el Legislativo) de elevar impuestos. Adicionalmente y con el argumento de mantener un equilibrio entre sus ingresos y gastos, desde fines del año pasado se ha aumentado el precio de combustibles y electricidad, propiciando el consecuente incremento de la inflación. No obstante cabe preguntarse si en todo este escenario restrictivo el sector público ha sabido solidarizarse con la población, o si por el contrario aplica de manera poco productiva los recursos con los que cuenta.

Con la revisión del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondiente al cuarto trimestre de 2009, puede observarse que el gasto programable ejercido por el sector público fue mayor a lo originalmente presupuestado: el llamado “boquete” no impidió que se devengaran 117 mil millones de pesos adicionales a lo planeado (2.32 billones de pesos).

Dentro de los Ramos Administrativos que tuvieron erogaciones superiores a lo original se tiene a la Presidencia de la República, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Economía, Energía, Turismo y a la Función Pública. También es cierto que otros ramos exhibieron un gasto menor al inicialmente planeado, el problema es que fueron en áreas que relacionadas con el bienestar de la población. Puede indicarse que ramos como el de Salud, Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Social y Comunicaciones y Transportes fueron aquellos en donde se decidió no ejercer todos los recursos financieros que previamente les habían sido aprobados.

No deja de sorprender que ante un escenario recesivo, con una contracción económica que generó desempleo y merma en la calidad de vida, el gobierno federal haya decidido gastar más en rubros poco relacionados con la reactivación de la actividad productiva y con el bienestar social.

Un problema adicional puede ubicarse en cómo fueron ejercidos los recursos. Durante los últimos meses fue puesto sobre la mesa la evidencia sobre la poca eficacia que tiene el llamado gasto corriente. Sin embargo y a contracorriente de lo que dicta la evidencia económica y del compromiso oficial de recortar gastos innecesarios, en 2009 este tipo de egreso contabilizó 100 mil millones de pesos adicionales a lo originalmente aprobado (1.73 billones de pesos).

Si bien el gasto en capital también presentó un incremento de 17 mil millones de pesos, evidentemente la cifra fue mucho menor al clasificado como corriente y fundamentalmente fue canalizado a la las obras de Pemex, en tanto que varios desarrollos de infraestructura en comunicaciones y transportes fueron canceladas. Dado que dentro de la planeación gubernamental la parte de innovación en ciencia y tecnología no tiene un gran peso, el hecho de centrar el gasto en la obras ligadas a la extracción de hidrocarburos condiciona de manera importante el impacto económico que puede tener este gasto, además de que profundiza la dependencia que se tiene respecto a la venta de petróleo.

Durante las próximas semanas el gobierno presentará un programa de austeridad que le fue requerido por el Poder Legislativo. En este sentido es necesario que su propuesta corrija los desequilibrios mencionados, en donde se cuide el equilibrio de las finanzas públicas impulsando a la economía con mayor y mejor infraestructura, ciencia y tecnología, todo ello sin disminuir el gasto social. La austeridad debe aplicarse a los gastos innecesarios en donde es tiempo de tocar aquellos vinculados con la ineficiencia y los grupos de poder fáctico, de otra forma la presentación del programa será mero protocolo.

*Investigador del Tec de Monterrey / CEM