El destino del gasto público se encuentra seriamente limitado porque existe una creciente cantidad de recursos destinados a rubros con bajo o nulo impacto en el crecimiento económico y en el bienestar social.

De acuerdo con el informe de finanzas públicas correspondiente al tercer trimestre de 2009, las prestaciones que recibieron los servidores públicos durante dicho periodo superaron los 56.1 mil millones de pesos.

Cuando se contrasta que esta cantidad es superior a los 50.3 mil millones de pesos que se presupuestaron en inversión carretera para todo 2009, surge la duda sobre cuál es la verdadera orientación de la política económica en el país.

Por ramos administrativos, el mayor gasto en prestaciones fue realizado en el IMSS (20.9 mil millones de pesos), en energía (17.9 mil millones de pesos), en educación pública (6.4 mil millones de pesos), en el ISSSTE (1.6 mil millones de pesos), en Hacienda y Crédito Público (1.2 mil millones de pesos) y en Comunicaciones y Transportes (1.1 mil millones de pesos).

La pregunta natural versa sobre cuál es el impacto que tiene este gasto millonario, principalmente cuando la mayor parte de dichas erogaciones no se refieren a la cobertura de seguridad social o a sus sueldos.

Observar que una parte está concentrada en rubros como bonos de productividad o puntualidad, primas dominicales, seguros de gastos médicos mayores, quinquenios, actividades culturales, sociales o deportivas, viajes o festejos, claramente pone en evidencia a un sector público que no se ha dado cuenta de que los impuestos que dan financiamiento a éstos y otro tipo de gastos provienen de una sociedad que en 2009 se encuentra inmersa en una profunda crisis económica.

Bajo este contexto, el gobierno federal propuso aumentar los impuestos, algo avalado por el Poder Legislativo. La medida busca incrementar el dinero que el sector público toma de la población: de acuerdo con la Ley de Ingresos aprobada, tan sólo el aumento al IVA le deberá reportar 30 mil millones de pesos adicionales. No obstante, aquí se puede realizar una reflexión: si se compara con las prestaciones pagadas a los servidores en un trimestre, ¿por qué el gobierno no realizó un esfuerzo mayor para evitar el cobro de más impuestos y mejor optar por reducir el monto de los recursos canalizados a sus funcionarios?

Igualmente preocupante es el hecho de que parte del gasto público se está dirigiendo a un creciente problema de deuda pública, débito que de todas maneras se sigue incrementando.

Hasta diciembre de 2008, la deuda neta del gobierno federal contabilizaba 2.84 billones de pesos, cantidad que en septiembre superó los 3 billones. En este punto debe mencionarse que el costo financiero, lo que se paga de intereses, ha implicado una erogación de más de 125.6 mil millones de pesos en el periodo enero-septiembre, cantidad que duplica lo destinado al rubro del desarrollo social.

Cuando la revisión de deuda se realiza en todo el sector público, se observa que el problema es grande. Como referencia basta citar que la deuda neta se incrementó de 2.59 billones de pesos a 3.74 billones en nueve meses. El pago que esto representó hasta septiembre es aún más escandaloso: 180.5 mil millones de los 289.9 mil millones de pesos programados para todo el año. Como referencia, lo que se pagará de intereses supera el presupuesto del Distrito Federal y el estado de México.

Bajo el contexto anterior parece evidente que el reordenamiento de las finanzas públicas es mucho más complejo que simplemente subir impuestos o el de realizar reasignaciones menores al presupuesto de egresos. Parece que México necesita un nuevo modelo económico que genere crecimiento y también una estructura de gobierno que sea viable y eficiente; el problema no podrá solucionarse con gastos como hasta ahora.

*Investigador del Tec de Monterrey / CEM