Durante los primeros ocho meses del año, los ingresos del sector público fueron de 1.79 billones de pesos, cerca de 21 mil millones de pesos menos de lo que obtuvo en el mismo periodo de 2008. La reducción se encuentra lejos del “boquete fiscal” de 300 mil millones que las autoridades anunciaron.

La merma se dio como resultado de la menor recaudación de impuestos sobre la renta, del impuesto al valor agregado, así como de los inferiores ingresos que por derechos y ventas de hidrocarburos se obtuvieron. No obstante lo anterior, y del reconocimiento que las autoridades han realizado del problema, cuando se analiza la evolución del gasto lo que puede observarse es un aumento significativo del mismo.

Por el concepto de gasto programable, las cifras indican que hasta agosto fue superior en 13.1% respecto a los primeros ocho meses del año pasado. En términos netos proviene de un incremento por casi 243 mil millones de pesos.

La incongruencia entre la evolución de los ingresos y los gastos es muy evidente: el gobierno federal no ha podido detener la inercia que le lleva a mantener un patrón de erogaciones que no es sostenible.

Sin lugar a dudas lo anterior es más significativo en el caso de lo que se denomina como gasto corriente. Los casi 109 mil millones de pesos que de manera adicional se han erogado bajo este concepto representan la muestra de que en el corto plazo las autoridades políticas no cuentan con un programa de gobierno que les permita reconfigurar su gasto hacia objetivos que realmente resuelvan el problema estructural: falta de crecimiento económico y generación de empleo bien remunerado.

En esta danza de cifras, los servicios personales son un argumento que resalta lo anterior: 40 mil millones adicionales a lo destinado en 2008. La cifra correspondiente a los servicios personales constituye 36.7% de los 109 mil millones del gasto corriente mencionado, siendo un claro indicador de que en un entorno de crisis las erogaciones del gobierno crecen en la parte menos productiva.

Los cuestionamientos no son menores: se le ha pedido a la sociedad seguir realizando un sacrificio a cambio de que con ello se reduzca la pobreza; sin embargo, en el sector público no parece existir congruencia.

Cuando se toma en cuenta que la actividad económica se ha contraído 8.7% hasta agosto y en donde la parte industrial ha retrocedido 9.7%, no puede dejar de preguntarse el porqué no se han aplicado políticas públicas orientadas a buscar disminuir de manera mucho más significativa la caída en la economía, ya que si bien el gasto en Pemex y en la construcción de carreteras aumentó, ello no tiene una fuerte relación con el resto de la economía, provocando que el efecto positivo de ese gasto en infraestructura se diluya en medio de la crisis.

Cuando se recuerda que la caída económica en los primeros ocho meses de 1995 fue de 5.7% y que el daño ha afectado seriamente a la estructura competitiva del país y las finanzas públicas del gobierno, surge el cuestionamiento del porqué en una recesión más fuerte no se ha atendido el problema.

De igual manera no se debe olvidar que la solución fiscal fue elevar el IVA de 10% a 15%. Con dicha estrategia lo que se buscó fue otorgar mayores recursos al gobierno federal para que pudiera seguir operando.

Los resultados son visibles: un gasto de gobierno ineficiente, improductivo, alejado de los problemas y de las soluciones, además de una mayor carga tributaria para la población.

Para 2009 la receta es la misma que en 1995, pero con más impuestos que afectan no únicamente al consumo sino también a la inversión y el empleo, combinación letal para un país en crisis. Dado que la nueva Ley de Ingresos no solucionará este deterioro y por el contrario lo exacerbará, la clase política ha contraído una nueva deuda con la sociedad. ¿Cómo la resarcirá?

*Investigador del Tec de Monterrey / CEM