Una vez que concluya la labor de los legisladores y quede definido el paquete económico para 2010 en su conjunto —ingreso y gasto—, éste será sometido a un riguroso análisis por parte de los inversionistas y en especial por las agencias evaluadoras de riesgo, quienes darán su punto de vista a lo aprobado por el Congreso.

El gobierno federal ha defendido a capa y espada la calidad crediticia del país, a costa de la propia reactivación económica y el empleo, de ahí que su estrategia en materia de política económica esté dirigida más a sostener las finanzas públicas que a apoyar la recuperación a través del erario.

Ciertos analistas consideran que esta preocupación del gobierno está sobredimensionada, toda vez que México parte de una calificación de deuda confortable: Standard & Poor’s y Fitch Ratings le otorgan una BBB+ y Moody’s asigna Baa1, en todos los casos dos escalones arriba del grado de inversión.

En todo caso, una baja de nota probablemente represente un incremento en el costo financiero del gobierno.

Pese a ello, la posibilidad de que las agencias evaluadoras de riesgo bajen la calificación sigue latente en la medida en que la política tributaria aprobada por los legisladores para 2010 mantiene su carácter meramente recaudatoria y no resuelve los problemas estructurales que han advertido las propias calificadoras.

Desde mayo pasado, Standard & Poor’s puso a revisión la perspectiva de la deuda mexicana de estable a negativa debido al posible deterioro en la posición fiscal y externa del país, que se sumó a la probabilidad de que el Congreso de la Unión no resolviera adecuadamente la falta de flexibilidad en la política fiscal de México.

De acuerdo con su evaluación, la posición del país en 2009 y 2010 tendería a deteriorarse, al igual que en muchos otros países.

Sin embargo, el deterioro de las finanzas públicas en México acentúa las vulnerabilidades fiscales estructurales subyacentes del país, tales como su dependencia presupuestaria de los ingresos petroleros, la ausencia de ahorros fiscales significativos y una baja base tributaria no petrolera, que en perspectiva conforman un escenario fiscal especialmente difícil en el marco de la recesión.

Cabe señalar que la caída permanente de los ingresos petroleros no tiene que ver de manera fundamental con la crisis económica global, sino que es el resultado de un esquema de ingresos presupuestales insuficientes históricamente y que entre otros rubros limitó el gasto de inversión en el sector petrolero.

De esta forma, lo realmente urgente es sustituir el esquema de ingresos presupuestales hasta ahora vigente, porque aun cuando la actividad económica se recupere, este faltante de ingresos continuará presente.

El incremento al precio estimado del crudo y la ampliación del déficit fiscal por instrucción de los legisladores de 0.5% a 0.75% del PIB, más allá de las presiones que generará sobre las fuentes de financiamiento, internas y externas, reflejan en buena medida que los ajustes aprobados son insuficientes para contener la caída de los ingresos permanentes, ya que lo único que hacen es ganar tiempo y tender un puente para cubrir los requerimientos del próximo año, dejando para otro momento los ajustes estructurales que le den viabilidad a la finanzas públicas en el mediano plazo.

La crítica central de las casas de análisis de la deuda soberana es que, en las condiciones actuales, el marco de los ingresos tributarios no petroleros no es lo suficientemente flexible para atender las necesidades de financiamiento gubernamental; sin embargo, es probable que este “puente” sostenga con alfileres, al igual que las finanzas públicas, la calificación de la deuda mexicana cuando menos hasta 2011. La moneda está en el aire.