Tras un largo proceso de negociación, para bien o para mal, se aprobó la Ley de Ingresos de la Federación. Ahora hay que ver cómo se van a distribuir dichos recursos, donde diferentes grupos dejarán sentir su influencia en el Congreso con el fin de que los posibles ajustes al gasto no les afecten e incluso reciban algún beneficio.

Todo parece indicar que la cobija presupuestal no será tan corta como se había estimado inicialmente; de acuerdo con lo aprobado, el gobierno federal contará con un billón 997 mil 211.5 millones de pesos (mdp), cifra 1.94% inferior a la propuesta inicialmente por Hacienda, es decir, 39 mil 501 mdp menos.

Sin embargo, estos recursos se verán más que compensados, por el incremento en los ingresos propios de Pemex de 16 mil 189.1 mdp derivados del alza en el precio promedio del petróleo, así como por el aumento en el endeudamiento neto del gobierno federal en 30 mil mdp.

Finalmente el sector público contará con 3 billones 179 mil 47 mdp en 2010, monto ligeramente superior a los 3 billones 172 mil 359.9 mdp presupuestados por el Ejecutivo, es decir, 6 mil 687.8 mdp más. En pocas palabras, el Estado dispondrá de recursos equivalentes a 24.8% del PIB, es decir, seguirá disponiendo con uno de los presupuestos más elevados de su historia a pesar de la recesión.

A partir de lo anterior, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, presidida por el diputado priísta Luis Videgaray, ex secretario de Finanzas de Enrique Peña Nieto y uno de los principales estrategas del PRI en materia hacendaria, comenzará a definir la distribución de los recursos a partir de la iniciativa oficial.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación enviado por el Ejecutivo, la recesión económica, la reducción de la producción petrolera, así como presiones crecientes al gasto relacionadas con el pago de pensiones y subsidios imponen un ajuste al gasto público para el año entrante.

En este contexto el gobierno propone ahorros en el gasto administrativo y de operación con el fin de destinar mayores recursos a los programas y proyectos sociales.

Con este fin, Felipe Calderón propuso una serie de medidas que generarán un ahorro de 80 mil mdp, de los cuales 66 mil 430 mdp son parte del Presupuesto de Egresos y otros 13 mil 500 serán parte de la reestructuración de la administración pública, es decir, la eliminación de las secretarías de la Función Pública, Reforma Agraria y Turismo. En estas cuentas habrá que adicionar el gasto o ahorro neto derivado de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro.

Para 2010 el gasto programable propuesto es de 2.4 billones de pesos, monto que es menor en 34 mil 35 millones de pesos al gasto aprobado por los legisladores para este año.

Esta caída se explica principalmente por una disminución de la inversión, ya que el gasto corriente presenta un incremento, incluso en términos reales.

De forma específica, el gasto de inversión presenta una reducción absoluta de 83 mil 613.2 mdp, en tanto que el gasto corriente registra un incremento de 49 mil 578.1 millones de pesos.

Lo anterior es de llamar la atención, sobre todo si tomamos en cuenta el impacto que puede tener la inversión en infraestructura en la reactivación de la economía y los ahorros que realiza el gobierno.

Sin embargo, uno de los rubros que generarán mayor polémica será, sin lugar a dudas, los recursos que se transfieren a entidades y municipios, cuyo monto total asciende a 932 mil 222.8 mdp, cifra 0.7% inferior a la presupuestada en 2009. Los gobernadores priístas dejarán sentir todo su peso en las negociaciones con el fin de allegarse una mayor cantidad de recursos, sobre todo ahora que el aumento del IVA deberá significar un incremento importante en materia de participaciones.

La fecha límite para que quede aprobado el Presupuesto de Egresos para 2010 es el próximo 15 de noviembre, es decir, los legisladores tienen poco menos de dos semanas.