Con la virtual aprobación de la Ley de Ingresos para 2010 ha quedado definido el perfil que tendrán los impuestos en México. Ante la propuesta del Poder Ejecutivo los partidos políticos y los diversos sectores de la sociedad opinaron ampliamente sobre los aspectos negativos y positivos que la iniciativa oficial contenía. No obstante en el intercambio de ideas y posiciones, la gran ausencia fue la de un proyecto de política económica bien definido, sobre el cual se enmarcaran debidamente tanto las propuestas del ejecutivo como las modificaciones que en la Cámara de Diputados se realizaron.

El problema es que ninguno de los actores políticos ha presentado cuáles serán los impactos que la nueva camada de impuestos tendrá sobre variables como el crecimiento económico, el empleo, los precios, la inversión, la pobreza y los salarios. De hecho se puede ser más estricto, y realizar los mismos cuestionamientos hacia los efectos regionales y sectoriales: no puede considerarse que la situación del sureste es similar a la del centro y norte de la república o que los efectos son similares en la industria textil, de la electrónica, la automotriz o el campo.

Ante la falta de propuestas concretas bien integradas, hoy la conformación del presupuesto y de la Ley de Ingresos para 2010 adolece del mismo problema que en los pasados lustros: ser medidas de corto plazo que atienden lo urgente y posponen lo importante hasta que esto se vuelve urgente.

Lo tortuoso del camino comienza en el Poder Ejecutivo, en donde su planeación macroeconómica no tiene una correlación con la parte sectorial y regional, ya que si bien la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realiza escenarios sobre la evolución del PIB, las exportaciones, importaciones, la inversión, etc. en general dichas estimaciones no tienen una contraparte con proyectos concretos relacionados con una política de desarrollo económico sectorial y regional, ni mucho menos con la actividad económica del sector privado, los gobiernos estatales y los municipales.

En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo adolece de un tejido interinstitucional que le de vida salvo en la parte presupuestal. Derivado de lo anterior, se tiene la razón del porqué el debate entre la Cámara de Diputados y de Senadores y los partidos políticos se centra en las fuentes de dinero y los gastos: no hay materia para discutir sobre el proyecto y dirección económica de México.

Cuando este proceso llega a la Cámara de Diputados se arriba a un punto aún más tortuoso. Como el grado de poder difiere según el número de representantes de cada partido, así como en las distintas capacidades y preparaciones de cada legislador, en donde los grupos de poder y los asesores acaban por asumir la dirección y sentido de la toma de decisiones.

Al no contarse con mecanismos que permitan observar objetivamente los potenciales resultados de cada iniciativa, el debate versa sobre posiciones que van desde los estrictamente técnicos (que ganan los más preparados) hasta los políticos y meramente discursivos. No es difícil escuchar posiciones que atienden al “sentido común”, algo que pone en evidencia la ausencia de un conocimiento real de la materia y que deja de lado a la correcta argumentación.

Con la aprobación de impuestos para 2010 es evidente que el problema continuará. El debate recayó sobre a quién cobrarle más impuestos y no sobre cómo cambiar el problema estructural de las finanzas públicas y de la economía: eliminar la evasión y la elusión fiscal de grandes empresas y de la economía informal así como generar crecimiento y empleo.

Los movimientos en impuestos provocarán presiones en los precios de entre 2.0% y 2.5% adicionales al objetivo del Banco de México, un crecimiento mediocre que oscilará entre 2.5% y 3.0% todo ello sin generación de empleo.

El efecto final sobre la sociedad será la pérdida de bienestar. Al no existir un gasto de gobierno eficiente existen dudas razonables de que la sociedad pueda recuperar parte de lo que la Ley de Ingresos 2010 le quitará vía impuestos.

Es evidente que los buenos deseos o el sentido común de los políticos no sirven para solucionar la crisis social, productiva y económica del país. Por tanto, la tarea ciudadana a realizar será la de continuar impulsando la creación de proyectos con soluciones reales, ya que hasta el momento ni los 13 mil millones de pesos gastados en la elección intermedia ni los 2.3 billones de pesos presupuestados para el gasto público programable de 2009 han servido para ello, situación que condiciona negativamente la viabilidad de México.

*Investigador del Tec de Monterrey / CEM