El costo de la crisis y la mayor carga fiscal para 2010 seguirán recayendo sobre los mismos de siempre: los consumidores y los causantes cautivos; que dicho sea de paso, no son responsables de la lamentable situación en que se encuentran las finanzas públicas del país. Esto último es resultado de políticas públicas erróneas que impulsaron la ineficiencia, el despilfarro y la corrupción.

Después de todo, las autoridades hacendarias sí contaban con un plan B en materia fiscal. Luego de un largo proceso de negociaciones llevadas a cabo con la mayor discreción, la propuesta impositiva gubernamental fue avalada por la Cámara de Diputados, con la complicidad de la bancada priísta que se hizo de la vista gorda a la hora de aprobar el paquete en materia de ingresos.

Los cambios tributarios aprobados por los legisladores no difieren en esencia sobre la propuesta inicial, es decir, aumentar la recaudación a partir del incremento de las tasas impositivas por encima de una ampliación de la base de contribuyentes y una reducción de la elusión y la evasión tributaria.

Si bien los priístas rechazaron el impuesto del 2% a bienes y servicios destinado al combate a la pobreza, no tuvieron empacho en aprobar el aumento de un punto porcentual al IVA general y en la frontera, lo cual resulta más directo y eficiente en materia tributaria, pero que por otra parte se traduce en más regresivo, afectando principalmente a la población de menores ingresos.

A diferencia de la propuesta oficial del 2%, esta medida beneficia en primera instancia a los gobiernos estatales que contarán con mayores recursos participables. El incremento del IVA dará a las entidades alrededor de 30 mil millones de pesos de ingresos adicionales, provenientes del bolsillo de los consumidores quienes verán mermado su ingreso, no sólo por el gravamen, sino por la cadena de incrementos asociados a la nueva tasa.

Además de lo anterior, los consumidores también tendrán que pagar un mayor impuesto a la cerveza, tabaco y los servicios de telefonía fija e internet, con el impacto que significa este gravamen para el desarrollo de tan importantes actividades en materia de telecomunicaciones.

Por el lado de los ingresos, los legisladores no tuvieron empacho en aprobar la propuesta oficial del incremento “temporal” al Impuesto Sobre la Renta, que se convertirá en una carga adicional para los contribuyentes cautivos y las pequeñas y medianas empresas dentro de la economía formal.

Sin escuchar la recomendación de varios especialistas y organismos internacionales, el gobierno federal y los legisladores priístas apostaron a una agresiva política impositiva cuyo principal objetivo es mantener la sustentabilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo, en detrimento de una política que busque impulsar la reactivación económica.

En todo caso, la recuperación económica seguirá dependiendo del exterior, en la medida que el principal socio comercial de México logre salir de la crisis.

Contra lo que habían propuesto inicialmente, los diputados priístas no se atrevieron a eliminar los regímenes fiscales especiales cuyo costo por si sólo representa un monto para el erario superior a los 200 mil millones de pesos. Esto significaba tocar los intereses de sectores como el del autotransporte y agropecuario, por mencionar sólo algunos de los más importantes.

Sin embargo, una política tributaria que sigue castigando a los contribuyentes cautivos y que no es capaz de ampliar la base gravable, a la larga tiene un costo muy elevado, y es el hecho de que cada vez un mayor número de empresas y de personas prefieran operar en la informalidad.

Una vez aprobada la Ley de Ingresos inicia el segundo tramo de las negociaciones en torno a cómo se ejercerán los recursos para 2010, donde de nueva cuenta los legisladores y gobernadores priístas llevarán la batuta frente a las autoridades hacendarias.