La propuesta en materia fiscal del paquete económico para el ejercicio 2010 incluye un decreto que reforma las disposiciones para la impresión de comprobantes fiscales que afectará a más de 6 mil establecimientos autorizados que generan alrededor de 240 mil empleos.

Las empresas autorizadas para la impresión de facturas fiscales son más de 7 mil 100 en el país y representan 47.7% del total de la industria de los impresores, que se compone por 14 mil 900 establecimientos; éstos generan 720 mil empleos, de los cuales 120 mil son directos y 600 mil indirectos.

La iniciativa del Ejecutivo contempla tres esquemas de comprobación fiscal: de manera digital, a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT), imprimir los comprobantes menores de 2 mil pesos en papel y la utilización de estados de cuenta. La propuesta pretende simplificar los procedimientos para los contribuyentes y obtener mayor recaudación de impuestos.

Marco Antonio Suárez Collado, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de las Artes Gráficas (Canagraf), aseguró que las adecuaciones a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) implican “prácticamente la desaparición de la figura del impresor autorizado de comprobantes fiscales”.

En 1992 el SAT creó la figura de los impresores de comprobantes fiscales con el objetivo de apoyar al organismo en su tarea de recaudación de impuestos; esta acción contribuyó al crecimiento y creación de pequeñas y medianas imprentas que representan 98% de la industria.

La crisis económica ha pegado fuertemente al sector de las artes gráficas, que trabaja a una capacidad de 50% desde hace siete años y obtienen rendimientos cercanos a 2%.

El presidente de la Canagraf señaló que “el mercado está contraído”, y destacó que el déficit de la industria ha crecido debido a que las exportaciones cada vez son menores.

La propuesta del gobierno entraría en vigor en julio de 2010, por lo que la industria gráfica presentó al Congreso una contrapropuesta con la finalidad de conservar el empleo, que busca extender el tiempo para la entrada en vigencia de la iniciativa al menos tres años para proteger a las empresas y tomen medidas para diversificar su mercado e implementación de nuevas tecnologías en impresión.

“La propuesta del Ejecutivo es ambigua” comentó Suárez.