El proceso de achicamiento de Bancomext continúa, y en los próximos meses se reducirá la plantilla de personal en cerca de 100 plazas.

Alfredo Castro Escudero, líder del sindicato de Bancomext, denunció que a la fecha hay 600 trabajadores y con el recorte quedarán alrededor de 500.

Dijo que pese a la oposición del Congreso para avanzar en la fusión Nafin-Bancomext, se transita hacia ese camino. “Lo que quieren es reducir al máximo al banco y facilitar la integración”.

Reveló que en lo que va del actual sexenio despidieron a cerca de 600 personas. “Ante el fracaso de la iniciativa presidencial para cerrar Bancomext y fusionarlo con Nacional Financiera, las autoridades resolvieron proseguir el desmantelamiento de la institución por la vía de los hechos”, manifestó.

El dirigente gremial comentó que desde el inicio del actual gobierno hasta el cierre de 2008, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el personal del Bancomext disminuyó casi 40%, proporción que sube a 66% si se consideran los recortes que se concretaron durante la administración foxista.

Incluso, se hace caso omiso de la decisión de la Cámara de Senadores de discutir a fondo tanto la vigencia del Bancomext como la reorganización del modelo de banca de desarrollo.

Castro Escudero afirmó que no se toma en cuenta el repunte de la posición financiera y la actividad crediticia de la entidad, que alcanzó un superávit operativo de 281 millones de pesos en el primer semestre de 2009. año.

En abril pasado, el Congreso pospuso la discusión para la fusión de Nafin y Bancomext, pero se avanzó en diversas reformas a la banca de desarrollo.

Como parte de las modificaciones, se estableció una nueva estructura centralizada de control y supervisión para la banca de gobierno. Para ello se constituirá un comité de auditoría con tres miembros, una auditoría interna y externa y un órgano interno de control.

Se determinó que la Secretaría de la Función Pública y la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda fijarán los criterios en materia de estructura ocupacional, movimientos salariales y prestaciones de los bancos del gobierno. La Ley de Instituciones de Crédito integrará una nueva definición, como la constitución neta de reservas crediticias preventivas más el déficit de operación.