La Comisión Permanente del Congreso de la Unión analiza la propuesta de crear un programa de apoyo para los deudores de tarjetas de crédito, hipotecas y préstamos a pequeñas y medianas empresas que están en cartera vencida, informaron legisladores.

Este esquema, dijeron, se aplicaría para los acreditados que tengan vencimientos de pagos a instituciones financieras en los últimos 18 meses.

La propuesta que presentaron legisladores de PRI, PAN y el Partido Nueva Alianza del Congreso de Baja California Sur se turnó a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para su revisión.

Al respecto, el senador priísta Carlos Lozano de la Torre dijo que es necesario instrumentar un esquema de ayuda a deudores, porque la morosidad “está en foco rojo”.

El senador confirmó que estudiarán la propuesta de los legisladores respecto a un programa de apoyo a deudores.

Lo mismo ocurre con las pequeñas y medianas empresas, ya que con el freno a la actividad productiva no tienen recursos para saldar su deuda.

Bancos deben aportar

Para el senador priísta, el dinero para la instrumentación del programa de apoyo debe provenir de la banca privada y también de la de desarrollo.

Por su parte, en la Asociación de Bancos de México (ABM) comentaron que las entidades financieras ofrecen desde hace meses mecanismos de apoyo para las personas que no pueden pagar.

El organismo recalcó que hay un interés común de resolver la situación de las personas o empresas que tienen no pueden pagar sus adeudos.

Habría una comisión

En la iniciativa que se presentó a la Comisión Permanente también planteó la creación de la comisión de apoyo para los deudores, la que se conformará por un integrante de cada grupo parlamentario en el Congreso, por un representante de la Secretaría de Hacienda, de la Condusef, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, del IPAB, de la Asociación de Bancos y uno más de los deudores.

En el proyecto se propuso que en el programa de reestructuración de adeudos se debe incluir la absorción de pasivos por parte del gobierno y de las instituciones bancarias mediante acuerdos de pérdida compartida hasta en 40% de la cartera vencida.

El gobierno no podrá asumir más que los intermediarios y los deudores pagarían el restante 60% de su cuenta en plazos que irían de seis a 18 mensualidades fijas.

En el caso de desempleados o de empresas en paro técnico, su adeudo se congelaría hasta que reiniciaran actividades.

Además, las instituciones tendrán que detener las acciones de cobranza judicial o extrajudiciales y venta de cartera a despachos de cobranza.