Las empresas concesionarias de la red ferroviaria federal no podrán evitar la intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el diseño de los criterios para establecer una tarifa por derechos de paso.

La dependencia informó ayer que según una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sí posee facultades constitucionales para establecer condiciones y contraprestaciones a los concesionarios ferroviarios en caso de que ellos mismos no puedan llegar a un acuerdo.

Desde el 1 de julio del año pasado la SCT había emitido una resolución sobre las contraprestaciones por el uso de los derechos de paso ferroviarios. Esta situación se dio después de que las firmas Kansas City Southern México (KCSM) y Ferrocarril Mexicano (Ferromex), así como Ferrosur, no pudieron ponerse de acuerdo sobre las tarifas tal como se les exige una cláusula en sus títulos de concesión.

En septiembre de 2008, Ferromex y KCSM impugnaron las reglas de derechos de paso que en julio de 2008 emitió la SCT, todavía comandada por Luis Téllez, bajo el argumento de que su intervención, avalada por la Ley Reglamentaria de Servicios Ferroviarios, violaba la Constitución.

Así, apenas el 30 de junio de este año la SCJN resolvió que la SCT sí está facultada para establecer los criterios para definir una tarifa por los servicios de tráfico interlineal que están obligados a prestarse las concesionarias, es decir, por los derechos de paso.

La SCT aseguró que la resolución judicial “es definitiva e inatacable” y además dijo que intervendrá cuando los prestadores del servicio ferroviario no logren un acuerdo en cuanto a condiciones y precios en el plazo de 90 días que marca la ley.

Desde la concesión de la red ferroviaria federal entre 1995 y 1996 a operadores privados estos no han logrado un acuerdo sobre las tarifas y reglas de derechos de paso donde sus operaciones tienen coincidencia.

El tema cobró mayor relevancia cuando KCSM se encontró con que tenía que negociar en una mesa donde ya no había dos interlocutores (Ferromex y Ferrosur), sino sólo uno. Las dos ferroviarias empezaron a operar de forma conjunta, pero sin autorización por parte de los órganos reguladores y de competencia, en 2005.

De hecho, hace apenas unos días la Comisión Federal de Competencia (CFC) multó a estas dos concesionarias, junto con sus filiales y socios, por más de 419.8 millones de pesos “por la realización de prácticas monopólicas absolutas”.

Por su parte, también Ferromex y Ferrosur alegan que KCSM es la que propone una fórmula que no haría competitiva sus operaciones; de hecho, entre las tres han llegado a disputarse la entrada en terminales portuarias pese a que en sus títulos de concesión se especifica cuál corresponde a cada quien.

Para fijar esas condiciones y tarifas, la SCT dijo en un comunicado que seguirá un procedimiento en el que escuchará a las empresas y examinará las pruebas correspondientes, además de que tomará en consideración los lineamientos que establece el Reglamento del Servicio Ferroviario nacional.