El caso Aviacsa podría llegar a instancias de la Procuraduría General de la República (PGR) para investigar la presunta violación a la suspensión definitiva concedida a favor de la aerolínea, que le permite reanudar operaciones sin excepción.

El juez Quinto de Distrito de San Luis Potosí, Felipe Sifuentes Servín, requirió a las autoridades responsables el cese inmediato a la violación, toda vez que Aviacsa está inhabilitada para volar en el espacio aéreo de Estados Unidos desde el pasado 12 de junio.

De acuerdo con directivos de la aerolínea, a petición de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), se notificó a la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) los hallazgos detectados en materia de seguridad de la compañía, que derivó en la suspensión de vuelos comerciales a ese país.

Sin embargo, Gerardo Sánchez Henkel, director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), aclaró que la dependencia a cargo de la DGAC sólo puede proveer información y nunca pedir que se levante alguna sanción.

La medida asumida por la FAA rebasa el área de competencia de la SCT, dijo el abogado de la dependencia en entrevista, quien calificó de “desafortunada” la instrucción dictada por el juez de San Luis Potosí.

El viernes pasado, en expediente público, trascendió que el juez Sifuentes giró un oficio al procurador general de la República y al secretario de la Defensa Nacional para identificar la existencia de algún experto en ingeniería aeronáutica.

Especialistas consultados comentaron que la violación a una suspensión otorgada por un juez es un delito federal equiparable al abuso de autoridad, que corresponde investigar a la PGR.

En el mismo documento de amparo con número 470/2009 se dio a conocer que en el término de tres días la DGAC o SCT deberán remitir al juez copias certificadas de cualquier tipo de comunicación establecida con la autoridad de aviación de Estados Unidos a fin de seguir el caso.